El uniformado, que se encuentra suspendido, pretende que le paguen más de 800 millones de pesos.
Cristian Eliécer Acero, el subintendente de la Policía que sin causa alguna agredió a una periodista de EL TIEMPO y que por esos hechos fue sancionado en primera y segunda instancia, ahora pretende que la institución y la víctima le paguen más de 800 millones de pesos.
El uniformado, se encuentra suspendido por un año, porque la investigación interna encontró que cometió una falta grave al “causar daño a la integridad de las personas como consecuencia del exceso en el uso de la fuerza”. Su abogado acaba de presentar un recurso de conciliación a la Procuraduría, para que se revoque la sanción y se le indemnice. Pretende que su víctima, que tuvo una incapacidad de 5 días certificada por Medicina Legal, sea condenada solidariamente por, supuestamente, entorpecer su trabajo.
El 23 de octubre del año pasado, según concluyo la investigación, el policía sujetó y tiró al suelo a la reportera gráfica Ana María García, cuando ella cubría un accidente de dos buses de TransMilenio. Ese hecho generó el rechazo de la comunidad y del propio comandante de la Policía en Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, quien dijo que se sentía “avergonzado”.
En primera instancia, Acero fue suspendido de la institución al encontrarse que “vulneró el ordenamiento jurídico y representa un ejemplo negativo para los demás miembros de la institución”. Él aseguraba que la situación, de la cual quedó registro gráfico, había sido producto de una supuesta caída. La sanción fue apelada y ratificada en diciembre por la Inspección delegada, que dijo que “sin tener una explicación fundada, de forma imprudente (Acero), lesionó a la quejosa”.
Ahora, el subintendente dice que supuestamente se le violó el debido proceso y que se le ocasionó un daño innecesario, por eso pide que se ordene al Ministerio de Defensa su reintegro, el pago de los sueldos no recibidos y de una indemnización por perjuicios morales.
Acero señala en la solicitud de conciliación –que es el paso previo a una demanda– que con su acción intentó proteger a la periodista, y que la Policía, la víctima y el medio deben repararlo económicamente a él y a su familia.
REDACCIÓN JUSTICIA
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