Distr. GENERAL E/CN.4/1997/60/Add.1 23 de diciembre de 1996 ESPAÑOL Original: ESPAÑOL/FRANCÉS/INGLES
COMISION DE DERECHOS HUMANOS
53º período de sesiones
Tema 10 del programa provisional
CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, ESPECIALMENTE EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES
Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de la resolución 1996/74 de la Comisión de Derechos Humanos
Adición
Situaciones por países
(…)
Colombia
Informaciones recibidas y comunicaciones enviadas
115. Las informaciones recibidas por el Relator Especial ponen de manifiesto que las violaciones del derecho a la vida continúan produciéndose a gran escala y que no hay indicios que lleven a pensar en una mejoría a corto plazo. Miembros del ejército, grupos paramilitares, policías, y en menor medida grupos guerrilleros se señalan como responsables de un alto número de violaciones del derecho a la vida. En este sentido, han continuado recibiéndose denuncias sobre la existencia de una clara relación entre grupos paramilitares y las fuerzas armadas. Nexos entre ambos habrían sido específicamente observados en el contexto de operaciones de contrainsurgencia en que fuerzas armadas y elementos paramilitares actuarían conjuntamente. Terratenientes, políticos regionales, grandes industriales y traficantes de droga aparecerían como sustento económico de estos grupos paramilitares.
116. Se señaló al Relator Especial que en febrero de 1995 habría salido a la luz pública un documento titulado "Primera Cumbre de Autodefensas de Colombia", adoptado en una reunión celebrada en Urabá por varios grupos paramilitares. El documento haría, entre otras cosas, críticas al funcionamiento de las fuerzas armadas y a las tácticas de contrainsurgencia. Se referiría también al nacimiento, la creación, el desarrollo y la capacitación de grupos paramilitares y sus vínculos con el ejército y la policía. Se indicaría que la base de su constitución sería combatir la subversión y se acordaría seguir considerando a dirigentes políticos y sindicales de izquierda como objetivos militares.
117. En este sentido, ha llegado a conocimiento del Relator Especial que grupos paramilitares habrían proferido amenazas contra dirigentes sindicales y comunales, activistas de derechos humanos y miembros de la judicatura. La situación de riesgo en que se encuentran los defensores de los derechos humanos habría llevado a varias organizaciones a decidir la suspensión temporal de sus actividades. Miembros del Movimiento de Integración Cívico Comunal de Pailitas y el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta continuarían siendo hostigados y algunos de sus miembros serían víctimas de atentados. La más reciente víctima sería Josué Giraldo, Presidente del Comité Cívico de los Derechos Humanos del Meta, muerto a manos de paramilitares en octubre de 1996.
118. Igualmente llegó a conocimiento del Relator que se estaría discutiendo un proyecto de ley que fortalecería las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Dicho proyecto de ley implicaría, entre otras cosas, la anulación de la intervención de la Procuraduría en el ámbito militar, la cancelación del derecho de tutela cuando la misma se interponga contra miembros de la fuerza pública e introduciría la posibilidad de captura y detención durante siete días a personas bajo simple sospecha de atentar contra el orden público.
119. Igualmente se continuaron recibiendo informes según los cuales la impunidad seguiría siendo alarmante en Colombia. Llegó a conocimiento del Relator que, según el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, sólo el 3% de los delitos denunciados en Colombia finalizarían con un fallo judicial. El hecho de que en ciertas ocasiones hayan resultado asesinados los que han llevado casos de violaciones de derechos humanos ante la justicia hace que muchas víctimas o testigos de violaciones no presenten demandas ante los tribunales por miedo a represalias.
120. Asimismo se recibieron informaciones según las cuales el Presidente de la República habría anunciado su voluntad de que en un futuro se presente un proyecto de ley al Congreso para permitir la reintroducción de la pena de muerte. Esta sería aplicable a crímenes como el secuestro, las masacres y los asesinatos de personas indefensas.
