La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su preocupación y alerta sobre la dramática situación de los pueblos indígenas colombianos, por el incremento de las muertes, las amenazas y el desplazamiento que enfrentan estas comunidades y sus líderes.
La Oficina condena enérgicamente el homicidio de ocho líderes indígenas que han muerto desde comienzos de este año, víctimas de los grupos armados ilegales, y hace un llamado perentorio a estos actores para que respeten de forma incondicional a las comunidades indígenas.
La Oficina repudia los hechos del último mes en los cuales perdieron la vida tres líderes indígenas y otro más permanece desaparecido.
El 2 de junio, fue llevado, presumiblemente por paramilitares, el líder embera, Kimi Domicó Pernía, del Cabildo del Río Verde (Alto Sinú), Córdoba, quien permanece desaparecido.
El 25 de junio, fue ejecutado, presumiblemente por paramilitares, el líder embera, ALIRIO PEDRO DOMICÓ, Gobernador del Cabildo del Río Esmeralda, (Alto Sinu), Córdoba.
El mismo 25 de junio, fue víctima de homicidio, presumiblemente por las FARC, el líder paez, CRISTÓBAL SECUE, de la comunidad indígena paez del Cauca.
El 27 de junio, fue ejecutado, presumiblemente por paramilitares, el líder embera, ALBERTO SABUGARA VELÁSQUEZ, del resguardo de Gengadó, (Alto Baudó), Chocó.
El respeto por los derechos indígenas, su autonomía e identidad cultural son esenciales para la convivencia democrática en Colombia y deben ser protegidos por el Estado y respetados por los grupos armados ilegales, como integrantes de la población civil.
La comunidad internacional, cuya preocupación por estos temas la lleva a organizar este año una Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia, exige la adopción de medidas específicas para la defensa de la vida, integridad, dignidad y especificidades de estos pueblos.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se une a las preocupaciones manifestadas por la Representante especial del Secretario General de la ONU para los defensores de los derechos humanos y la Relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, también de la ONU, en su comunicado, que se pone en conocimiento de la opinión pública a continuación:
COMUNICADO DE PRENSA
Ginebra, 10 de julio de 2001
La Representante especial del Secretario General para los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, y la Relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir, expresan su profunda preocupación por las muertes y desapariciones de líderes indígenas en Colombia.
En una comunicación del 9 de julio de 2001, dirigida al Gobierno de Colombia, las dos expertas dijeron que “ocho líderes indígenas habrían sido asesinados a principios del año, lo que pondría de manifiesto la vulnerabilidad de los grupos indígenas en Colombia, y especialmente la de sus líderes”.
Llamaron la atención del Gobierno, en particular, por los homicidios de dos líderes:
El señor Alirio Pedro Domicó, gobernador de los indígenas del Resguardo del Río Esmeralda, en Tierralta, Córdoba, sobre quien se informó que fue asesinado el 25 de junio de 2001, por miembros de grupos paramilitares.
El señor Sabugara Velásquez, líder del resguardo de Gegandó, Alto Baudó, Chocó, sobre quien se informó que fue muerto el 27 de junio de 2001, en Quibdó, por hombres armados, al parecer miembros de grupos paramilitares, después de participar en una Asamblea organizada por la OREWA, Organización Indígena Embera Waunnan.
En la comunicación conjunta al Gobierno, las dos expertas expresaron también su gran preocupación por la desaparición del señor Kimy Domicó Pernía, líder del grupo indígena Embera, de quien se informó que fue privado de libertad por paramilitares el 2 de junio de 2001, en el departamento de Córdoba.
Las dos expertas urgieron al Gobierno de Colombia a tomar todas las medidas necesarias para investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de las muertes y de la privación de libertad de los líderes indígenas antes mencionados, sin tener en cuenta el rango, oficio o posición de aquellos.
Urgen, además, fuertemente al Gobierno para que asegure que todas las medidas posibles serán utilizadas para hacer desaparecer aquellas condiciones o circunstancias que socavan el derecho de los defensores de derechos humanos de llevar a cabo su trabajo de conformidad con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales universalmente reconocidos.
