Durante cuatro años cualquier persona presa en el país pudo acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz —que contemplan verdad y reparación a víctimas a cambio de máximo ocho años de prisión—, siempre y cuando argumentara que era miembro de algún grupo paramilitar que se desmovilizó cuando entró en vigencia la Ley 975 de 2005. Esta gabela, bastante discutida en su momento, fue anulada recientemente por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El decreto 2207 de 2012 —conocido por El Espectador— deroga el 4719 de 2008, que firmó el presidente Álvaro Uribe, argumentando, sin más detalles, que ya transcurrieron cuatro años y que este tiempo ha sido suficiente. El abogado constitucionalista Alfredo Beltrán afirma que esto significa que se le puso fin a las desmovilizaciones individuales, que podían dar lugar a fraudes a la ley. “El decreto 4719 de 2008 fue muy polémico en su momento, porque parecía estar dirigido a permitir que cualquiera pudiera afirmar la pertenencia a un grupo paramilitar y acogerse a estos favores jurídicos sin ser realmente parte de grupos de autodefensa”, señala Beltrán.
En otras palabras, como apuntara la Comisión Colombiana de Juristas en su segundo balance sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, mediante un confuso trámite se permitía la postulación de personas privadas de la libertad que dijeran ser miembros de un grupo paramilitar, a pesar de que su pertenencia al mismo no hubiera sido acreditada por los comandantes al momento de las desmovilizaciones colectivas. Y la tarea de verificar la efectiva pertenencia del solicitante a este grupo armado era de la Fiscalía General de la Nación. “Una vez más, el Gobierno modifica el procedimiento creado por la ley e interfiere para imponerle indebidamente (aunque utilice el verbo “podrá”) tareas a los funcionarios judiciales”, señala el informe sobre la norma que fue derogada.
Hoy, sin la existencia de este decreto, la Ley de Justicia y Paz queda vigente tal y como estaba redactada. Esto quiere decir que en adelante no se aceptarán desmovilizaciones individuales.
El abogado Alfredo Beltrán no cree que esto vaya a afectar de ninguna manera las negociaciones del Gobierno con las Farc, porque el decreto derogado nunca fue reconocido por las Farc y en principio no estaba dirigido a esta guerrilla. Sin embargo, el texto no discrimina entre grupos armados al margen de la ley, lo que dejaba la puerta abierta a miembros de las Farc.
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