Con la declaración como crímenes de guerra y de lesa humanidad de 34 casos de violencia contra miembros de la Unión Patriótica (UP), este lunes, ya son 11 los procesos emblemáticos que entran en esta categoría, con lo que se convierten en imprescriptibles.
Esto implica que se reabrirán casos ya cerrados y que, en los aún vigentes dentro de la justicia, se empezarán a tomar medidas contra los responsables. De hecho, señalados de algunos de los 34 casos habían estado a salvo de la cárcel por la prescripción. Las investigaciones de la Unidad de Contexto han identificado a empresarios y ganaderos de la época que habrían apoyado la escalada contra la Unión Patriótica.
También serán llamados a declarar oficiales de la Fuerza Pública que tuvieron jurisdicción en Meta y el Urabá, y que han sido señalados incluso por otros militares como colaboradores de las autodefensas. Desmovilizados del EPL que terminaron después con los paramilitares también están en la mira de la Fiscalía. (Lea también: ‘Esto es un avance, pero aún falta’: Aída Abella).
La condición de crimen de lesa humanidad había sido atribuida ya al magnicidio de Luis Carlos Galán, a las desapariciones del Palacio de Justicia, al crimen del director de El Espectador Guillermo Cano, al asesinato de Jaime Pardo Leal y a los crímenes de Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez Herrera y Leonardo Betancur, en Antioquia.
Además, al secuestro de la periodista Jineth Bedoya Lima, la masacre de Segovia y los asesinatos del senador de la UP Manuel Cepeda y del candidato presidencial de ese partido Bernardo Jaramillo Ossa (que también aparece en la lista de este lunes).
Bajo esta condición, que ha sido refrendada por los jueces (incluido el Consejo de Estado en varios fallos contra la Nación), la Fiscalía ha logrado condenas y mantenido capturas décadas después de los hechos.
Los otros 34 de la UP
Al hacer este lunes el anuncio sobre la inclusión de 34 casos en la categoría de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Fiscalía argumentó que “no hicieron parte de hechos aislados, ni de actos de delincuencia común. Hicieron parte de un plan de exterminio en el que participaron estructuras criminales organizadas en coordinación o connivencia con el estamento oficial”.
La Unión Patriótica fue el partido político que nació a mediados de los 80, como resultado de los diálogos del gobierno de Belisario Betancur y las Farc. El genocidio contra los miembros de este movimiento político tiene hoy al país en riesgo de condena en el Sistema Interamericano de Justicia.
Entre los casos mencionados por la Fiscalía está la masacre del ‘Aracatazo’, en Chigorodó (Antioquia), en la que fueron asesinadas 18 personas. El jefe ‘para’ Ever Veloza, ‘H.H’, reconoció responsabilidad en el crimen, ordenado por Carlos Castaño. Otro de los casos emblemáticos que será reabierto es el asesinato de José Antequera, atacado por sicarios el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
En la lista llama la atención el caso de la exalcaldesa de Apartadó (Antioquia) Gloria Cuartas, que tuvo que salir del país por amenazas. Ella fue perseguida por denunciar nexos de paramilitares con políticos y militares en Urabá.
También aparecen entre los 34 casos de este lunes los asesinatos del transportador Misael A. Zambrano, el 17 de febrero de 1988; de Luz Marina Arroyave, secretaria del Partido Comunista de Vistahermosa, (Meta); de Julio Cañón López, alcalde de Vistahermosa, y Félix Antonio Villalba, concejal de El Castillo (Meta). Además, los crímenes de Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo de Remedios (Antioquia), y de los concejales de Apartadó Arsenio Córdoba Blandón y Bartolomé Cataño Vallejo.
Todos estos delitos fueron considerados también crímenes de guerra por ser una “grave violación a las convenciones, usos y costumbres en los conflictos armados”. En la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía hay casi 800 investigaciones por ataques contra militantes o partidarios de la UP.
“Resulta evidente que existieron diversos actos de violencia, entre ellos asesinatos, desplazamientos, torturas, desapariciones y persecuciones, como parte de un plan global dirigido a desaparecer esa organización política”, indicó la Fiscalía.
El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo dijo que otros casos no incluidos pueden llegar a ser considerados crímenes de lesa humanidad.
Reapertura de investigaciones ha producido resultados
Una condena en el caso Galán
El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, fue uno de los primeros en ser declarados delito de lesa humanidad. Ocurrió en el 2009 (20 años después de los hechos) y esa declaración permitió la condena del exsenador Alberto Santofimio Botero, como “determinador” del crimen, y el procesamiento de varios altos oficiales de la época, incluido el general Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS.
La tesis de la Fiscalía es que la muerte de Galán fue parte de un plan de la mafia, paramilitares y sectores políticos y de la Fuerza Pública que buscaba frenar la extradición y mantener el statu quo político amenazado por el ascenso de Galán. La Fiscalía documentó también decenas de asesinatos contra dirigentes, concejales y partidarios del Nuevo Liberalismo que se iniciaron con otro magnicidio: el del ministro Rodrigo Lara, que
ocurrió en abril de 1984.
Dos sentencias en caso del Palacio
La tesis de crimen de lesa humanidad fue también clave para reactivar las investigaciones por la desaparición de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos en noviembre de 1985.
Por ese caso fueron condenados el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales. Están procesados otros altos militares.
Este caso también está a punto de producir una nueva condena contra el Estado en el Sistema Interamericano de DD. HH.
El caso de Héctor Abad Gómez
El pasado 6 de octubre la Fiscalía declaró crimen de lesa humanidad el asesinato del catedrático de la Universidad de Antioquia Héctor Abad Gómez, ocurrido en agosto de 1987. Aunque los términos ya habían prescrito, el ente investigador determinó que el asesinato fue parte de un plan sistemático, generalizado y organizado contra defensores de derechos humanos.
La Fiscalía tiene pruebas de que el homicidio de Abad Gómez fue ordenado por Carlos y Fidel Castaño y, como en otros casos, hubo colaboración de miembros de la Fuerza Pública cercanos a los ‘paras’.
La misma decisión de lesa humanidad cobijó los procesos de los educadores antioqueños Luis Felipe Vélez Herrera y Leonardo Betancur, asesinados el mismo día.
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