121. Durante 1996 el Relator, como en años anteriores, ha recibido un elevado número de denuncias. Debido a la escasez de recursos humanos y materiales a disposición del Relator Especial, no todas las denuncias recibidas han podido ser analizadas. No ha sido posible tampoco dar un seguimiento apropiado a todos los casos de violaciones de derecho a la vida denunciados durante el año en curso y en años anteriores. Durante el período analizado, el Relator Especial transmitió al Gobierno 21 llamamientos urgentes. Igualmente, durante el mismo período transmitió denuncias sobre violaciones del derecho a la vida de 152 individuos identificados y 14 personas no identificadas. Durante este período el Relator actuó en favor de más de 16 mujeres.
122. Así el Relator solicitó al Gobierno de Colombia que se tomaran las medidas necesarias para proteger la integridad física y el derecho a la vida de las siguientes personas, amenazadas de muerte por miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, salvo que se especifique lo contrario:
a) Activistas de derechos humanos:
i) Josué Giraldo Cardona, Presidente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta e Islena Rey, miembro de la misma asociación. El Relator Especial había enviado anteriormente, el 22 de marzo y 17 de octubre de 1995, otros llamamientos urgentes en favor de Josué Giraldo Cardona y otros miembros del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta debido a las continuas amenazas recibidas. El Relator lamentó recibir la noticia del asesinato, el 13 octubre de 1996, de Josué Giraldo Cardona en Villavicencio, a manos de paramilitares (5 de febrero de 1996).
ii) Alfonso Cassiani Herrera, estudiante universitario y miembro de la organización Proceso de Comunidades Negras, y Dámaso Salgado Reyes, tras haber recibido amenazas de muerte por denunciar la desaparición de su amigo Alonso Corrales Hernández, líder de las juventudes del Partido Comunista de Colombia, desaparecido el 15 de enero de 1996 y hallado muerto nueve días después en el Mar del Caribe (13 de febrero de 1996).
iii) Miembros del Movimiento de Integración Cívico Comunal de Pailitas, tras el asesinato de Auden Pinzón en febrero de 1996 en la ciudad de Pailitas, departamento de César. El Relator había enviado ya un llamamiento urgente el 6 de marzo de 1995, en el que expresaba temor por la seguridad de los integrantes del Movimiento de Integración Cívico Comunal de Pailitas tras los asesinatos de dos de sus miembros, Jairo Barahona Martínez y Ernesto Fernández Fezter (15 de febrero de 1996).
iv) Alberto Agudelo, tras sufrir un atentado en la municipalidad de Orito, departamento de Putumayo. Alberto Agudelo, que salió ileso del ataque, habría participado activamente en la creación de comités municipales de derechos humanos en el departamento de Putumayo, y sería concejal por el Movimiento Independiente de las Juntas de Acción Comunal (27 de marzo de 1996).
v) Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas y el sacerdote Javier Giraldo Moreno, director de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, tras la aparición en el diario La Prensa de un aviso de la "Fundación para los Deberes Humanos" en el que se les acusaba de apología del narcotráfico, terrorismo y subversión. También se les acusaba de divulgar informes sobre violaciones de los derechos humanos entregándolos a organismos extranjeros para causar perjuicio a las Fuerzas Armadas y favorecer la imagen de grupos subversivos. Igualmente se les acusaba de presentar denuncias ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (24 de abril de 1996).
vi) Susana Bravo y otros miembros del Comité de Derechos Humanos de El Carmen de Altrato, tras haber recibido una amenaza de muerte por parte del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en la que se les acusaba de colaborar con la guerrilla y se les informaba de que de no dejar la región serían asesinados (24 de julio de 1996).
b) Miembros de partidos políticos:
i) Aída Abella, miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano y Presidente de Unión Patriótica, tras un intento frustrado de acabar con su vida en el que hombres armados, supuestamente paramilitares, habrían disparado con un bazuca sobre el vehículo blindado de Aída Abella, cuando circulaba por una autopista de Bogotá. El Relator Especial había enviado anteriormente, el 12 agosto 1994, una acción urgente en favor de Aída Abella (9 de mayo de 1996).
ii) Beatriz Gómez, diputada de Unión Patriótica por el departamento de Antioquia, tras haber sido amenazada de muerte (6 de junio de 1996).
