Informe del Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias de la visita realizada a Colombia en 1989
(NACIONES UNIDAS. Ejecuciones sumarias o arbitrarias. Informe del Relator Especial Sr. S. Amos Wako, de conformidad con la resolución 1988/38 del Consejo Económico y Social. Informe sobre la visita a Colombia realizada por el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias (11 a 20 de octubre de 1989), Doc. E/CN.4/1990/22/Add.1, 24 de enero de 1990, p. 30 a 35).
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
60. El Relator Especial agradece la invitación que se le cursó para que visitara Colombia en un período tan crítico de su historia. El Relator Especial reconoce la cooperación que le brindó el Gobierno antes y durante la visita, que hicieron de ésta una experiencia valiosa y útil.
61. Colombia atraviesa un período de violencia continuo y prolongado, de intensidad variable, desde abril de 1948, desde el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán. También ha aumentado el tipo y el número de protagonistas en este clima de violencia. El país ha estado sometido a un estado de sitio durante un período similar. Se estima que en el lapso transcurrido entre 1948 y 1958 murieron entre 200.000 y 300.000 personas como consecuencia de la lucha de partidos entre liberales y conservadores. El acuerdo de 1958 celebrado entre ambos partidos, en cuya virtud acordaron alternarse en el poder durante los 16 años siguientes, puso fin a este tipo de violencia. Sin embargo, algunos sectores de la población, en particular aquellos de ideología o teorías políticas diferentes de los partidos conservador y liberal, se sintieron excluidos o marginados del proceso político.
62. Muchos colombianos pobres se sintieron excluidos de la participación en la vida política. Así se sembraron las semillas de otra forma de violencia, la de los movimientos guerrilleros. Las agrupaciones de autodefensa campesinas promovidas por el partido liberal evolucionaron hasta convertirse en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Actualmente existen ocho movimientos guerrilleros, incluido el movimiento 'Abril 19' (M-19), que se inició tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 1970. Los blancos principales del movimiento guerrillero han sido las fuerzas armadas y la policía. Para luchar contra las guerrillas se organizó a la población civil en grupos de autodefensa civil, regidos por la orden No. 0005 del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, de 1969, y las Disposiciones de contrainsurgencia (Disposición EJC 3-10). Al arraigar cada vez más en la sociedad colombiana el tráfico de estupefacientes, se introdujo otra contribución importantísima a la violencia en el país. Los magnates de dicho tráfico se dedicaron a la adquisición de terrenos en gran escala a modo de inversión, con frecuencia en zonas controladas por las guerrillas, lo que condujo por fuerza a un conflicto entre éstas y aquéllos. También han ocurrido varias matanzas como consecuencia de las guerras de pandillas entre los cárteles por el control! del territorio.
63. Para conseguir sus objetivos, los traficantes de estupefacientes crearon organizaciones paramilitares. La primera de esas agrupaciones, 'Muerte a secuestradores' (MAS) se estableció después del secuestro de una de las hijas de uno de los principales magnates del tráfico de estupefacientes por miembros del M-1 9. Según un informe del DAS, los asesinos a sueldo y los traficantes de estupefacientes que actúan en Puerto Boyacá se valen de la Asociación Colombiana de Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM) como fachada para sus actividades ¡legales. Con el correr del tiempo los magnates del tráfico de estupefacientes lograron dominar paulatinamente a muchos grupos de autodefensa civil. Se estima que actualmente actúan en Colombia más de 140 grupos paramilitares. Los grupos paramilitares son formados y financiados por narcotraficantes y, tal vez, algunos terratenientes. Actúan estrechamente vinculados con elementos de las fuerzas armadas y de la policía. La mayoría de los asesinatos y matanzas perpetrados por los grupos paramilitares ocurren en zonas muy militarizadas. Los grupos paramilitares pueden desplazarse con facilidad en esas zonas y cometer sus asesinatos impunemente. Como se señala en el informe, en algunos casos los militares o los policías fingen no percatarse de lo que hacen los grupos paramilitares o los apoyan concediendo salvoconductos a sus integrantes o impidiendo las investigaciones. Por ejemplo, el Director del Departamento Nacional de Investigaciones Criminales cuando la matanza de La Rochela dijo que lo que más le preocupaba era que las investigaciones que dirigía revelaban cada vez más pruebas de indulgencia, tolerancia y apoyo para con los grupos de extrema derecha por parte de miembros de la policía y del ejército. Dijo que estaban efectuando investigaciones muy serias y que se estaba hostigando a su gente, que recibía amenaza de miembros de la Policía Nacional. La Policía Técnica Judicial está atemorizada. Dijo que sería una irresponsabilidad de su parte afirmar lo contrario.
