Rotulando la carta como “urgente”, la Fiscalía acaba de enviar al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca una solicitud especial: que Jesús Antonio Lozano Hoyos, el juez primero penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, continúe en los procesos de falsos positivos de Soacha (Cundinamarca) que viene manejando, de manera exclusiva, desde 2010. La Fiscalía se enteró de que el funcionario judicial sería cambiado porque él mismo, en la audiencia que tuvo lugar el pasado 20 de marzo, anunció que los casos pasarían a manos de otro juez a partir del 1º de abril próximo.
“Un cambio intempestivo de juzgador en este momento podría vulnerar las garantías de igualdad y debido proceso, así como poner en riesgo los derechos de las víctimas”, señaló el ente investigador en su misiva. Y agregó que una medida de esta naturaleza, además, afectaría “el principio de economía procesal”, arguyendo que “se echaría al traste con la dedicación exclusiva que para este asunto y hasta el momento han tenido los fiscales y jueces, así como los esfuerzos de la defensa y de los apoderados de las víctimas. En consecuencia, (se hace ante) ustedes un llamado urgente para que se evalúe” la decisión.
El juez Lozano maneja dos expedientes de ejecuciones extrajudiciales. Uno reúne a dos víctimas, Julio César Mesa, de 28 años, y Jonathan Orlando Soto, menor de edad, quienes fueron supuestamente abatidos en enfrentamientos con tropas del Ejército en zona rural de San Calixto (Norte de Santander) el 27 de enero de 2008, un día después de desaparecer de sus casas. Según anotó la Fiscalía en su momento, “los impactos de bala de las víctimas son absolutamente incompatibles con lo que pudiera ser un combate”. Nueve militares están en juicio desde 2010 por este asunto, entre ellos un coronel, un mayor y un capitán del Ejército en retiro.
El otro expediente se ocupa de las muertes de Diego Tamayo, Víctor Gómez y Jader Andrés Palacios. Por este episodio fueron llamados a juicio también en 2010 un subteniente del Ejército y otros 14 militares. Los tres jóvenes vivían en Ducales, un barrio localizado en un deprimido sector de Soacha, y supuestamente fueron contactados por un reclutador que les habría ofrecido $10 millones para irse a trabajar fuera de Bogotá. Según la Fiscalía ese reclutador, de nombre Alexánder Carretero, los condujo hasta Ocaña (Norte de Santander) y los entregó a los militares, quienes los reportaron a finales de agosto de 2008 como bajas en combate.
Los procesos que lleva el juez Lozano Hoyos han sido bastante accidentados, al punto que en mayo de 2011 la entonces fiscal general, Viviane Morales, le envió una carta al presidente del Consejo Superior de la Judicatura de la época, Angelino Lizcano, para que esta corporación le pusiera fin a las prácticas “desleales” de los abogados de los militares. Los litigantes, advirtió entonces Morales, habían conseguido que sus defendidos recuperaran la libertad “por causa de dilaciones”. El propio Lozano llamó en más de una ocasión la atención a los abogados por la misma razón.
La Fiscalía reconoce que aunque un cambio de juez no evitaría que los juicios siguieran su curso, un cambio de este tipo cuando los juicios están a punto de terminar sí afectaría su desarrollo. Carmenza Gómez Romero, una de las cinco madres que se verían afectadas por la determinación, aseguró que por tratarse de un caso tan delicado no se puede cambiar el juez: “Prácticamente dentro de un mes terminamos”, resaltó, y manifestó su preocupación de que la defensa de los militares acusados “está puyando para que se haga el cambio; les interesa que estos procesos queden en la impunidad”.
El Espectador consultó a los magistrados Pedro Sanabria, Édgar Sanabria y Wilson Ruiz, presidentes del Consejo Superior de la Judicatura y de sus salas Administrativa y Disciplinaria, respectivamente. Como la carta se radicó en esta corporación un día antes de salir a Semana Santa, período en el cual la Judicatura estuvo en receso, los tres señalaron que todavía no han conocido el contenido de la comunicación de la Fiscalía, pero aseguraron que se pondrán al tanto del tema apenas se reintegren a la corporación. Así las cosas, siguen sin ser claras las razones por las cuales los casos de los falsos positivos de Soacha están a punto de tener nuevo juez.
Algunos casos de los falsos positivos de Soacha han avanzado en otras ciudades. La primera sentencia por estos hechos se produjo en Bucaramanga, en junio de 2011, cuando ocho uniformados fueron hallados culpables de la muerte de Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez. Otros procesos están en Cúcuta. Ahora mismo, tras la aprobación de la reforma al fuero militar, la Fiscalía estudia qué casos se enviarán a la justicia penal militar, mientras que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional dijo en su último informe sobre Colombia que estos crímenes podrían ser catalogados como de lesa humanidad y de guerra.
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