Más de 14 años después del secuestro de la periodista Jineth Bedoya, el caso, que prácticamente no ha avanzado en Colombia, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acaba de aceptar la demanda por las responsabilidades del Estado colombiano en esos hechos registrados en mayo de 2000.
Once años después, la periodista, que fue víctima de secuestro, tortura y abuso sexual y que lidera la campaña ‘No es hora de callar’, presentó la demanda ante la CIDH. Su principal argumento es la demora en la administración de justicia en Colombia para llegar a los responsables del ataque y la consecuente impunidad que rodea el caso. Igualmente, en la demanda se advierte sobre la responsabilidad del Estado por no proteger a la periodista a pesar de la gravedad de las amenazas en su contra y de reportes oficiales que daban cuenta de esa situación de riesgo.
El director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca, dijo que la decisión de la Comisión de aceptar la demanda es “un paso gigante en la búsqueda de la verdad y la justicia, y plantea un debate sobre la responsabilidad del Estado en los hechos”.
Igualmente, señaló que la llegada del caso al Sistema Interamericano debe servir, además, para que las autoridades colombianas impulsen la investigación y “lleguen a los responsables materiales e intelectuales” del ataque.
En el expediente aparecen los documentos con los que el DAS advirtió sobre los riesgos que corría la periodista y la necesidad de brindarle protección, que datan de meses antes del secuestro. Sin embargo, y a pesar de que Bedoya aceptó tener un esquema de seguridad que le ofrecieron, este nunca se hizo efectivo.
También aparecen testimonios que comprometen a integrantes de la Fuerza Pública que habrían participado en el plan criminal y que, hasta ahora, no han sido llamados a dar explicaciones sobre sus actuaciones. Por el caso están detenidos los exparamilitares Jesús Emiro Pereira, Mario Jaimes el ‘panadero’ y Alejandro Cárdenas Orozco, pero ninguno ha sido llamado a juicio.
En la demanda acogida por la CIDH, se cuestiona que en los 14 años de investigación se perdieron pruebas importantes como el dictamen de los médicos que atendieron a la periodista, grabaciones obtenidas por el CTI y parte de las primeras pruebas realizadas por los investigadores.
Bedoya dijo que “la búsqueda de la verdad de los sucedido ha sido más dolorosa que el mismo secuestro” y que aún hace falta llegar a todos los integrantes de “una red criminal en la que había paramilitares, militares, policías y guerrilleros patrocinados por empresarios”.
El Estado tendrá 90 días para presentar sus descargos a la CIDH, que definirá si el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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