64. Los grupos paramilitares son la fuente principal de violaciones del derecho a la vida en la sociedad colombiana de hoy. La mayoría de los asesinatos y de las matanzas no sólo han sido obra de sus propias manos sino que han contribuido a lo que se ha dado en llamar la impunidad, es decir, el conocimiento por parte de los perpetradores de estos delitos de que no se les someterá al debido procedimiento judicial ni se les castigará por sus crímenes. Deben adaptarse medidas de mucho alcance para eliminar el clima reinante de impunidad y limitar las ejecuciones sumarias o arbitrarias que se vienen cometiendo como si fueran parte de la vida cotidiana. Estas políticas requerirán no sólo una fuerte voluntad política sino también recursos y pericia técnicos. En lo que a esto último se refiere, la comunidad internacional puede brindar ayuda, en su caso, con el asentimiento de Colombia.
65. Toda solución al problema de la violencia en la sociedad colombiana actual tiene que aplicarse al problema planteado por los grupos paramilitares. El Gobierno es consciente de esto y ha adoptado medidas contra ellos. Mediante el Decreto No. 813 se estableció una Comisión Asesora para la lucha contra los grupos paramilitares. El mandato de la Comisión consiste en crear un plan de acción para luchar contra los grupos paramilitares. Mediante el Decreto No. 814 se creó una fuerza especial de hasta 1.000 hombres para luchar contra esos grupos. Se informó al Relator Especial que se había tenido cierto éxito en la lucha contra esos grupos y que 17 de ellos se habían desarticulado. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente, dado que todavía existen 140 grupos. Por el Decreto No. 816 se reconoce la función de los grupos de autodefensa debidamente constituidos, pero sólo a iniciativa del Presidente y mediante un decreto que debe ser refrendado por los Ministros de Defensa y de Gobierno. El reclutamiento de civiles es sólo para fines de defensa. Se ha revocado la legislación anterior porque se autorizaba a las fuerzas armadas a proporcionar determinadas armas a los grupos de autodefensa.
66. Debe desplegarse el máximo esfuerzo para desbaratar a todos los grupos paramilitares no autorizados ni regidos por la ley. Debe aplicarse plenamente el nuevo Decreto No. 1.194/89, cuyo objetivo es sancionar a quienes promueven, financian y capacitan a grupos (paramilitares) de asesinos a sueldo, o a los que participan en ellos. No debe subestimarse la magnitud de esta tarea. Es probable que se tropiece con resistencia a esas medidas no sólo en los medios militar y policial sino entre lo más selecto de los medios político y económico tradicionales que preferirían que se diera prioridad a la lucha contra la guerrilla. Sin embargo, para enfrentar con éxito el problema de la violencia es necesario hacer frente al problema de la existencia de los grupos paramilitares.
