Intervención de la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el evento paralelo a la 20° sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Buenos días a todos y todas las presentes. Como Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos presento un saludo especial a los miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, a los Mecanismos especiales del sistema de Naciones Unidas, a los funcionarios de los Estados y en especiales a las autoridades indígenas del mundo que acompañan esta 20th sesión del Foro Permanente “Paz, justicia e instituciones eficaces: el papel de los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16”, y demás asistentes.
Es un honor dirigirme a ustedes en este evento paralelo y expreso desde la Oficina en Colombia Nuestra admiración por las luchas que dan los pueblos indígenas para la materialización de sus derechos y el papel fundamental que desempeña el Foro en el reconocimiento, impulso y acción efectiva para la protección y pervivencia de los pueblos indígenas. En el caso de Colombia sus recomendaciones han sido una contribución invaluable en la construcción de estrategias y medidas en pro de la protección y garantías para los pueblos en especial aquellos que han sido declarados en riesgo de exterminio físico y cultural como es el caso de 13 de los 15 pueblos indígenas que habitan la región fronteriza de Putumayo y cuyos territorios hacen parte del corredor amazónico entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
La Oficina agradece al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y de manera especial a su Dirección y Secretaria, la posibilidad de este evento paralelo que abre un espacio de interlocución a las autoridades de los pueblos indígenas de la región del Putumayo, sus organizaciones regionales y nacionales, como a las entidades de gobierno y los organismos de control en cabeza de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Agradezco la atención que el Foro Permanente ha dado a la situación de los pueblos indígenas en el país y a la recomendación # 67 dada en su informe de 2018. Sobre las bases de esa recomendación, los pueblos, sus autoridades con el apoyo tanto de la Defensoría del pueblo como de nuestra Oficina, impulsaron entre los años 2019 y 2020, una estrategia de protección a partir de instrumentos como la Batería de indicadores para la articulación institucional y el seguimiento de medidas de protección bajo un enfoque diferencial basado en los derechos de los pueblos, para la articulación institucional y seguimiento a las medidas de protección de los pueblos indígenas del Putumayo.
Muchos de los pueblos indígenas binacionales que habitan Colombia enfrentan situaciones de riesgo que les impiden ejercer plenamente sus derechos; agravado por el fraccionamiento de sus territorios y de su integridad, afectados en ocasiones por la calidad de las relaciones entre los países lo que acentúa los riesgos de extinción física y cultural, de manera especial los pueblos en estado natural o en aislamiento voluntario como ocurre con los pueblos del corredor amazónico incluidos los de la región del Putumayo.
Trece (13) de estos quince (15) pueblos en la región de Putumayo, han sido valorados como pueblos indígenas en riesgo físico y cultural, estos son: Awa, Korebaju, Embera, Emberakatío, Inga, Camëntsá, Kofán, Nasa, Siona, Murui, Pastos, Kichwas, Yanacona y Pijaos. Estos están explícitamente considerados como pueblos en riesgo de extinción por la Corte Constitucional en el Auto 004 del 2009. En disminución progresiva se encuentran los pueblos Korebaju, Siona y Murui como consecuencia del conflicto y las disputas por el territorio para la ejecución de megaproyectos (hidrocarburos, carreteras) y cultivos para uso ilícito y si bien el pueblo Pasto que también habita la región no ha sido incluido en la lista de riesgo de exterminio, la situación de riesgo es latente por las problemáticas que afectan su territorio. Recientemente – año 2014- familias desplazadas del pueblo Misack llegaron al territorio completando así los quince (15) pueblos indígenas que actualmente habitan en la región.
El conflicto armado ha generado un efecto acumulativo que ha alterado el equilibrio para desarrollar los planes de vida en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en esta región. En el Acuerdo final de paz firmado en 2016 entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, está estipulado que los mecanismos establecidos para el desarrollo de los acuerdos de paz, deben incorporar la perspectiva étnica y cultural en el cumplimiento de sus mandatos. Esto significa que la garantía de los derechos y la reparación de los pueblos indígenas está ligada a la protección efectiva de sus derechos al territorio, al gobierno propio y a la autonomía por parte de la institucionalidad del Estado en su actuación ordinaria.
