Evento “Montes de María se mueve por la Paz y la Convivencia Territorial”

Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

Buenas tardes.

Esta es mi primera intervención con ustedes en Montes de María, ya que asumí mi cargo en Colombia hace un mes. Aunque es un encuentro virtual, me alegra mucho poderles saludar, y expresarles nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y con el trabajo de las y los defensores en el territorio.

Un saludo especial para el Procurador General, Fernando Carrillo, para el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para las autoridades locales, para las y los defensores de derechos humanos, para sus organizaciones y comunidades, y para quienes nos acompañan en este espacio “Montes de María se mueve por la paz y la convivencia territorial”.

Desde la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltamos esta iniciativa originada en el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, y apoyada por la Procuraduría General de la Nación.

Sabemos que desde el territorio y reconociendo las realidades del mismo, las defensoras y defensores, lideresas y líderes, montemarianos, nos han compartido la propuesta colectiva para una política comunitaria de garantías para la vida y protección territorial de la subregión de Montes de María.

Compartimos la importancia de desarrollar una respuesta integral por parte del Estado, encaminada a la protección de los derechos de quienes defienden los derechos humanos en el territorio, así como para la comunidad en general.

En el marco de nuestro Mandato, la Oficina con su presencia territorial en la Región Caribe ha realizado por varios años el seguimiento a la situación de derechos humanos en la subregión de Montes de María.

En ese sentido hemos observado con preocupación que las comunidades se están viendo afectadas nuevamente por dinámicas de violencia asociadas al interés de grupos ilegales de asentarse en el territorio. Lo anterior, se ve agravado si hay negación de la gravedad de la situación o si se estigmatiza a la comunidad que advierte o denuncia estos hechos.

La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas ha emitido diferentes Alertas para los departamentos de Bolívar y Sucre a raíz del incremento de los homicidios, amenazas a defensoras y defensores, líderes y lideresas, extorsiones, y control territorial y social.

Consideramos de vital importancia que las recomendaciones contempladas en las Alertas Tempranas se implementen de manera eficiente, a fin de proteger a la población.

Como lo señala la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos, comunidades e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, desde el trabajo realizado por la Oficina, reconocemos la importancia de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Sin ellos y sin ellas, la voz de las comunidades no tendría eco y sus justas reclamaciones quedarían relegadas.

No obstante, sabemos que esta es una labor de alto riesgo en el país no solo por la existencia de situaciones de violencia y presencia de grupos de crimen organizado en los territorios, sino porque su ejercicio se realiza en contextos principalmente rurales, donde existe una débil o poca presencia del Estado y consecuencialmente una falta de acceso a derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales.

En nuestro informe anual de 2019 sobre la situación de derechos humanos en el país, la Oficina resaltó la necesidad de incrementar la implementación de medidas de protección colectiva como mecanismo de prevención que busquen atender los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones a través de la coordinación de las distintas autoridades para avanzar en la garantía de los derechos humanos.

Es necesario progresar en la articulación y coordinación entre las instituciones nacionales, departamentales y municipales con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia y así promover los espacios adecuados de goce efectivo y pleno de derechos en favor de las comunidades.

Es indispensable también avanzar en la socialización, impulso y articulación institucional de la ruta de protección colectiva de mano con las comunidades, donde se identifiquen y evalúen los factores de riesgo que afectan los derechos humanos de los grupos, comunidades y organizaciones.

Nuestra Oficina reconoce la labor de la Unidad Nacional de Protección en el marco de la implementación de medidas de protección. Sin embargo, ésta debe ir más allá de las medidas materiales y de la asignación de esquemas individuales.

Como Oficina llamamos al Estado a aumentar las acciones integrales de prevención y protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, la adopción de medidas efectivas que protejan su vida y su labor, y la de sus comunidades y a llevar a cabo investigaciones prontas, independientes e imparciales, así como sanciones a los perpetradores y determinadores de estos hechos a fin de evitar la impunidad.

Finalmente, la Oficina de la Alta Comisionada reitera su compromiso de continuar con el seguimiento de la situación de los derechos en la subregión de los Montes de María, así como en el resto del Caribe, y a mantener un estrecho trabajo con las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas y las comunidades para mejorar e incidir en la garantía de derechos. Y brindar la asistencia técnica que consideren oportuna para avanzar en las propuestas de los y las habitantes de la Región de los Montes de María.

Muchas gracias.