Ponencia del Sr. Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Estimado Procurador, Estimado defensor del Pueblo, estimados embajadores y embajadoras, queridos Gobernadores y alcaldes electos, estimados asistentes.
Primero quisiera agradecer al Procurador General de la Nación, el señor Fernando Carrillo por darme esta gran oportunidad de hablar sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos con los futuros mandatarios de todos los rincones de este país.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos ha tenido presencia en el país desde 1996. Llevamos 23 años haciendo seguimiento a la situación de derechos humanos, informando al Gobierno de nuestros hallazgos y prestando asesoría técnica al Estado colombiano en todos sus niveles, así como a las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de presuntas violaciones de DDHH que nos buscan diariamente en una decena de Oficinas de Terreno a lo largo y ancho del país.
Esta presencia sostenida en los lugares más remotos del país, nos ha generado un capital de confianza considerable entre todos los actores de la sociedad colombiana y nuestro mandato nos permite un acceso directo a las comunidades, pero también a las instituciones en todos sus niveles.
Nuestra imparcialidad frente a los actores del conflicto y nuestro rigor a la hora de documentar casos de presuntas violaciones de DDHH y presuntas infracciones a otros estándares internacionales vigentes, sin importar ni la identidad política, social, étnica, religiosa, cultural o sexual de la víctima ni la calidad del presunto perpetrador, nos ha dotado de un entendimiento profundo de tanto los retos como las posibilidades de Colombia en materia de garantía y respeto de los derechos humanos. Nosotros queremos ser los aliados de los mandatarios regionales y locales de este país para amplificar las preocupaciones de ustedes respecto a la situación de los derechos humanos en sus departamentos y municipios tanto a nivel nacional como internacional para que éstas preocupaciones se traduzcan en mayor apoyo de la nación y de la comunidad internacional para encontrar soluciones duraderas.
Queridos Gobernadores y alcaldes electos. Muy pronto inicia su tarea tal vez más importante como mandatarios – la elaboración de los planes de desarrollo departamentales y municipales que se vuelve la hoja de ruta de sus mandatos. Yo los quiero animar de elaborarlos con un enfoque basado en los derechos humanos.
Para que estos planes puedan tener un impacto positivo sobre la dramática situación de las personas que defienden los derechos humanos y de las y los líderes sociales de las zonas rurales más apartadas y más golpeadas por la violencia, es de suma importancia que esas mujeres y esos hombres valientes que viven riesgos extremos sean tenidas en cuenta en el proceso. Mi Oficina quiere ser un aliado en esta tarea importante y nosotros podemos ayudarles con tanto la asistencia técnica para que este ejercicio verdaderamente tenga un enfoque basado en derechos humanos como con los canales hacia la sociedad civil y las personas que defienden derechos humanos en las condiciones de mayor riesgo.
Yo también quiero animarlos de ver la implementación de los acuerdos de paz como una herramienta para aumentar la prosperidad y garantizar los derechos de toda su población. Los acuerdos pueden ser una forma potente para gestionar recursos de la nación y de la comunidad internacional para las zonas más afectadas por el conflicto.
Lo mismo pasa con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del pueblo. Yo sé que muchos de ustedes tal vez piensan que estas alertas estigmatizan a su municipio o departamento y que ustedes no tienen los recursos para enfrentar las situaciones complejas que allí quedan plasmadas. Sin embargo, la fórmula para contrarrestar esos riesgos no es desconociéndolos sino pidiendo el apoyo del departamento o de la nación para las acciones necesarias. El no hacer nada puede traer consecuencias serias para la población civil e inclusive violar el deber internacional del estado de prevenir y proteger a los ciudadanos de posibles violaciones de derechos humanos. De eso hablará más la Procuraduría porque tiene una herramienta de fomento de respeto hacia los líderes y lideresas y personas que defienden derechos humanos, así como de seguimiento disciplinario en casos de que esas recomendaciones no se cumplen. Estoy, por supuesto, hablando de la directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación.
Por último, quiero animarles para que usen sus mandatos para avanzar en los cambios estructurales que tanto necesita Colombia para mejorar la situación de los derechos humanos y para frenar el baño de sangre de las personas que defienden derechos humanos en todos los rincones del país.
Mi Oficina ha podido constatar que la mayoría de los presuntos homicidios de personas que defienden derechos humanos ocurren en zonas donde la presencia del Estado es débil, donde la implementación del acuerdo de paz tiene serios retrasos y donde esa situación genera una falta de garantía de los derechos humanos. Estos factores derivan en altos índices de pobreza multidimensional que es aprovechada por los actores armados y grupos criminales para fomentar economías ilícitas lo cual cierra el círculo de la violencia y la corrupción. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros, junto con los órganos de promoción y defensa de los DDHH nacionales y la comunidad internacional no vamos a desvanecer y seguiremos apoyando a ustedes, la sociedad civil y el estado colombiano para romper estos círculos viciosos y transformarlos en círculos virtuosos de mayores garantías de derechos humanos, menos pobreza, más prosperidad y más paz en sus territorios.
Muchas Gracias!
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2019/12/Encuentro-Gobernadores-electos-con-Ministerio-Publico-y-Cooperacion-Internacional.pdf