De los 18 proyectos estratégicos de infraestructura vial que tiene el Gobierno Nacional, dos están paralizados por consultas previas.
Se trata de la Ruta del Sol sector III que va entre San Roque-Ye de Ciénaga y el Carmen de Bolívar-Valledupar, en el que 280 kilómetros están detenidos por consulta previa con cuatro comunidades indígenas. Y también está la vía Buenaventura-Loboguerrero, en el Valle, en la que en un tramo de 8 kilómetros hay 12 comunidades afrodescendientes con las cuales el Gobierno debe llegar a acuerdos.
«Estas dos obras están en una situación crítica, en las otras estamos en los trámites normales y sobre las metas. En algunos casos, lo que ha pasado es que las comunidades no han acudido a las invitaciones nuestras», aseguró el viceministro de Infraestructura Javier Hernández.
La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, dejó claro que las consultas están «obstaculizando» especialmente el desarrollo de las concesiones.
«Vamos hacer una ofensiva grande con el ministro del Interior Fernando Carrillo para sacar adelante la ejecución de la Ruta del Sol III. Lo otro que nos preocupa es la decisión de la Corte Constitucional de suspender un tramo de la carretera que va hacia Buenaventura hasta que se les consulte a las comunidades indígenas y a los afrodescendientes que habitan en ese sector. Si no tenemos las consultas no se puede pasar a la licencia ambiental».
Destacó que estos dos proyectos hacen parte de la columna vertebral de las obras más importantes que se ejecutan en estos momentos. «Por eso, le hago un llamado a las comunidades para que agilicemos el proceso al igual que a las Ong. De esto depende la competitivad del país», dijo Álvarez.
Entre tanto, el viceministro de Infraestructura subrayó que el Gobierno tiene claro que las consultas son un derecho constitucional de las comunidades y se debe garantizar. «Lo que nos gustaría es que hubiera unas reglas más claras de cómo hacerlas, para que el trámite sea más transparente para las dos partes. Las consultas no las vemos como una traba, lo que sí creemos es que sería ideal reglas claras que facilitaran el trámite».
Para esto, el Gobierno, explicó la ministra, ha generado unas instancias operativas entre los ministerios de Ambiente, Interior y Agricultura con el sector transporte, a través de las cuales se identifican y exponen las necesidades de cada una de las concesiones y contratos de obra pública.
El ministro del Interior dijo a Colprensa que frente a las consultas «tenemos un asunto para resolver a través del diálogo con las comunidades negras sobre la metodología.»
Carrillo indicó que hemos «definido una ruta metodológica que nos sirva de camino para imaginar cuál debe ser el trámite y reglamentación de la consulta previa. Estamos logrando destrabar el proceso y esperamos que en esta legislatura haya avances en la reglamentación de ese mecanismo».
