Durante la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos indígenas que la ONU realiza este lunes y martes en Nueva York, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) presentó su informe ‘Pueblos Indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos’. El documento destaca mejoras en salud, educación y participación política en la última década. No obstante, advierte que persisten desafíos en cuanto a la garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada, y al manejo de conflictos socioambientales desencadenados por las dinámicas del mercado internacional.
Lo primero a destacar es el aumento en el número de poblaciones indígenas en la región: para 2006 se registraban 642 y ahora son 826, con 45 millones de personas que representan el 8,3% de la población total de Latinoamérica. El informe dice que “la Cepal (2007) había estimado para América Latina unas 30 millones de personas indígenas en 2000, los resultados hacia 2010 suponen un aumento del 49,3% en 10 años, lo que implicaría una tasa de crecimiento medio anual del 4,1%. Se trata de una «recuperación demográfica» de magnitud considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mismo período la población de América Latina se incrementó en 13,1%, con un ritmo medio anual del 1,3%». Este incremento se debe, según la Cepal, a la «incidencia de los propios pueblos en la lucha por su reconocimiento». Con excepción de Bolivia, el aumento se registró en todos los países, siendo México el caso más sobresaliente.
A estas cifras, sin embargo, se deben agregar las de pueblos que están en peligro de desaparición física o cultural, especialmente en Brasil, donde hay 70 pueblos en riesgo, es decir el 23% de los pueblos indígenas del país; en Bolivia, donde 13 de los 39 pueblos indígenas están amenazados; en Colombia, donde la Corte Constitucional reconoció la existencia de 35 pueblos indígenas en riesgo de desaparición cultural o física, como consecuencia del conflicto armado y las flagrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos; y en Perú, donde el censo de 2007 arrojó menos de 50 personas indígenas en cada uno de los pueblos Kisamberi, Resígaro y Sapitiere.
«Si a la fragilidad demográfica se suman otros factores de vulnerabilidad socioambiental y territorial, como los desplazamientos forzados, la escasez de alimentos, la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos, la desnutrición y elevada mortalidad, por mencionar algunos, probablemente la cifra de pueblos en peligro de desaparición sea muy superior», dice el informe.
Además, la Cepal estima que hay 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario que cruzan permanentemente las fronteras en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, y «que debido a la presión sobre los recursos naturales en sus territorios o zonas cercanas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad».
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó las labores realizadas en Bolivia, Ecuador y México para mejorar la situación de sus comunidades indígenas. El informe muestra «avances importantes en el acceso a los servicios de salud que se han reflejado en mejoras en indicadores como la atención al parto y la mortalidad infantil entre los pueblos indígenas» entre 2000 y 2010 en los nueve países con datos disponibles (Costa Rica, México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Panamá, Guatemala, Perú y Bolivia). Además, «17 países disponen de alguna institucionalidad estatal con el mandato específico de gestionar la salud intercultural».
En educación, la Cepal observa «aumentos en las tasas de asistencia escolar en todos los niveles», con porcentajes de asistencia de «entre 82 y 99% para los niños de 6 a 11 años». Sin embargo, el documento recuerda las «brechas significativas en la culminación de la educación media y en el acceso a los niveles superiores respecto a los indicadores de la población no indígena». El informe también hace referencia a un «aumento de la participación política» y un «continuo fortalecimiento de sus organizaciones», aunque «sigue habiendo una escasa representación de estos pueblos en órganos de los poderes del Estado».
Bárcena se refirió además al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, destacando avances pero advirtiendo sobre importantes desafíos. Hace 500 años fue el proceso de colonización en el que los europeos, con su maquinaria bélica y sus enfermedades, instalaron patrones de discriminación y de despojo de territorios ancestrales. Hoy son principalmente las empresas de extracción de recursos las que hacen que esta amenaza persista. El crecimiento económico de la región puede ir en detrimento de los derechos de los indígenas, porque es altamente dependiente de los recursos naturales y de sus precios internacionales. La amenaza de estas dinámicas económicas incrementa porque se observa una débil gobernanza de estos recursos en los países latinoamericanos.
Como dice el informe, «en la última década, el auge en la demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja y otros productos básicos agrícolas) se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América Latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno a las industrias extractivas situadas en territorios indígenas o sus cercanías».
La expansión de las actividades primario-exportadoras ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos indígenas. Las disputas por el control de territorios y de recursos han generado violencia. Asimismo, «la irrupción y el auge de las actividades mineras y de explotación de hidrocarburos que han experimentado en los últimos años los países de la región han sido un vector de conflictos en torno a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios históricos» (ver infografía). El informe de la Cepal registra 200 conflictos sociales y medioambientales entre 2010 y 2013, en territorios indígenas vinculados a la extracción minera y de hidrocarburos, e incluye algunas recomendaciones para resolver estas cuestiones, empezando por una «gobernancia de los recursos naturales en la que los pueblos indígenas sean consultados».
El derecho a la consulta previa, libre e informada, a los pueblos indígenas que puedan verse afectados por la realización de proyectos en sus territorios, se considera hoy un principio general del derecho internacional. Según el informe, «es importante destacar que el derecho a la participación para los pueblos indígenas no se reduce sólo a la consulta, sino que también incluye otras formas de participación en las decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses de una forma diferenciada, tales como la participación en procesos electorales, movilizaciones y otras actividades de incidencia política e interés público. Es decir, a través de la consulta se procura llegar a acuerdos y decisiones estatales que garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que existe mayor énfasis en el procedimiento para la consulta que en alcanzar acuerdos para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas».
El documento añade que «la presión creciente por los recursos naturales ha implicado un crecimiento exponencial en materia de debates y propuestas legislativas y normativas en relación a estos asuntos, pero centrándose más bien en los procedimientos de consulta; y las experiencias en general recientes de aplicación son complejas y controversiales. Incluso se ha extendido a ámbitos como el de la producción de información y otros, como el Censo Agropecuario de Colombia 2013-2014, cuyo procedimiento de consulta ha sido esencial para garantizar la participación de los pueblos indígenas en todo el proceso censal, lo cual también forma parte de las recomendaciones internacionales en esta materia. Sin duda, este es uno de los grandes retos de las democracias del siglo XXI, en donde la participación, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado no pueden quedar al margen de los nuevos pactos para la igualdad en la tríada del Estado, la sociedad y la empresa».
Al final de la conferencia realizada en Nueva York, los estados miembros adoptaron un documento de conclusiones. En el texto, aprobado sin oposición, los Estados «reafirmaron su compromiso por respetar, promover, hacer progresar y en ningún caso reducir los derechos de los pueblos indígenas». Además, prometieron emprender las medidas necesarias a escala nacional para hacer cumplir la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2007, la cual incluye una serie de principios mínimos que, para las comunidades afectadas, siguen sin respetarse en muchos países del mundo.
