Chará representa a la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, creada en 2007, que ayer presentó su balance preliminar sobre la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que desde 2011 dictó medidas de atención, asistencia y reparación integral a quienes han sufrido el conflicto armado interno. En cuanto a la restitución de tierras, por ejemplo, comparte las preocupaciones que la Fundación Forjando Futuros planteó en un informe de marzo de 2014.
Una de ellas es la llamada microfocalización, que determina que sea el Ministerio de Defensa el que señale en dónde se pueden hacer los procesos de restitución de tierras, “lo cual pone a depender el proceso de las autoridades militares”. Esta norma, explica la Mesa, no está contenida en la Ley 1448 de 2011, sino en un decreto que expidió el Gobierno posteriormente. Para ellos, debería ser un organismo plural con participación de las víctimas el que debería adelantar los estudios sobre seguridad para el retorno de las víctimas a sus propiedades.
Asimismo, cree que otro cuello de botella ha sido la falta de información en las regiones para que quienes fueron despojados presenten sus reclamaciones. Para ellos el proceso de restitución de tierras marcha, pero lentamente, pues las 20.694 hectáreas hasta ahora restituidas apenas representan un 0,6% de las tierras reclamadas en las cerca de 54 mil demandas en trámite en la Unidad de Restitución y en los juzgados rurales.
Por eso cree que la Ley 1448 se debe reformar para que se pueda restituir por vía administrativa cuando un predio demandado no tenga otro reclamante. Sin embargo, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha sostenido que en medio de un conflicto armado, como el colombiano, se deben tomar todas las precauciones para que estas tierras no terminen en manos de los violentos, que han tenido el poder de silenciar a las víctimas durante años.
En cuanto a la reparación y la indemnización, la Mesa Nacional de Víctimas analizó el informe presentado al Congreso por la Unidad de Víctimas, en marzo, y concluyó que si no se aceleran estos pagos se requerirán al menos 20 años para reparar el universo de víctimas del país. El doble de tiempo que estimó la ley.
Durante todo el año de 2013 se pagaron 97.986 indemnizaciones por vía administrativa, pero de acuerdo con los estimativos de la Contraloría General, a octubre de 2013 se debían haber pagado por este medio al menos 2 millones de compensaciones a cerca de 1,3 millones de familias desplazadas y 700 mil personas violentadas de otras formas. Esto significaría que en los 8 años que le quedan de vigencia a la Ley de Víctimas se deberían pagar 200 mil indemnizaciones por año. El doble también de lo que se pagó el año pasado.
Como era de esperarse, el problema también es de recursos. La Contraloría, en un informe de agosto de 2013, señaló que se requería una nueva proyección de los costos de la ley, ya que en el Conpes de 2012 se calculó con base en un estimativo de 4 millones de víctimas y, de acuerdo con la información de la Unidad de Víctimas, a abril 8 de 2014, el número de estas registradas en el país es de 6’231.617 millones.
Otra preocupación que ve esta organización se refiere a la lentitud de las reparaciones colectivas. Un derecho, en cambio, que para la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, no tiene antecedentes. De acuerdo con Gaviria, por primera vez el Estado ha reconocido que muchos grupos sociales, políticos y comunitarios fueron violentados y deben ser reparados. Hoy hay identificados 220 procesos colectivos, de los cuales 42 han sido registrados por la Unidad de Víctimas.
Quizá por eso Gaviria cree que a pesar de todas las observaciones que pueda haber sobre los desafíos de esta norma, su balance sigue siendo positivo. Cree que el solo haber montado esta política pública y haber puesto en la agenda a las víctimas, desde una mirada dignificante, ya es un gran logro.
Sostiene, además, que hoy hay comités de justicia transicional en todo el país y que el 95% de las entidades regionales tienen planes de acción para las víctimas en los próximos 4 años. A nivel nacional, hay 51 entidades en el país comprometidas con esta causa, obligados por ley a encarar esta realidad y a poner recursos. “Esta política pública para reparar a las víctimas está suficientemente arraigada en el Estado, ya no la tumba ni un cambio de Gobierno”, afirma Gaviria.
En eso está de acuerdo el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, autor y ponente de la Ley de Víctimas, quien afirma que en los próximos ocho años que le quedan a la ley para atender a las víctimas se van a destinar $60 billones. Más allá de la voluntad política, los vacíos que existen son innegables. Así lo reconoce el mismo Cristo al afirmar que se necesita una mayor coordinación entre el Gobierno y los entes territoriales para que la reparación, restitución y atención psicosocial sean una realidad cercana. Esto sin hablar de los problemas de seguridad y retorno. Las amenazas son constantes y las cifras estremecedoras. Desde 2008 han sido asesinados 67 líderes reclamantes de tierras.
Esa realidad es la que quieren cambiar los millones de víctimas del conflicto armado. Por eso es emblemático que sean ellas quienes manifiesten su apoyo al proceso de paz que adelanta el Gobierno y las Farc en La Habana, como lo hicieron ayer durante el Foro Internacional por los Derechos de las Víctimas, en Bogotá. No menos importante es que sean ellas las que pidan ser escuchadas en Cuba, cuando inicie la discusión del punto cuarto de la agenda sobre víctimas; o que crean necesario que una eventual comisión de la verdad tenga la capacidad para investigar, esclarecer y sancionar a quienes los violentaron.
Los resultados de la Ley de Víctimas, según el Gobierno
En la conmemoración del tercer Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, se tienen programadas actividades en varias ciudades del país, por ejemplo, la realización de cabildos abiertos en casi todas las asambleas departamentales, una sesión especial del Concejo de Bogotá, una sesión en Congreso y un foro internacional sobre el papel de las víctimas en la paz.
Algunos de los resultados reportados por el Gobierno, a través de todas las entidades creadas para atender a las víctimas en todo, son: Se ha indemnizado por vía administrativa a más de 353 mil víctimas. Se han presentado 4.133 demandas ante los jueces de restitución de tierras, de las cuales en 409 tienen sentencia que profieren orden de restitución sobre 877 predios de 20.279 hectáreas. En las 20.231 reclamaciones de tierras, en 8.373 han finalizado el trámite administrativo. Sin embargo, sólo 5.666 fueron ingresadas al registro de tierras, correspondientes a 274.077 hectáreas para restituir.
Más de seis millones de víctimas
Se estima que el Estado está obligado a reconocer los hechos que han victimizado al 13% de la población colombiana actual. Los diferentes hechos en el Registro Único de Víctimas son:
– Abandono o despojo de tierras, 7.619.
– Desplazamiento forzado, 5’468.366.
– Acto terrorista, 57.806.
– Amenaza, 144.443.
– Delitos contra la integridad, 4.327.
– Desaparición forzada, 98.106.
– Homicidio, 711.216.
– Minas antipersonas, 10.714.
– Pérdida de muebles e inmuebles, 76.899.
– Secuestro, 32.169.
– Tortura, 6.816.
– Vinculación de niños y adolescentes, 6.922.
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