La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado por acción y omisión por los hechos registrados entre el 28 de octubre de 1998 y el 5 de mayo de 1991.
“No olvidamos lo ocurrido, nos avergonzamos de estos graves hechos y les pedimos perdón”. De esta manera el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado pidió perdón a nombre del Estado colombiano a los pobladores del municipio de Trujillo tras las ejecuciones extrajudiciales adelantadas entre el 28 de octubre de 1988 y el 5 de mayo de 1991 por parte de grupos armados ilegales.
El Ministro de Justicia señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la omisión y acción del Estado que permitieron la ejecución de crímenes selectivos contra los campesinos de la región, situación que además originó el desplazamiento los sobrevivientes.
Los registros históricos reseñan que durante tres años grupos paramilitares y guerrilleros hostigaron a la región y sus habitantes. Ejecutando a los campesinos acusándolos de colaborar con el Ejército o de ser cercanos al grupo contrario. Los jornaleros fueron torturados, extorsionados, amenazados y obligados a dejar sus tierras.
“No olvidamos los graves sucesos ocurridos hace 24 años en Trujillo y como Estado hoy pedimos perdón”. En el evento se reconoció la responsabilidad de los organismos estatales como parte del acuerdo firmado con la CIDH y los representantes de los familiares de las víctimas de las ejecuciones.
“El Estado, las víctimas y sus representantes concluimos un proceso de solución amistosa de solución amistosa por hechos ocurridos hace 24 años en Trujillo (…) Nos comprometimos con el pueblo de Trujillo en garantizar la reparación integral a los familiares de las víctimas, indicó.
En Trujillo se construyó el Parque Monumento para recordar los nombres de las víctimas. Sus familiares le pidieron al Estado identificar y judicializar a las personas que estuvieron detrás de estas masacres, puesto que en la mayoría de los casos ronda la impunidad.
Recordaron que por más de 20 años las investigaciones no tuvieron ningún avance en la Fiscalía General, por lo que piden que se citen a los comandantes paramilitares, guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública para que sus versiones sean escuchadas y así determinar responsbalidades.