Indudablemente tenemos que reconocer los importantes esfuerzos realizados por el Estado colombiano por garantizar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, sin embargo, frente a la magnitud de los retos en este ámbito, falta todavía mucho por hacer. El riesgo de exterminio físico y cultural persiste en la medida en que los factores causales como el conflicto interno, el desplazamiento forzado, el despojo territorial, la pérdida del entorno natural se mantienen. Esto es evidente en el caso de los pueblos indígenas del Putumayo ante el nivel de vulnerabilidad que los pueblos presentan por la pérdida de sus territorios ancestrales, la falta de garantías jurídicas a sus territorios mediante la titulación colectiva, el saneamiento, la ampliación que han venido solicitando por varias décadas, la restitución en aquellas zonas marcadas por el conflicto y la presencia del narcotráfico.
Los estándares internacionales y la Constitución Política de Colombia reconocen el derecho inalienable, imprescriptible e inembargable del derecho al territorio de los pueblos étnicos – indígenas y afrodescendientes-.
La Oficina ha señalado como preocupación y desafío en el caso de Colombia, que el conflicto interno por la presencia de actores armados ilegales en los territorios, del narcotráfico, las disputas por la tierra, la destrucción de los ecosistemas y hábitats naturales por economías extractivas tanto legales como ilegales constituyen parte de los factores causales del riesgo que enfrentan los pueblos en condiciones cada vez más alarmantes de vulnerabilidad, a las que se agrega el actual escenario de la pandemia por la Covid- 19 y las precarias condiciones pre-existentes en materia de acceso a la salud y calidad de la misma en las regiones rurales del país.
En este sentido, la interlocución y el diálogo técnico con las entidades responsables de la política de tierras como la Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras, el diálogo con el Gobierno Nacional en cabeza de las carteras con mayores competencias en la protección de los territorios y sus hábitats naturales, el proyecto de vida y la cultura de los pueblos , son decisivos. Sin duda el Ministerio Publico como garante en representación del Estado, constituye elemento central para la incidencia a partir de la Promoción de los mecanismos legales para el reconocimiento e implementación de los procesos de protección territorial en el marco constitucional y legislativo del país. En esta labor nos hemos acompañado y apoyado mutuamente con la Defensoría del Pueblo Regional Putumayo y agradecemos el especial esfuerzo de sus funcionarias y funcionarios por la protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos.
Finalmente, reitero mi especial reconocimiento a las autoridades de estos quince pueblos indígenas quienes después de un arduo trabajo por más de 18 meses con apoyo de la DFP y nuestra Oficina, presentaron a la institucionalidad del país en agosto de 2019, una solicitud y propuesta de reconocimiento y protección a sus más preciadas garantías de pervivencia, física y cultural que es su derecho al territorio. Cada pueblo a través de sus autoridades hizo entrega de una solicitud de protección a sus derechos territoriales a través de la Ruta Étnica de Protección, a las entidades concernidas dando así la oportunidad al Estado y al gobierno colombiano, de cumplir con los deberes constitucionales y con las recomendaciones que los organismos e instrumentos internacionales han reiterado en los tres últimos años incluida la recomendación #67 (2018) del Foro Permanente. Estamos seguros, que esta opción en marcha, representa una contribución a una solución estructural al riesgo de exterminio que estos pueblos hoy presentan.
La Oficina renueva su compromiso con este proceso y la voluntad de continuar apoyando al Estado colombiano en el cumplimiento a las recomendaciones del Foro Permanente y en especial a las autoridades de los pueblos indígenas en riesgo para la materialización de sus derechos. Saludamos la realización de la 20 sesión del Foro Permanente y reiteramos nuestra disposición para acompañar el desarrollo de iniciativas que desde los pueblos y las entidades de gobierno de la mano del Ministerio Publico sea necesario emprender hasta logra una efectiva acción institucional enlazada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son el marco de actuación más favorable para los pueblos en riesgo de la región fronteriza de Putumayo.
Muchas gracias.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2021/04/Intervencion-Evento-Paralelo-20th-sesion-UNFPCI-RSDO-MS-1.pdf
