Intervención de Juliette de Rivero, Audiencia “Retos y deficiencias en la implementación de la política de prevención y protección a las víctimas del conflicto armado”

Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Audiencia Pública de la Comisión de Seguimiento a la ley de Víctimas del Congreso “Retos y deficiencias en la implementación de la política de prevención y protección a las víctimas del conflicto armado”

Honorables señoras y señores congresistas de la Comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas; señoras y señores.

En nombre de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de su Oficina en Colombia les agradezco su invitación a participar hoy en esta audiencia pública de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas.

Nuestra Oficina reitera su firme compromiso por acompañar los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil tendientes a la construcción de un clima de respeto por los derechos humanos, de paz y reconciliación, libre de violencias.

Esto implica necesariamente el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Lamento tener que iniciar mi intervención condenando el homicidio que segó la vida y proyectos, tanto personales como colectivos, del defensor de derechos humanos Jorge Luis Solano Vega, en Ocaña, hace solo tres días, el 3 de noviembre.

El defensor Jorge Solano murió a manos de sicarios que lo abordaron indefenso en su vivienda familiar.

El defensor de derechos humanos Jorge Solano fue una persona de gran carisma y reconocimiento en Norte de Santander por su ímpetu incansable en la promoción de los derechos de las víctimas y porque denunció hechos de corrupción en su región.

Su labor por la defensa de derechos le ocasionó amenazas y un alto riesgo, motivo por el que estaba siendo protegido por el Estado Colombiano y tenía asignado un esquema de la Unidad Nacional de Protección al momento de su muerte.

El riesgo afrontado por defensoras y defensores de derechos humanos en Ocaña había sido reiteradamente alertado por la Defensoría del Pueblo en sus informes de alertas tempranas, siendo el último informe el AT No. 034-20.

Nos solidarizamos con la familia del defensor Solano, sus amigos y con toda la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos en Norte de Santander y en el país. Mi oficina seguirá haciendo seguimiento a este y otros casos de forma prioritaria.

Cuando una persona defensora de derechos sufre un ataque, toda la comunidad resulta agredida.

Con frecuencia, a través de estos actos violentos los perpetradores comunican a la población en general que no son permitidas acciones que evidencian omisiones o que muestran posibles violaciones de los derechos humanos.

El temor que genera la muerte de Koky, como cariñosamente se hacía llamar el defensor asesinado en Ocaña, hace difícil encontrar relevos para la actividad que realizaba.

¿Quién hará ahora seguimiento a la implementación de la ley de víctimas? ¿Quién hará veeduría de las contrataciones públicas en Ocaña?

Las labores de defensa de derechos son fundamentales para generar la pluralidad necesaria y característica de una democracia por lo que son protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Quiero reconocer hoy el valor fundamental de la labor de las y los defensores de derechos humanos.

Ellas y ellos son aliados esenciales para avanzar en el objetivo compartido con el Estado de lograr un efectivo disfrute de los derechos de todas las personas y constituyen en sí mismos mecanismos claves para la protección de las comunidades en las que habitan.

Aprovecho la oportunidad de acompañarlos hoy para motivar aún más a esta Comisión a seguir promoviendo acciones encaminadas a reconocer las labores de defensa de derechos de las y los defensores.

Así como a fortalecer la efectividad de la respuesta del Estado en la generación de un clima propicio para la defensa de derechos sin temores ni riesgo a la vida e integridad de las personas.

La Oficina, en el marco de su mandato, tiene presencia territorial en distintas regiones del país, desde donde damos seguimiento permanente a la situación de derechos humanos, prestando asesoría técnica a las autoridades, pueblos étnicos y a la sociedad civil organizada.

Esto con el fin de promover el pleno disfrute de derechos humanos. De este modo, somos conocedores de las dificultades afrontadas por las personas y comunidades en Colombia para ejercer la defensa de sus derechos.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha conocido en lo corrido del 2020, 114 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales logró documentar, a pesar de la situación de aislamiento, 51 de ellos.