c) Sindicalistas:
i) Orlando Ocampo, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Bancarios y miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores (5 de febrero de 1996).
ii) José Villamil, empleado en el servicio de la salud e integrante del sindicato de trabajadores de la salud (ANTHOC), seccional Cauca, tras haber recibido un sufragio o invitación a su propio funeral cuando se encontraba en el Barrio Solidaridad de la ciudad de Popayá, Cauca (29 de marzo de 1996).
iii) Jairo Alfonso Gamboa, sindicalista, y otros miembros del sindicato de trabajadores Titán S.A., tras haberse recibido una amenaza de muerte en su contra en las oficinas del sindicato firmada por el grupo paramilitar denominado "Colombia sin Guerrilla" (COLSINGUE) (3 de junio de 1996).
iv) Hernando Hernández, Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Danilo Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo y Jairo Calderón, líder sindical, así como otros miembros de USO, tras haber recibido amenazas de muerte en la sede de USO en Barrancabermeja, Departamento de Santander, por parte de un grupo paramilitar denominado "Muerte a los Secuestradores" (MAS) (26 de agosto de 1996).
d) Habitantes de las siguientes poblaciones:
i) Habitantes de La Paz, municipalidad de Pailitas, tras ser amenazados de muerte si no abandonaban el lugar (30 de noviembre de 1995).
ii) Población civil de Segovia y Remedios, tras el asesinato el 22 de abril de 1996, por miembros de un grupo paramilitar, en los distritos de La Paz, Tigrito y Borbollón (Segovia), de Wilson Alejandro Loaiza, Octavio de Jesús García, 14 años, César Darío Valle, 16 años, Fabio Alonso Loaiza, Omar Moreno, Carlos Montoya, Ricardo Ochoa Puerta, Gabriel Jaramillo Palacio, Jesús Evelio Pérez, Pedro Posada, León Dario Ospina, Carlos Zapata, Nicolás Alvarez y Carlos Arturo Agudelo (26 de abril de 1996).
iii) Habitantes del municipio de Segovia, tras el ataque de una casa situada cerca del parque de Santander en la ciudad de Segovia, a raíz del cual habrían muerto Leshe Elizabot Yali Giraldo, de 3 meses de edad, y Kenny Magiver Jiménez Gómez, de 6 meses. Según las informaciones recibidas, momentos antes de la explosión, un grupo de soldados del Batallón Bomboná habría sido visto patrullando por el parque (26 de septiembre de 1996).
e) Líderes campesinos y familias campesinas desplazadas:
i) Familias de la hacienda Bellacruz, departamento de César, tras el desahucio realizado por 40 miembros armados de un grupo paramilitar de las tierras que estas familias habrían ocupado durante diez años. Las familias desplazadas habrían sido amenazadas y advertidas de que, de volver al predio o acercarse a más de 100 km a la redonda, sus vidas correrían peligro. Según las informaciones recibidas, las fuerzas de seguridad, supuestamente en conocimiento de que dichos incidentes se estaban produciendo, no habrían actuado. Este llamamiento urgente fue transmitido conjuntamente con el Representante del Secretario General sobre los desplazados internos, Sr. Francis Deng (27 de marzo de 1995). Un segundo llamamiento urgente en su favor fue transmitido al Gobierno tras los asesinatos en mayo de 1996 de Jaime Laguna, uno de los líderes campesinos desplazados del rancho de Bellacruz y Edinson Donado, campesino, defensor de los derechos de las familias desplazadas (13 de mayo de 1996).
ii) Líderes campesinos desplazados de la hacienda Bellacruz, tras el asesinato de Eliseo y Eder Narvaez, ambos líderes campesinos, en la finca La Cabaña, La Pelaya. Según las informaciones recibidas, el motivo de su asesinato sería sus actividades de apoyo a las familias desplazadas del Rancho Bellacruz (2 de octubre de 1996).
e) Dirigentes indígenas:
i) Milecio de la Cruz, Saúl Baltazar, Guillermo Carmona y Rosember Clemente, miembros de la junta directiva de la comunidad indígena zenú de San Andrés de Sotavento, tras ser amenazados de muerte. El temor por sus vidas aumentó tras los asesinatos de Manuel Beltrán, líder de la reserva indígena de San Andrés de Sotavento, Alejandro Teherán, Secretario del Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento, y Dagoberto Santero, Julio Santero, y Carlos Solano, líderes de la comunidad indígena zenu (19 de junio de 1996). Un segundo llamamiento urgente en su favor fue enviado tras el asesinato de Saúl Baltazar, director regional del Movimiento Indígena Colombiano, en la localidad de Carretal (24 de julio de 1996).
