Audiencia Pública en la Comisión I del H. Senado sobre la Atención de la Crisis de Seguridad y Derechos Humanos en el Departamento del Meta

Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado, Representante Adjunto en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Honorables Senadoras y Senadores; Señora Ministra del Interior; Señores Ministro de Defensa, Gobernador del departamento del Meta, Señora defensora Regional de Pueblo Defensoría del Pueblo, Señora Directora seccional de la Fiscalía General de la Nación en departamento del Meta, señor Procurador Regional, Gobernador del departamento del Meta, a la delegada de la Comisión de la Verdad, al delegado del Instituto Capaz, delegado de la embajada de Alemania y delegado de la Unión Europea, a las delegaciones de las organizaciones de la sociedad civil, Unión Sindical Obrera regional Meta, Derechos Humanos del Oriente Colombiano -DHOC, ANZORC- Meta, Asociación Despensa Agrícola Piscícola Desapisacagua y señores/as invitados y todas las personas asistentes.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos agradece al Honorable Senado de la República la invitación para participar en esta importante audiencia. En cumplimiento de nuestro mandato, realizamos seguimiento a la situación de derechos humanos en el departamento del Meta, prestamos asesoría técnica sobre esta materia a las autoridades y a la sociedad civil organizada.

En ese orden de ideas, desde el 20 de mayo la Oficina ha recibido denuncias de las comunidades campesinas del Guayabero, quienes han informado sobre presuntas violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido en el marco de los operativos de erradicación forzada que adelanta la Fuerza Pública. En ese mismo contexto, la Oficina ha tenido conocimiento de la existencia de civiles e integrantes de la Fuerza Pública que han resultado heridos y se han generado otras consecuencias negativas para la vigencia de los derechos humanos.

Los hechos denunciados se están presentando en una región caracterizada por diversos desafíos relacionados con: las difíciles condiciones de acceso geográfico; la limitada presencia del Estado; el uso y formalización de la tierras y limitaciones para el acceso a servicios básicos como la salud y la educación.

La legitimidad de la lucha contra las drogas es indiscutible. El verdadero reto es cómo hacerlo de manera efectiva y conforme a los estándares internacionales aplicables. De allí la enorme importancia de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas (2019) de Naciones Unidas, que recopilan los estándares internacionales aplicables, y que señalan que los Estados deberían “desarrollar alternativas económicas específicas, viables y sostenibles para las personas y las comunidades que son particularmente vulnerables a la explotación en la economía de las drogas ilícitas” y “asegurar que las intervenciones estén debidamente secuenciadas para que la erradicación de los cultivos no se lleve a cabo hasta que los hogares de pequeños agricultores que dependen de las economías de los cultivos ilícitos para la producción de drogas hayan adoptado medios de vida alternativos viables y sostenibles”.

Las protestas pacíficas por parte de campesinos en territorios donde se realizan campañas de erradicación forzada deben ser analizadas en el marco las directrices citadas, que subrayan que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Esto incluye el derecho a planear, organizar, promover y anunciar marchas pacíficas, protestas y otros tipos de reuniones para expresar sus puntos de vista y abogar a favor o en contra de cambios en las leyes, políticas y prácticas de drogas”.

Dado que los derechos humanos, la protección de la salud y medio ambiente son interdependientes, las directrices de la ONU señalan que los Estados deberían: “Establecer y hacer cumplir zonas de amortiguamiento que prohíban o regulen la aplicación de plaguicidas y otros productos químicos utilizados para la erradicación de cultivos ilícitos alrededor de sitios sensibles, incluidos los asentamientos humanos, las granjas y las fuentes de agua”.

Es nuestro mandato y objetivo promover que el fin legítimo y compartido de lucha contra las drogas incluya un enfoque de derechos humanos, capaz de mitigar el impacto desproporcionado que pueda tener las medidas sobre los derechos de esta población especialmente vulnerable

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, las comunidades campesinas han solicitado crear espacios de diálogo para buscar mecanismos que permitan sustituir los cultivos de uso ilícito y que posibiliten la plena garantía de los derechos humanos en el campo, lo cual, requiere redoblar los esfuerzos para dar cumplimiento al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito “PNIS”. La Oficina reconoce los avances realizados por el Estado sobre la materia y ratifica la importancia de reforzar las acciones para promover la implementación integral de dicho programa.

La Oficina destaca la trascendental importancia se adoptar medidas orientadas a garantizar la No Repetición y la prevención de violaciones de derechos humanos en dichas comunidades. En particular, en aquellas que han sufrido los impactos del conflicto armado, como el Guayabero. En ese sentido, la Oficina reitera su disponibilidad para acompañar todos los espacios de diálogo que se han habilitado, en especial, la Mesa de Diálogo Socio ambiental del pasado 16 de marzo en San Juan de Lozada.

La participación de las y los defensores de derechos humanos en estos espacios de concertación reviste una gran importancia, dado que tienen un papel clave para la promoción y la protección de derechos humanos en la región. Por ello consideramos esencial que todas las autoridades estatales continúen adoptando, implementado y evaluando medidas orientadas a garantizar el legítimo derecho de defender los derechos humanos, conforme a las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Es oportuno recordar la solicitud realizada por la Alta Comisionada, Michel Bachelet, en el sentido de que todos los actores vinculados en estas violencias cesen las confrontaciones, en coherencia con el llamado del Secretario General de la ONU a un cese del fuego mundial, para que las medidas para prevenir la expansión del COVID-19 puedan ser aplicadas de forma apropiada.

Finalmente deseo ratificar que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará prestando asistencia técnica a las autoridades estatales y a la sociedad civil, para contribuir con una mayor garantía de los derechos humanos, incluidas, las medidas de prevención y protección efectivas para las comunidades y el esclarecimiento pleno de presuntas violaciones de los derechos humanos.

Muchas gracias.