Esta cifra aun cuando no refleja el universo total de casos ocurridos en el país, sí permite a la Oficina identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones.

Otras cifras sobre homicidio de defensores muestran una tendencia al aumento.

Para la Defensoría del Pueblo la cifra de personas defensoras de derechos humanos asesinadas durante el presente año es de 139, mientras que para Somos Defensores (espacio de protección conformado por organizaciones no gubernamentales que recogen y presentan este tipo de cifras) de enero a junio el número de homicidios era de 95.

De los casos documentados por mi Oficina, en el 10% las víctimas fueron mujeres, el 20% indígenas (ocho hombres y dos mujeres), el 6% afrocolombianos (3 hombres) y, como ha sido observado en los últimos cuatro años, la población más afectada, entre las personas defensoras, siguen siendo aquellos que realizan esta labor en las juntas de acción comunal en zonas rurales, representando el 36 % de las víctimas en 2020.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, a quien represento en Colombia recordó hace unos meses que los Estados no pueden escatimar esfuerzos para proteger a las y los Defensores “a través de políticas, medidas y acciones que les garanticen respeto a su vida digna y a su labor”. Haciendo eco a la solicitud elevada por la Alta Comisionada insistimos “a todos los involucrados en esta violencia a cesar el ataque a las y los defensores y a sus comunidades”, por el bien de los y las defensoras y por el bien de Colombia.

Me permito, en el marco de nuestro mandato en Colombia, citar a continuación algunas recomendaciones:

• La presencia integral del Estado en estas zonas donde ocurren los homicidios y las amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos es de vital importancia para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos y la protección colectiva de los derechos.

 

• Una de las instituciones del Estado que ha logrado esta presencia territorial y cercanía a la población es la Defensoría del Pueblo –que puede servir como modelo para otros actores del Estado que aún no tienen una presencia territorial extensiva–.

 

• Esto es fundamental no solo para prevenir que los crímenes como homicidios y amenazas ocurran, sino para reducir los niveles de violencia de manera sostenible –aportando desarrollo y protección social y alternativas a las economías ilícitas y violentas- que tanto las defensoras como los defensores de derechos humanos y sus comunidades enfrentan.

 

• Es muy importante incrementar el uso de las medidas colectivas de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia.

 

• A su vez, me permito reiterar lo que ya dijimos como sistema de Naciones Unidas en Colombia: es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de corrupción como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto.

 

• Reconocemos los esfuerzos desplegados por la Fiscalía a través de la unidad especial de investigación para elucidar los crímenes contra defensores y apoyamos el fortalecimiento de estos esfuerzos para llegar a los actores intelectuales de estos crímenes.

 

• Es importante ahondar en el trabajo de respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría. El Gobierno implementa un importante diálogo en torno a estas alertas. La comunidad internacional tiene un deber importante de apoyar y asistir al Gobierno para mejorar las respuestas a estas alertas –para prevenir la violencia– cuando se dan los primeros avisos.

Mi estancia en el país no ha sido larga, pero ha sido tiempo suficiente para ser testigo de la importante labor que desarrollan las personas que defienden derechos humanos, y no solo ellas, también las víctimas del conflicto, las personas en situación de vulnerabilidad y muchos grupos más fuera y dentro del Estado.

Sea esta la ocasión para reiterar nuestra disponibilidad de asesoría y apoyo a todas las autoridades del Estado encargadas de temas de prevención y protección de la vida de defensores de derechos humanos.

En particular, estamos a disposición del Ministerio del Interior para apoyarle en el fortalecimiento de espacios como el CIPRAT, con el fin de afrontar estos retos, generar respuestas más eficaces y avanzar en la construcción de la ley de protección a las personas que defienden derechos humanos.

Finalmente, me gustaría cerrar esta intervención señalando que nuestra Oficina proseguirá prestando su asistencia técnica, de acuerdo con nuestro mandato, para apoyar a Colombia, al Estado y a la sociedad, en un mayor respeto y garantía de los derechos humanos.

Muchas gracias por su atención