El nuevo informe de los ‘falsos positivos’

Según la más reciente investigación sobre violación de derechos humanos, revelada a mediados de semana por el Cinep, durante el año 2013 se presentaron siete casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dos de los cuales se cometieron en jurisdicción de los departamentos de Cauca, y Valle.

 

En el más reciente informe elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, en el que se denota el registro de 7 ‘falsos positivos’ el año pasado en el territorio colombiano, se menciona además que fueron constantes las violaciones de los derechos humanos de los nacionales, resaltando que un número significativo de casos se presentó en el segundo semestre del año en el marco del Paro Nacional Agrario, «y que destaca como protagonista activa de estas violaciones a la Policía Nacional».

 

Entre julio y diciembre del 2013, durante la investigación se conoció de 579 hechos victimizantes atribuidos a miembros de la Policía Nacional; 294 a paramilitares, y 207 a tropas del Ejército Nacional. Panorama que según el Cinep «contrasta con el discurso del Gobierno Nacional que se orienta a la consolidación de la paz en Colombia».

 

Respecto a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) aparece en el 2013, en primer lugar la Policía Nacional, con 347 casos; seguida de grupos paramilitares, con 240 casos; el Ejército Nacional; con 111 casos; la guerrilla de las FARC-EP, con 40 casos; combatientes, con 9 casos; y la guerrilla del ELN, con 4 casos.

 

De acuerdo con los datos revelados por la investigación lo preocupante en el panorama del conflicto colombiano es la continuidad de los ‘falsos positivos’. Durante el año anterior, según la caracterización se reveló que el Ejército Nacional fue el responsable de 5 casos: Tibú (Norte de Santander) – Bojayá (Chocó) – Caldono (Cauca) – El Bagre (Antioquia) – Leiva (Nariño); la Policía Nacional de 1 caso: Cali (Valle del Cauca); y el Ejército junto a la Policía, de otro de los hechos: Ocaña (Norte de Santander).

 

El Cinep informó que en esos hechos las víctimas fueron siete campesinos, un indígena, un líder comunitario, y un profesor.

 

De acuerdo con las cifras entregadas, en el segundo semestre de 2013, el Cauca fue el segundo Departamento colombiano donde más se violaron los Derechos Humanos y el DIH con 98 casos reportados; lo superó Boyacá donde se tiene conocimiento de 170 casos de abusos de la Fuerza Pública, debido a las acciones de la Policía Nacional en el Paro Agrario que se adelantó en el mes de agosto.

 

Ya en el tema de ejecuciones extrajudiciales, el caso que registró el Cinep en éste Departamento, se presentó en jurisdicción de Caldono el 30 de marzo de 2013, luego de que en confusos hechos resultara muerto Álvaro Chocué, de 57 años de edad, reconocido líder de la región, que se había desempeñado como dirigente en el Cabildo de San Lorenzo – Caldono, y quien acompañaba las labores del Consejo de Mayores de la Autoridad Tradicional del Territorio. El crimen de Chocué ocurrió en la vereda La Esmeralda, Resguardo Indígena de Caldono.

 

«Cuando el mayorcito Álvaro Chocué pasaba, los militares que supuestamente hacían un retén le dispararon y resultó asesinado el compañero Álvaro, esto se presentó en territorio indígena», informó al respecto Feliciano Valencia, vocero político de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN.

 

Una vez sucedidos los hechos la Guardia Indígena de la zona reaccionó y retuvo al cabo primero Jesús Rodríguez Ospina, y a los soldados profesionales Edinson Aragón Rojas y Wilmer Añazco Calambas, pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 29, quienes debieron entregar sus versiones sobre lo ocurrido, ya que hacían parte del grupo de militares que estaban cerca del sitio donde fue baleado Álvaro Chocué.

 

Respecto a lo que pasó el Ejército respondió mediante un comunicado de cinco puntos, informando que: «siendo las 18:15 horas del día 30 de marzo (de 2013), tropas de la Brigada Móvil Nº 29, entraron en combate en zona rural de la vereda Las Delicias (Caldono), con un reducto de la Columna Móvil ‘Jacobo Arenas’ «, y que posteriormente «pasado este enfrentamiento y sobre la vereda La Esmeralda del municipio de Caldono fue encontrado por la propia comunidad un hombre muerto, identificado como Álvaro Chocué de 57 años de edad y residente de la región».

 

No obstante nativos del Resguardo en mención manifestaron que efectivamente las balaceras se habían registrado, en horas de la mañana de aquel 30 de marzo, pero en el sector de Las Delicias, y que para llegar a esa vereda había que caminar más de una hora y media desde La Esmeralda, donde se cometió el crimen de Chocué.

 

El cabo y los dos soldados, adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo, que se encontraron en el sitio, fueron mantenidos bajo custodia de la comunidad indígena durante 24 horas y el domingo 1 de abril de 2013 a las 7 de la noche fueron entregados a una comisión humanitaria que los ayudó a evacuar de la zona. La Plana Mayor del Cabildo San Lorenzo de Caldono públicamente denunció «constantes atropellos a la población civil indígena por parte de la Fuerza Pública y actores armados al margen de la ley».

