Entre 2015 y 2016 se recibieron 304.405 acciones de tutela y 1.382.676 derechos de petición.
Nada fácil la ha tenido el director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, en los tres meses que lleva de gestión en el cargo. La entidad que lidera no sólo tiene la titánica labor de atender a los más de 8 millones de víctimas registrados históricamente en el país, sino que también ha tenido que sortear en los últimos años procesos judiciales por cuenta de la avalancha de recursos interpuestos por las víctimas: 1’382.676 derechos de petición y 304.405 acciones de tutela, sólo entre 2015 y 2016.
Incluso en los últimos cuatro años se han generado 156 órdenes de arresto contra directivos de la Unidad, de las cuales por lo menos 30 fueron contra Alan Jara.
“Presentamos un plan de trabajo ante la Corte Constitucional que nos permita ir adelantando todo este esfuerzo sin que tengamos todo el tema de sanciones que se venían imponiendo a los directivos de la entidad. La Corte está analizando nuestra propuesta”, explicó ayer el director de la Unidad al hacer una radiografía de la situación.
Según reveló Jara, en 2015 contra la Unidad se instauraron más de 200 mil tutelas y este año ya se sobrepasaron las 130 mil. De hecho, al día se reciben cerca de 700 en temas relacionados con asistencia humanitaria para las víctimas y modificaciones a los registros. Sin embargo, explicó, en los últimos tres meses se ha logrado una reducción del 5 % en los derechos de petición y del 59 % del rezago, con la meta de concluir el año con el 100 %.
El director de la identidad reconoció que las cifras siguen siendo altas y que el escenario no es el ideal, pues la tutela debe ser excepcional: “El propósito es llegar a que no haya necesidad de poner tutelas, que se convierta en algo excepcional y no en el mecanismo único de priorización, pues el filtro para la atención debe ser la vulnerabilidad y las carencias de la población víctima”.