67. En relación con la desarticulación de los grupos paramilitares, debe separarse del servicio a todos los miembros de las fuerzas armadas y de la policía que hayan confirmado o apoyado a esos grupos, a los asesinos a sueldo o a los traficantes de estupefacientes. El Gobierno opina que la mayoría de los policías y de los militares no están vinculados con dichos traficantes porque, de ser así, no habrían tenido éxito las diversas medidas dirigidas contra ellos. Se ha sugerido que mediante la aplicación de medidas administrativas y el ejercicio de las facultades constitucionales conferidas al Presidente de la República para nombrar y remover libremente a sus agentes, el poder ejecutivo podría y debería separar del servicio a los integrantes de las fuerzas armadas implicados en esos grupos. En los ordinales 1 y 5 del artículo 120 de la Constitución se faculta al Presidente para ello, y en el ordinal 4 del artículo 125 del Decreto No. 095 de 1982 y el ordinal 4 del artículo 111 del Decreto No. 096 de 1989, se faculta al Gobierno a separar del servicio a los miembros de las fuerzas armadas. El Gobierno ya ha comenzado a hacerlo. El poder ejecutivo hizo valer su autoridad al despedir a cuatro oficiales de policía culpables de causar la desaparición de personas y de los delitos de tortura y asesinato. Este es también el caso del coronel Luis Bohórquez Montoya, Comandante de Puerto Boyacá, destituido por sus relaciones evidentes con los grupos paramilitares de la región. Lo mismo podía decirse tal vez respecto del Coronel Diego Hernán Velandia Pastrana, Comandante del Batallón Santander de Ocaña. Sin embargo, debe haber un empeño más enérgico en destituir a esos oficiales de las fuerzas armadas y de la policía.
68. Otra esfera que debe investigarse con urgencia es la de la administración de justicia. Como puede apreciarse en el informe, muchísimos jueces, investigadores y testigos han perdido la vida o han sido amenazados de muerte en el ejercicio de sus funciones. Entre estos grupos de personas existe un verdadero clima de temor que obstaculiza la administración de justicia y contribuye al fenómeno conocido corno la impunidad. Los testigos no pueden comparecer para hacer declaraciones, y aun si las hacen, se retractan posteriormente debido a la intimidación y al temor de morir asesinados. Las investigaciones no pueden realizarse como corresponden y, por lo tanto, se han cerrado muchos expedientes por falta de pruebas. Respecto de los pocos expedientes para los que sí existen pruebas, es posible que los jueces no puedan administrar justicia sin un elemento de temor o parcialidad. Corno consecuencia de ello, los culpables escapan al castigo por falta de pruebas. Por lo tanto, es de suma prioridad brindar protección adecuada a cuantos participan en la administración de justicia.
69. El 18 de agosto de 1989, el Gobierno, consciente de este problema, dictó un decreto por el que se establecía un fondo para sufragar la protección eficaz de los jueces y de sus familiares. Sin embargo, hasta el momento de la visita del Relator Especial no se había establecido efectivamente ningún fondo por falta de recursos. La falta de fondos es también una de las razones por las que no se da protección a los testigos. El DAS y el Departamento de Instrucción Criminal han procurado dar protección con sus propios recursos limitados a algunos de los testigos pero, en general, no han tenido éxito. Se informó al Relator Especial que en algunos casos, pese a que se cambió el nombre, la cédula de identidad y el lugar de residencia de los testigos, éstos murieron asesinados. Es imprescindible en esta etapa de la historia colombiana un fondo para dar la debida seguridad a los comprometidos en la administración de la justicia, esfera a la que puede contribuir la comunidad internacional.
70. Debe considerarse de suma prioridad la mejora de los mecanismos de investigación criminal, en particular por parte de la Policía judicial. El Relator Especial visitó el Departamento de Investigaciones Criminales, dependencia técnica de la Policía Judicial, y le impresionaron la elevada moral y la determinación de sus oficiales, no obstante los peligros a que están sometidos. Los investigadores no sólo deben actuar en condiciones muy precarias sino que carecen de la infraestructura suficiente para garantizar un funcionamiento eficiente, de personal capacitado suficiente, de medios de comunicación adecuados y de los conocimientos técnicos necesarios para montar una investigación eficaz. Un antiguo dirigente del Departamento dijo que no se cumplían los decretos del Gobierno por los que se exigía que la policía y el ejército brindasen apoyo y seguridad a las comisiones judiciales, puesto que la policía y el ejército alegaban siempre que no disponían de suficiente personal, combustible o tiempo, o que su personal estaba cumpliendo misiones de orden público. Se trata de un Departamento fundamental para asegurar que quienes cometen delitos, incluido el delito de asesinato, no escapen a la acción de la justicia. Es preciso fortalecer considerablemente a dicho Departamento. Por lo tanto, la comunidad internacional podría ayudarle en materia de capacitación y proporcionándole medios de comunicación y servicios técnicos. Es de vital importancia que se investiguen debidamente todos los casos de asesinato y que los responsables, sean quienes fueran, sean disciplinados y sancionados con arreglo a la ley.
