Muchas gracias señora Senadora,
Muy buenos días honorables senadores, señora Secretaria, autoridades del Estado, representantes de sociedad civil. En nombre de la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, les saludo calurosamente y agradezco la oportunidad de intervenir en esta ocasión.
Desde ONU-DDHH queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de violencia y conflicto armado que viene afrontando el departamento de Nariño y que continúa afectando gravemente los derechos humanos de las comunidades y pueblos étnicos.
La Oficina ha observado un recrudecimiento de la violencia en estos territorios del departamento de Nariño, especialmente en la Costa Pacífica, Piedemonte, Cordillera y Frontera.
En lo que va de 2021, nuestra Oficina viene dando seguimiento a 3 masacres, 2 ocurridas en la Costa Pacífica nariñense y una en Cordillera, en Mosquera, Roberto Payán y Policarpa respectivamente. En 2020, nuestra Oficina verificó la ocurrencia de 11 masacres en el departamento, 6 concentradas en Costa Pacífica y 4 masacres en Cordillera. También, hemos venido dando seguimiento a enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley, que en la actualidad se disputan el control del territorio por las rentas criminales derivadas de la presencia de economías ilícitas, combates entre estos y el Ejército, en zonas rurales, territorios étnicos y centros poblados.
Con preocupación nuestra Oficina ha venido documentado desmembramientos, fosas comunes y cuerpos encontrados con signos de tortura en municipios de la Costa Pacífica nariñense.
Los desplazamientos y confinamientos persisten y han aumentado en los últimos meses. El ejemplo más reciente es un desplazamiento masivo de hace unos días: familias de las veredas La Pampa, Quiñonez y Naranjo del municipio de Mosquera tuvieron que desplazarse por la presencia de diferentes grupos armados en sus veredas.
Tal como decían algunos líderes al inicio de esta sesión, la disputa de territorios entre grupos armados tiene profundos efectos en la vida de la población civil que afecta no solo sus derechos a la seguridad, integridad y vida, sino que genera una disrupción en todos los aspectos de la vida de las comunidades.
Las comunidades afrodescendientes e indígenas son las más afectadas, en particular por hechos de desplazamientos. Por ejemplo, el Pueblo Awá ha sido confinado durante varios meses y más de 30 miembros han sido asesinados en 2020, a pesar de las medidas previstas para su protección. En efecto, la oficina con preocupación cómo, a pesar de mecanismos como las Alertas Tempranas, graves violaciones de derechos humanos persisten en los territorios.
En Santa Bárbara de Iscuandé, pese a las recomendaciones de la Alerta Temprana 053 de 2020, la presencia y actuar de grupos armados al margen de la ley ha generado desplazamientos y confinamiento a los Consejos Comunitarios Cuenca del Río Iscuandé y al Pueblo Indígena Eperara Siapidara.
Nuestra Oficina ha recibido también información sobre el aumento de siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisado. De hecho, en Nariño, en 2020 se presentaron 9 casos más que en 2019, con un total de 48 víctimas. Entre los casos más recientes está la muerte de dos menores de edad en Policarpa.
También hemos observado con gran preocupación el reclutamiento forzado de niñas y niños, así como su utilización, por parte de grupos armados al margen de la ley en Cordillera, Frontera y Costa Pacífica. El riesgo para las personas menores de edad se ha visto incrementado por la situación de cuarentena y el cierre de los centros educativos rurales.
En relación con la situación de personas defensoras de derechos humanos, nuestra Oficina ha documentado amenazas, desplazamientos forzados y homicidios en Nariño.
Esto ha generado graves impactos en la participación política, los liderazgos y los procesos organizativos comunitarios, en tanto la figura de las Autoridades étnicas de los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas son la base de autonomía y gobierno propio de comunidades étnicas, y la figura de los liderazgos de las Junta de Acción Comunal son la base de la participación social y la exigencia de la garantía de DDHH a nivel rural. Esto ha llegado a tal punto, que en algunas zonas rurales no se quiere asumir el liderazgo por temor a sufrir amenazas, desplazamiento y homicidios, lo que ha dado como resultado que las comunidades no cuenten con personas que representen sus intereses y exijan la garantía de sus derechos humanos.
Asimismo, ONU DDHH observa con preocupación la persistencia de estigmatización y riesgos para personas defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta social o en caso de judicialización, por ejemplo, de un dirigente campesino del norte de Nariño a finales de diciembre.
Dentro de los casos de homicidios a personas defensoras de derechos humanos que esta Oficina hace seguimiento, casi todos los casos ocurrieron en zonas rurales, y en municipios con elevados índices de pobreza multidimensional, con presencia de economías ilícitas, especialmente enclaves de producción de coca, y grupos al margen de la ley.
Hemos recalcado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos, como sucede en Nariño. Asimismo, este departamento tiene una importancia geoestratégica, especialmente por ser zona de frontera, para las rutas internacionales de tráfico de drogas, armas y cultivos de uso ilícito. Igualmente, las economías ilícitas, propiciadas por las difíciles condiciones sociales existentes, generan rentas criminales derivadas de la extorsión, la minería ilegal y el micro y narcotráfico, las cuales han sido objeto de disputa y control por grupos armados ilegales.
Nuestra Oficina valora los esfuerzos que ha realizado el Estado para mantener la presencia de la fuerza pública en Nariño, incluida la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, pero las dinámicas de violencia del departamento superan las subregiones y el departamento de Nariño. Por lo tanto, la respuesta estatal debe ser integral, articulada y superar lo departamental. Sugerimos la oportunidad que brindan los PDET y Zona Futuro para que las autoridades civiles hagan presencia en los territorios para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.
Frente a la crisis humanitaria en Nariño, la Oficina considera urgente que el Presidente convoque a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con la participación de las plataformas de DDHH y organizaciones de sociedad civil.
Agradezco una vez más este espacio señor Presidente, y quedo pendiente ante cualquier consulta.
