La Defensoría presentó una demanda para que se incluya como víctimas a los menores reclutados por estas organizaciones.
Por considerar que establece un trato diferencial, injustificado y discriminatorio frente a los niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado de un grupo armado ilegal posdesmovilización (también denominados bacrim), la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 190 de la Ley de Víctimas.
De acuerdo con la norma, cuando los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados cumplen su mayoría de edad se les exige un certificado expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) antes de acceder a los programas de reintegración social y económica ofrecidos por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR).
Sin embargo, en la actualidad, a estos programas especiales de reparación solo pueden acceder las víctimas reclutadas por los grupos guerrilleros o los grupos paramilitares, pero no aquellas que han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de aquellos grupos conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, como es el caso de ‘Los urabeños’ y ‘Los rastrojos’, entre otros.
Mediante demanda radicada ante la Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, explicó que de conformidad con lo dicho por la propia jurisprudencia del Alto Tribunal, la condición de víctima es constitutiva y no declarativa, es decir, que no es posible solicitar una prueba especial para su reconocimiento.
Para la Defensoría del Pueblo, esta norma viola el derecho a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas, y resulta contraria a los principios de presunción de buena fe y de interés superior de la niñez.
“Dada la discusión de si dichas estructuras criminales forman o no parte de los actores armados del conflicto, el certificado CODA únicamente es entregado a la niñez y adolescencia desvinculada de grupos armados guerrilleros y/o paramilitares, dejando por fuera de los programas de reparación a las víctimas de las denominadas bacrim que también buscan reintegrarse a la sociedad”, recalcó Otálora.
La Defensoría espera que con el ejercicio de esta acción pueda eliminarse un obstáculo frente al reconocimiento de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado que se desmovilizan de grupos armados ilegales post-desmovilización, y particularmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de especial protección del Estado.
