El senador indígena dice que la Corte Constitucional les quitó la posibilidad de participar en el proceso electoral.
La semana pasada El Espectador revelo un fallo de la Corte Constitucional que dejó a las comunidades indígenas y grupos étnicos sin la posibilidad de postular candidatos a las elecciones de 2014. El senador indígena Marco Aníbal Avirama habló con este diario sobre la situación jurídica en la que se encuentran.
¿Cómo toman la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el inciso 3° del artículo 28 de la Ley 1475 por falta de consulta previa?
Se nos está limitando y se nos quita la posibilidad de participar en el proceso electoral. Esto pudo haber sido planeado o ser una mera confusión, o tal vez se está actuando de mala fe en contra de las comunidades indígenas.
Cuando la Corte dio a conocer el fallo, ¿ustedes se pronunciaron de alguna manera?
Sí, enviamos una comunicación y presentamos una demanda que no fue recibida porque no nos contestaron ni nos respondieron exactamente por qué habían actuado de esa manera. Apelamos esa decisión y tampoco tuvimos eco.
¿Ustedes han consultado al Consejo Nacional Electoral sobre su situación?
Sí y los magistrados consideran que pudo ser una equivocación de la Corte Constitucional, pero señalaron que no hay posibilidad de cambio.
¿Cuál es entonces la situación jurídica de los grupos étnicos con miras a las elecciones de 2014?
Podemos conformar una lista nacional al Congreso o presentar con urgencia un proyecto de ley con un artículo transitorio, para que sólo por esta vez podamos tener el aval de nuestros movimientos para la circunscripción especial y, después, con la reforma política sí hacer la consulta previa. Son dos posibilidades que tenemos y que las estamos discutiendo.
No me queda claro algo. Ustedes fueron los que presionaron la obligatoriedad de la consulta previa y ahora dicen que en el caso de la ley 1475 si no se necesita…
¡No! Yo sí creo que la consulta se debe hacer, lo que pasa en este caso es que la ley 1475 lo que hace es reconocer el derecho a la participación de las comunidades indígenas, de sus autoridades y de sus territorios en un proceso electoral. Derecho que se ganó con la Constitución de 1991.
Lo cierto es que ya la Corte constitucional tomó una decisión. ¿Qué van a hacer?
Es necesario que el gobierno ayude a resolver el problema trabajando en un artículo transitorio por esta vez, para que las comunidades indígenas puedan participar en el proceso electoral desde los movimientos que hoy representan y por los que llegaron al Congreso.
Con tanta cosa que hay en la agenda legislativa, ¿sí cree que le den prioridad al proyecto de ustedes?
Seguramente el proyecto de ley no se apruebe y tengamos que recurrir a presentar una lista nacional. Eso de una u otra forma nos permitiría trabajar para mostrar la fuerza que tenemos electoralmente.
Para presentarse por esta lista nacional, ¿cómo lo harían? ¿Por firmas?
¡No! tendríamos que hacerlo por los movimientos ya establecidos. Estamos actualmente discutiendo y haciendo las consultas jurídicas necesarias para que no nos equivoquemos con la decisión.
¿Ustedes contemplan la recolección de firmas?
No, porque entraríamos en doble militancia. Además, sería desconocer el proceso que nosotros hemos hecho y que tanto nos ha costado. Salir a recoger firmas es iniciar la construcción de otro partido que nunca va a poder consolidarse porque en cada período electoral tendríamos que estar recogiendo firmas. Otro problema es que a nivel regional no podríamos tener candidatos a las alcaldías, concejos ni gobernaciones porque la circunscripción especial es sólo para el Congreso. Todo esto es muy grave porque a nivel regional es donde tenemos presencia fuerte. Nos están llevando a que a nivel regional seamos absorbidos por los partidos tradicionales.
En el caso hipotético de no salir la ley, ¿qué van a hacer para poder tener representación en el Congreso?
Recoger a los dirigentes indígenas que en este momento son de reconocimiento nacional y presentar la lista nacional. Aunque tendríamos que completar esa lista con otros dirigentes gremiales.
En esta lista nacional con las cabezas más visibles de las comunidades indígenas, ¿cuántas curules cree que podrían llegar a obtener?
