Un grupo de organizaciones ambientales y sociales está recogiendo firmas para pedirle al Gobierno que aplace la entrega de títulos y de licencias ambientales hasta que se garanticen los derechos sociales y la conservación de los ecosistemas.
Desde el 1º de mayo, 13 organizaciones sociales y ambientales de diferentes regiones del país comparten un proyecto común: lograr que el Gobierno suspenda la expedición de títulos mineros y licencias ambientales hasta que resuelva 12 puntos que, según los promotores, reúnen los principales desafíos del país frente a la locomotora minera y sobre los cuales no hay claridad en el momento.
Que se garanticen los derechos de las comunidades y de los trabajadores de la minería y que se excluya de la actividad a los ecosistemas estratégicos, son sólo algunas de sus peticiones (ver recuadro anexo). Durante la primera semana recogieron 3.000 firmas y la idea es llegar a 100.000 en un período de tres meses, antes de presentarle la petición al presidente Juan Manuel Santos, a los ministros de Ambiente y de Minas y Energía, a los presidentes de las altas cortes, a la Procuraduría y a la Contraloría.
La campaña —impulsada por organizaciones como la Asamblea Sur, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), Censat y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— coincide con el anuncio del Gobierno de reactivar el próximo 2 de julio la recepción de solicitudes para la extracción de minerales.
Hace poco más de tres años, el Ministerio de Minas suspendió la recepción de solicitudes para proyectos mineros en el país. Las razones para cerrar la ventanilla minera saltaban a la vista: 19.000 peticiones represadas desbordaron la capacidad de Ingeominas y era necesario hacer un alto en el camino para resolverlas.
Ahora, el Gobierno asegura que el país está preparado para canalizar nuevas solicitudes. Los motivos fueron presentados esta semana por la Agencia Nacional de Minería (ANM), la encargada de hacer la depuración. Por un lado, según la ANM, el 90% de las solicitudes represadas ya fue analizado, y por el otro, de las 19.000 peticiones, sólo el 6% (1.270) logró convertirse en título minero.
De acuerdo con María Constanza García, presidenta de la ANM, “este proceso liderado ha permitido poner la casa en orden y asegurar una evaluación rigurosa de todas las propuestas, como antesala a la apertura de la ventanilla”.
Otra, sin embargo, es la visión de los líderes de la campaña. En palabras del ambientalista Rafael Colmenares, uno de los promotores del Referendo por el Agua, “la moratoria debe mantenerse con el fin de evitar la catástrofe social y ambiental”. Pablo Leyva, exdirector del Ideam, también apoya la campaña: “En el gobierno anterior se entregaron títulos y licencias en una especie de ventanilla siniestra, y aunque se ha trabajado en la depuración, todavía hay un gran desorden y no hay claridad en la legislación minera. La moratoria es necesaria para parar este desastre y poner las cosas en orden”.
Acerca de los 12 puntos planteados en la campaña, Tatiana Rodríguez, investigadora de Censat, es enfática al aclarar que “reúnen algunos de los problemas de la locomotora minera, pero son muchos más”. Para ella, la caída del Código de Minas y el regreso a la antigua legislación son razones para mantener la moratoria y aclarar el camino que seguirá el país frente a la minería: “Buscamos que sea el país el que decida si quiere ser minero o no”.
Por: Viviana Londoño Calle
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