 

Por su parte el Ejército manifestó sobre la entrega de sus unidades, sin dar más detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte del comunero, que «la Guardia Indígena del municipio de Caldono, entregó al señor Jesús Sánchez delegado de la Defensoría del Pueblo del departamento del Cauca, a los tres uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 29, que habían sido retenidos de forma arbitraria ilegal, luego de haber repelido el ataque terrorista perpetrado por la columna móvil ‘Jacobo Arenas’ de la ONT-Farc».

 

 

Aunque el Cinep no lo registra en su informe recientemente publicado, se logró establecer que en el departamento del Cauca, durante el año pasado se cometieron otros dos casos de ejecuciones extrajudiciales.

 

De acuerdo con Mabel Andrade, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, según información que ellos manejan respecto a lo ocurrido de enero a diciembre de 2013, se estableció que hechos cuya autoría recae presuntamente en miembros de la Policía y el Ejército Nacional en donde resultaron afectados el derecho a la vida, libertad e integridad de diversas personas, continuaron presentándose en este periodo.

 

Según informó la organización social caucana, se tiene noticia de un total de 75 hechos de los cuales, 7 «corresponden a agresiones contra la vida y de éstos, dos ejecutadas contra personas que fueron presentadas por las fuerzas militares y policiales como guerrilleros muertos en combate, mientras la comunidad de donde eran oriundos desmienten dicha afirmación».

 

De acuerdo con la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca los dos casos de víctimas presentadas como guerrilleros muertos en combates o acción bélica corresponden en primer lugar al ocurrido el 31 de enero de 2013 en jurisdicción de La Sierra, sur del Cauca, donde perdió la vida Eivar Hernán Cruz Cerón, presuntamente a manos de miembros de la Policía Nacional. Cruz Cerón se movilizaba como parrillero en una motocicleta en compañía de un primo, y según la versión de las autoridades cuando se aproximaban a un retén policial en las afueras de La Sierra, él decidió saltar de la moto y empezó a correr por la vía pública. En ese momento fue alcanzado por las balas.

 

El segundo caso corresponde a la muerte de Dubán Mauricio Carvajal, en hechos acaecidos el 30 de noviembre de 2013 en la vereda La Mina, zona rural de El Tambo, centro del Departamento. El primero de diciembre de 2013 la Vigésima Novena Brigada del Ejército informó en rueda de prensa que sus tropas habían llegado hasta la vereda La Mina, y que en medio de enfrentamientos había sido dado de baja alias ‘Ronald’, y otros dos sujetos sin identificar, quienes hacían parte de la compañía ‘Lucho Quintero’ del Frente ‘José María Becerra’, del ELN. La familia del joven campesino denunció lo sucedido y argumentó que el muchacho trabajaba como moto taxista y que no era guerrillero.

 

 

Finalmente Mabel Andrade mencionó que otros hechos ocurridos en el 2013 están relacionados con amenazas contra la vida de las comunidades con afectaciones individuales y colectivas, señalamientos y estigmatizaciones. Las acciones violentas contra las organizaciones sociales y contra el tejido social y comunitario se manifestaron de varias formas en ese periodo; se reportó un total de 56 hechos entre homicidios a líderes y defensores de derechos humanos, atentados, amenazas individuales y colectivas, detenciones arbitrarias y judicializaciones.

 

21 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2013 en el Cauca, y a la fecha los autores de estos hechos no se han establecido y las investigaciones de los mismos no avanza.

 

(Ver aquí: el caso reportado en el Valle del Cauca).

 

 

El Ministerio de Defensa a cargo de Juan Carlos Pinzón, mostró su desacuerdo con el uso de la expresión ‘falsos positivos’ como término incluido en el informe del Cinep, indicando que tal acepción «no hace parte de la legislación colombiana».

 

Asimismo oficialmente se indicó que invitaba a las organizaciones sociales «a utilizar un lenguaje más preciso en sus informes, de tal forma que no se afecte injustamente la imagen y honra de las Instituciones Estatales y sus integrantes».

 

El ente gubernamental recalcó además que si bien el informe registra «algunas muertes» en desarrollo de operaciones de las Fuerzas Armadas, «no hay decisión de autoridad judicial competente que haya establecido responsabilidad alguna de miembros de la Fuerza Pública, por lo tanto rechaza los señalamientos de este tipo consignados en el documento del Cinep».

 

El Ministerio de Defensa Nacional mencionó que la Fuerza Pública respeta el derecho a la manifestación y protesta pacífica y que los incidentes ocurridos con algunos manifestantes en movilizaciones están siendo investigados por las autoridades disciplinarias competentes.

 

Finalmente la cartera de Defensa manifestó un «férreo compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional Humanitario» y concluyó que «exhortamos a que las organizaciones sociales llamen a las cosas por su nombre y con responsabilidad, para no desorientar a la opinión pública con juicios de valor».

 

(Ver aquí: Breve reseña histórica de ejecuciones extrajudiciales en Colombia).