Creemos que podríamos tener tres curules desde la representación indígena. Esos son los cálculos que hemos sacado en los recorridos que hemos hecho últimamente en los municipios netamente indígenas.
¿Para ustedes cuál sería el mejor escenario?
Poder seguir con la circunscripción especial. El problema es que aquí tenemos la ley en contra y ese es el gran obstáculo que nos preocupa a todos los dirigentes del movimiento indígena del país.
Y como le dije antes entonces, ¿esta vez no hacen consulta?
Sí, pero que la consulta se haga para tramitar una reforma política en donde se le participe a las comunidades y se les pregunte cómo consideran que deberían participar en la democracia.
¿Quiere decir usted que la forma de participación actual de las comunidades indígenas no les satisface?
La participación que hoy tenemos limita la posibilidad de las comunidades indígenas a hacer una presencia en el Congreso que signifique una fuerza real. Nosotros hoy sólo somos un adorno en el Legislativo, somos un pretexto para decir que hay democracia y decir: “mire, ahí tenemos dos indios, ahí tenemos dos negros”. No definimos nada porque tenemos sólo un voto y eso no afecta a nadie.
¿Cuál es entonces la propuesta que ustedes hacen para tener mayor participación?
Que la ley de participación para los grupos étnicos sea más amplia y que no esté definida simplemente a la presencia de dos miembros en el Congreso. Que tengamos el derecho de tener una lista de 100 candidatos así como la tienen los partidos tradicionales.
Para eso tendrían que estar en el mismo régimen de los partidos tradicionales. ¿Están dispuestos a eso?
¡No! Queremos un tratamiento diferencial y que dentro de él tengamos un marco jurídico en el que se diga que con determinada votación y con un determinado umbral podamos tener más representantes de los que actualmente tenemos. Hoy estamos condenados, compitiendo entre nosotros mismos a tener simplemente dos miembros en el Senado. Nunca vamos a poder pasar de ahí, porque ése es el régimen que nos está limitando a tener mayor participación en el Congreso.
¿Cuánta gente quisieran tener ustedes en el Congreso?
Somos 130 grupos étnicos, la divergencia entre un grupo y otro es enorme y eso hace imposible que con dos personas en el Congreso se representen los intereses y el querer de todos. Pensamos que para representarlos debe haber 5 ó 6 representantes.
Si piden más representación, ¿entonces por qué han entregado avales a personas que no pertenecen a su comunidad?
Nosotros no nacimos de un proceso electoral sino de la lucha por reivindicar nuestros derechos. En esa medida estuvimos acompañados por distintos sectores sociales que a pesar de tener distintos puntos de vista trabajan por uno común: defender los derechos y la autonomía de la gente menos favorecida en este país. Eso fue lo que nos llevo allí.
Suena contradictorio que quieran más representación política en el Congreso y que cuando llega la hora de dar avales los entreguen a gente sin partido y ajena a las comunidades, como si negociaran avales…
Hoy tenemos más o menos 350 concejales avalados por nosotros que son indígenas, hay un porcentaje muy pequeño de gente mestiza. Nosotros no vendemos avales ni somos una fábrica de avales. De hecho todos los avales que hemos entregado se han dado desde la discusión de pertenencia a organizaciones y a grupos sociales en el país.
¿Qué tenían que ver con ustedes el suspendido alcalde de Cartagena Campo Elías Terán y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus?
Siempre hemos buscado que la gente que participa dentro de estos procesos sea reconocida y respetada dentro de diferentes gremios. Campo Elías Terán era un reconocido periodista sin denuncias sobre corrupción. Antanas Mockus hizo un proceso en Bogotá de respeto por los recursos para invertirlos en soluciones al problema social. Esas son las personas que hemos considerado que deben estar dentro de los procesos de lucha y de defensa de nuestros intereses.
¿Cree que la Corte en esa búsqueda de defender los derechos de las comunidades terminó haciendo todo lo contrario con ese fallo?
Sí, el daño que se le ha hecho al movimiento indígena es muy grande. Ya hemos adelantado un camino, hemos adquirido una experiencia política y electoral. Tenemos entonces líderes que por cuenta de la decisión de la Corte quedan en el limbo.
Por: Camila Zuluaga / Especial para El Espectador
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