La administración Petro y la Brigada XIII llegaron a un acuerdo para prohibir las batidas militares con fines de reclutamiento.
El Distrito se mueve alrededor del servicio militar obligatorio. Primero, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) denunció irregularidades en algunas “batidas” que ha realizado el Ejército en la ciudad y llamó a una concertación con la Brigada XIII para investigar y resolver estas preocupaciones. Y, por otra parte, la Secretaría de Gobierno convocó, con la participación de organizaciones civiles, a un proceso distrital de objeción de conciencia que pretende poner en la agenda nacional la validez de esa figura constitucional para rehusarse a hacer parte de las Fuerzas Armadas y denunciar formas de “reclutamiento ilegal” que se vendrían desarrollando en Bogotá.
Para Idipron, la situación es preocupante, pues durante este año ha recibido más de treinta testimonios como éste: “El 2 de mayo de 2013 en el polideportivo Molinos 2 se encontraba el grupo Guías del Casanare. Les pidieron documentos de identidad a todos los jóvenes que pasaban por este lugar y luego de esto los llevaron al salón comunal Bochica Sur. Allí los tuvieron detenidos esperando a que los médicos llegaran para practicarles exámenes. Finalmente, fueron reclutados”.
Este tipo de hechos no sólo genera preocupación porque significaría que a la capital entran unidades militares de otras zonas del país (situación que es anómala, según Idipron), sino por el procedimiento que estarían utilizando para el reclutamiento. Además la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-879 de 2011, consideró ilegales las denominadas batidas con fines de reclutamiento.
Cuando la opinión pública hizo eco de estas denuncias, la Brigada XIII del Ejército fijó una reunión con el director de Idipron, José Miguel Sánchez. El pasado martes, el encuentro se llevó a cabo con la presencia del coronel Jorge Castellano, y se fijaron acuerdos en relación a los procesos de reclutamiento: las alcaldías locales se convertirán en los puntos donde los jóvenes puedan definir su situación militar y denunciar cualquier irregularidad que se presente. También, que a los ciudadanos no inscritos no pueden ser conducidos a los cuarteles o distritos militares, ni retenidos por largos períodos de tiempo, pues al hacerlo el Ejército estaría contradiciendo la Constitución, dice Sánchez.
La reunión fue más allá, pues, como pudo establecer El Espectador, el mayor general Félix Muñoz (jefe de reclutamiento del Ejército) envió una carta a los comandantes de las zonas de reclutamiento y distritos militares, diciendo: “Ante el conocimiento de que las compelaciones se han estado llevando a cabo (durante) la salida de conciertos, partidos de fútbol, eventos culturales, se informa a todos los funcionarios involucrados en el proceso de selección e incorporación de los ciudadanos que esta práctica queda prohibida en dichos eventos, pues de realizarse podría desatar asonadas y alteraciones del orden que atentan contra la seguridad de la ciudadanía y las propias tropas”.
Frente a la preocupación por las batidas que habrían hecho comandos militares pertenecientes a otras zonas del país, José Miguel Sánchez señaló que hay un avance. “Nos queda claro que las batidas no han sido realizadas por la Brigada XIII y que el mismo organismo ya está investigando la vinculación de otras brigadas en estas denuncias, y vemos la voluntad de que con este acuerdo se suspendan los operativos en la ciudad”.
La organización Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia ha registrado, de octubre de 2012 a mayo de 2013, “70 detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento realizadas por batallones de fuera de la ciudad con sede en Guaviare, Arauca, Boyacá, Casanare y Meta. Tras las detenciones, hemos detectado, los jóvenes hacen tránsitos antes de salir de la ciudad en el Distrito Militar 3 Kennedy y el 52 de Usme”, dice Diego Carreño, miembro de ese grupo.
Además, la organización, que participará en el foro convocado por la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, sostiene que con las batidas “se desconocen los procesos previos de vinculación militar que puedan tener los retenidos; se hacen sin una orden judicial o militar individualizada (requisito que se desprende de las órdenes de la Corte Constitucional) y, en muchos de los casos, hay participación de la Policía mediante la retención de documentos y su posterior entrega a militares. También, algunos de esos reclutamientos se presentaron cuando los jóvenes estaban detenidos en la Unidad de Justicia Permanente (UPJ)”.
El debate está abierto, pues, si bien la idea del Distrito con estas denuncias y el acompañamiento al foro de objeción de conciencia es “garantizar los derechos constitucionales”, es la primera vez que una autoridad civil controvierte en público ciertas prácticas militares.
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-430304-el-distrito-objeta-conciencia
