La U. de los Andes y EL TIEMPO realizan seminario sobre perspectivas mineras en América Latina.
La minería ha estado en el centro del debate público colombiano en los últimos años. Para unos, se convirtió en la panacea con la cual se lograrán importantes metas de desarrollo. Otros señalan sus costos ambientales, sus vínculos con actores criminales y el efecto de un posible manejo inadecuado de las regalías.
El debate tiende a concentrarse en el nivel central, y muchas veces no son tomados en cuenta los particulares contextos regionales. Sin embargo, la minería aurífera se practica de manera diferente en los distintos rincones del país. La manera como se extrae oro está insertada en contextos políticos, sociales, culturales y económicos diferentes.
Los ganadores y perdedores no son los mismos ni se movilizan en torno a los mismos propósitos. Hay regiones con tradición minera y otras en donde ha surgido una actividad minera como reacción a un reciente incremento del precio internacional del oro.
La práctica minera puede ser de aluvión o de veta. En algunas regiones hacen presencia empresas grandes, varias de origen internacional; en otras, la minería la practican pequeños mineros, la mayoría informales.
En algunas regiones, la minería de oro coincide con territorios indígenas o con comunidades afrocolombianas.
La minería de oro puede dominar las economías regionales o puede convivir con la realización de otras actividades económicas, lícitas o ilícitas, entre las cuales migra y se alterna la mano de obra.
En muchas regiones, la actividad minera también coincide con actores ilegales y es saqueada por estos, que agravan los conflictos locales.
En otras, las autoridades locales –de policía, alcaldías y ambientales– son propositivas y capaces, en otras apenas operan.
Por ejemplo, la minería en los municipios santandereanos de Vetas y California tiene una larga tradición histórica. Solo desde la última década del siglo XX han llegado grandes empresas a la zona que han adquirido legalmente los títulos mineros de los pequeños propietarios.
Recientemente ha surgido un enfrentamiento con organizaciones cívicas de Bucaramanga, que temen por la calidad del agua que reciben del páramo de Santurbán, en el cual se ha practicado la minería por décadas, pero que apenas ahora ha sido sometida a una regulación ambiental más exigente.
En el Nariño andino, la minería también tiene una larga tradición, pero allí las actividades se concentran aún en cooperativas de pequeños propietarios, las cuales, a pesar de sus limitaciones de escala y técnicas, han logrado promover mejores prácticas ambientales y procesos de comercialización del oro extraído.
A la luz de un alza del precio internacional, antiguos raspachines del sur del país han buscado cambiar su ocupación por la minería.
Una buena parte del oro se vende más allá de las fronteras nacionales, disminuyendo por tanto los ingresos que podrían recibir municipios mineros con grandes necesidades de desarrollo.
En Cajamarca (Tolima), la actividad minera no tiene tradición y se desenvuelve en torno a la llegada de una gran empresa, que se ha visto enfrentada con organizaciones ambientales y el gremio arrocero, temerosos de una posible afectación de la abundante agua que su actividad requiere en los valles cuenca abajo. Es una tensión en la que las autoridades locales y departamentales no han sido capaces de mediar.
A pesar de que la explotación de la mina no ha empezado, la perspectiva de las riquezas que se avecinan plantea reales retos en términos de calificación y absorción de mano de obra local y regulación institucional.
Finalmente, en el bajo Cauca opera la mayor cantidad de operaciones mineras de pequeña escala e informales, ubicadas en zonas de disputa y dominio territorial de actores criminales –guerrillas, bandas criminales y narcotraficantes– que gravan la entrada a las minas, lavan activos en la operación minera e intimidan a las comunidades.
Las autoridades estatales son vistas con recelo por actores criminales y comunidades mineras por igual. Su baja capacidad de regulación dificulta avanzar en el doble reto de formalizar la actividad minera y desvincularlas del conflicto.
En cada una de estas regiones la minería de oro está marcada por arreglos institucionales, dentro de los cuales se mueven los actores.
Muchas reglas son informales, pero no por eso menos eficaces. Las inciertas o insuficientes directrices que reciben desde el nivel nacional son a veces ignoradas, pero otras veces utilizadas por actores locales para derivar rentas privadas o ventajas sobre otros.
En esa interacción entre política nacional y realidad local se plantean algunas de las dificultades para volver compatibles las metas de desarrollo económico, protección ambiental, seguridad y estabilidad política en torno a las cuales debaten los protagonistas de la formulación de políticas públicas.
Mientras no se integre el conocimiento sobre las realidades regionales en la política minera nacional, los formuladores de políticas se seguirán sorprendiendo por la inoperancia de las leyes, las empresas seguirán señalando la falta de respaldo institucional, los grandes y pequeños seguirán señalándose unos a otros, y las comunidades continuarán haciendo malabares para adelantar una actividad de la que esperan ingresos pero que les representa grandes riesgos legales, ambientales, de salud, y de seguridad.
Hora de hacer un balance
Los precios del oro han caído un 20 por ciento desde el comienzo del 2013, y es probable que los jugadores grandes de este mercado en Colombia estén volviendo a la sala de juntas a planear la exploración y explotación de los próximos años. Aun así, el precio es hoy 2,2 veces lo que fue hace diez años.
Después de la euforia de unos y el desencanto de otros, ¿cómo van a diseñarse las herramientas legales e institucionales que tomen en cuenta la minería como una actividad que no es uniforme pero que requiere directrices que la alineen con los diferentes propósitos nacionales?
Estas y otras preguntas serán discutidas en el seminario ‘Minería en Latinoamérica: retos y oportunidades’, que se desarrollará en la Universidad de los Andes.
Foro sobre retos y oportunidades, en Uniandes
Con el propósito de abrir un espacio de discusión que ofrezca nuevas perspectivas acerca de la minería en Colombia y la región, hoy se da inicio formal en la Universidad de los Andes al seminario ‘Minería en Latinoamérica: retos y oportunidades’.
Será una discusión académica con expertos de alto nivel que durante dos días abordarán temas relacionados con la minería en el continente, la criminalidad y el conflicto alrededor de la explotación minera, los asuntos ambientales, la salud pública y las dinámicas sociales alrededor de esta industria.
El encuentro lo instalará el rector del claustro, Pablo Navas, a las 8:30 a.m., tras lo cual vendrá la conferencia ‘Recursos naturales y desarrollo: retos y oportunidades’, en la que intervendrán Noel Maurer, profesor de Harvard Business School; Guillermo Perry, exministro, y Miguel Urrutia, exgerente del Banco de la República.
En el seminario también se discutirá en torno a la incidencia de los grupos armados irregulares en la explotación minera.Como expositores estarán académicos de las universidades de Los Andes, Eafit, Externado, Rosario, Harvard Business School, Harvard Kennedy School y de la Escuela de Geografía de Clark University, entre otros.
El seminario lo organiza la Universidad de Los Andes, con el apoyo de Harvard University y EL TIEMPO.
* Los autores son, respectivamente, profesor de la Facultad de Economía, estudiante de la Maestría en Economía, y profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
JUAN CAMILO CÁRDENAS,
JUAN FELIPE ORTIZ Y
ANGELIKA RETTBERG
ESPECIAL PARA EL TIEMPO*
