Aplicar derechos humanos en las protestas, para disminuir violencia y garantizar derechos

Alberto Brunori,
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

 

Ayer en Bogotá hicimos seguimiento a la situación de derechos humanos en el marco de la jornada de protestas por invitación de la Alcaldía de Bogotá y en estrecha coordinación con los órganos de control: Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

Saludo la decisión de la Alcaldía de Bogotá de hacer los mayores esfuerzos por respetar el derecho a la manifestación pacífica y la aplicación de los decretos 563 de 2015 –de la Alcaldía-, y la resolución 1190 de 2018 –del Ministerio del Interior-. Cabe anotar que en el decreto y la resolución que mencioné antes trabajamos conjuntamente con las autoridades para reflejar los estándares internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con nuestro análisis constatamos avances en el uso del diálogo para no recurrir al uso de la fuerza por parte de la Alcaldía de Bogotá y de la Policía Nacional.

Veo con preocupación que ayer algunos individuos, afortunadamente una minoría, atacaron violentamente y hostigaron a miembros de la policía nacional, manifestantes e infraestructura pública y privada; este tipo de acciones no son compatibles con el derecho a la protesta pacífica, y desvían la atención de los legítimos reclamos de mayores garantías de derechos humanos expresados por parte de la mayoría de los manifestantes.

También hacemos seguimiento al uso del traslado por protección de manifestantes con el fin de establecer si la aplicación de este procedimiento efectivamente se ajusta a los estándares internacionales en materia de garantía del derecho a no ser detenido de forma arbitraria.
El protocolo promovido por parte de la Alcaldía de Bogotá sobre manejo de la protesta pacífica está alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.

Su aplicación estricta puede crear condiciones en la sociedad y en las personas para ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación y participación, fortaleciendo procesos democráticos.

Continuaremos apoyando a las autoridades y a la sociedad civil, para que Colombia avance en la búsqueda de las mejores opciones de aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y amplíe los espacios democráticos, cumpliendo de forma rigurosa con el Mandato de la Oficina de la Alta Comisionada en el país.

Bogotá 22 de enero de 2020