71. Debe reconocerse y respetarse más el importante papel del poder judicial, y ello debe reflejarse en las disposiciones y condiciones de empleo de su personal. La Asociación Judicial informó al Relator Especial que, por lo general, los sueldos de los jueces y magistrados son inferiores a los de funcionarios públicos de menor nivel educativo. Incluso los abogados de la Procuraduría General reciben, como término medio, por lo menos 100 dólares más que los jueces. Los jueces o magistrados no tienen ni seguridad social, ni viviendas ni bibliotecas que les permitan desempeñar su labor eficazmente. Es preciso examinar las disposiciones y las condiciones de empleo de jueces y magistrados.
72. Los más castigados han sido los campesinos y los obreros. Como alguien dijo al Relator Especial, todo campesino es considerado un guerrillero en potencia. Hay que hacer frente a las causas fundamentales del descontento de campesinos y obreros. Por lo tanto, es importante ejecutar programas de acción urgentes para lograr la justicia social de modo que puedan mejorar ostensiblemente las condiciones económicas y sociales de los campesinos y obreros. Las reformas democráticas deben ser tales que el campesino y el obrero no sean meros observadores sino participantes activos en el proceso democrático y de adopción de decisiones. Debe reconocerse debidamente la función de los grupos que trabajan con los campesinos y obreros, trátese de partidos políticos, sindicatos, educadores u organizaciones no gubernamentales dedicadas a cuestiones económicas, sociales, culturales y de los derechos humanos, en un clima en que puedan actuar sin intimidación de parte alguna. Parece haber una campaña sistemática por parte de los grupos paramilitares y de extrema derecha para eliminar o desbaratar esas organizaciones. El Gobierno ya ha adoptado algunas medidas para hacer frente a las causas fundamentales: por ejemplo, el diálogo con los movimientos guerrilleros, programas para dar servicios de salud y educación básica para todos, más puestos de trabajo, la reforma agraria y la mejora y rehabilitación de los asentamientos humanos deficientes. Se espera que la lucha contra los grupos paramilitares y contra los traficantes de estupefacientes elimine o reduzca el peligro que se cierne sobre esas iniciativas y se promueva así un debate y un análisis sanos y constructivos. Tal vez esto conduzca a una adaptación por parte de los diversos sectores de la población y a un consenso social de que Colombia debe ser una sociedad de todos, donde imperen la paz y la democracia, el estado de derecho, la justicia social y el respeto de los derechos humanos.
73. En una sociedad marcada por una violencia de esta índole se necesita una campaña permanente de promoción y respeto de los derechos humanos. Es necesario hacer hincapié en los derechos humanos en las actividades de las fuerzas armadas y de la policía, sancionando y castigando a quienes los violen; la enseñanza de los derechos humanos debe ser obligatoria para todos los funcionarios públicos y en todos los centros de enseñanza.
74. Son encomiables y dignos de apoyo los esfuerzos que viene desplegando en particular, a este respecto, el Asesor presidencial en materia de derechos humanos. Cabe mencionar también la institución de los personeros municipales. El Relator Especial se entrevistó con algunos de ellos. Algunos parecían conocer su función, aunque otros no. Algunos actuaban en condiciones no sólo difíciles sino de peligro mortal. Los personemos municipales pueden promover y proteger realmente los derechos humanos a nivel popular. Debe fortalecerse su posición y deben disponer de los recursos necesarios para actuar eficazmente.