123. El Relator también envió un llamamiento urgente en favor de: Margarita Arregocés, tras haberse recibido una amenaza de muerte contra ella en las oficinas del abogado de derechos humanos Reinaldo Villalba, firmada por el grupo paramilitar COLSINGUE (1º de marzo de 1996); Jaime Hernández Díaz y Orlando Hernández, trabajadores de la industria petrolera en Barrancabermeja, departamento de Santander, tras haber sido amenazados por el grupo paramilitar MAS, que los acusó de ser colaboradores de la guerrilla (12 de marzo de 1996).
124. Asimismo, el Relator transmitió al Gobierno denuncias sobre violaciones del derecho a la vida de las siguientes personas:
a) Las siguientes personas habrían muerto a manos de miembros del ejército o individuos vestidos con prendas del ejército:
i) Menores: Rubiela Alvarez Leal, 13 años, e Ildo Durán Alvarez, 15 años, muertos en la finca "Brisas", en la vereda "La Capilla", por tropas del batallón de contraguerrilla Nº 5 "Los Guanes", y presentados como guerrilleros del frente "Claudia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN"; Nidia Taconas Taquinas, niña indígena de 11 años, muerta en las inmediaciones de la escuela de la vereda "La Playa", Toribio, Cauca, por militares del Batallón Codazzi, mientras jugaba con sus hermanos.
ii) Campesinos: José Norbey Jule Cuicue, miembro de la junta de acción comunal de la vereda San Luis Arriba, muerto en la inspección departamental "El Jaguar"; Jimmy Capera, muerto por tropas del batallón de contraguerrilla 37, "Macheteros del Cauca", en la vereda "El Progreso"; Ramón Ricardo Avila, dirigente campesino y miembro de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Tame, muerto en el departamento de Arauca, inspección de Puerto Nidia, por unidades del Ejército Nacional de la base militar "El Naranjito"; Rafael Peñate Cabrales, 18 años, muerto en Toluviejo; Juan Antonio Solano Suárez, campesino, 22 años, muerto en Tolú, por varios sujetos fuertemente armados, vestidos con prendas militares.
iii) Cargos políticos: Carlos Eleno Bacca Rodríguez, concejal de la población de San Martín y militante del partido liberal, así como Joel, Ellacit y Adel Bacca Téllez, sus hijos, muertos en la finca "La Esperanza", vereda "El Barro", corregimiento "Aguas Blancas", por miembros del batallón Santander; Obed Lemus, jefe de personal de la alcaldía municipal, muerto por miembros del batallón Ayacucho, quienes le habrían disparado en el momento en que se disponía a subir a un vehículo con destino a su residencia en el corregimiento de San Juan; Alfonso Beltrán Chamorro, miembro del Movimiento Nueva Colombia y consejero de la localidad de Chalán, y su esposa, Yermis Merlano, ex secretaria de educación del Ayuntamiento de Chalán.
iv) Otros: Fulvio Tenorio, muerto por tropas de la infantería de marina; Pedro Carvajal Sandoval, muerto en Montebello por una patrulla del batallón "Luciano d'Elhuyart", de San Vicente de Chucuri; Marco Fidel Bonilla y Miguel David Vergara, muertos en la localidad de Monterrey, municipalidad de San Alberto, por miembros del batallón contraguerrilla 27 "Rogelio Correa Campos de la V brigada"; Reinaldo Amorocho, muerto por miembros del batallón Guane de la V brigada; Ricardo Paredes García, comerciante y copropietario de la fábrica "Café Bumangués"; Wélter de Jesús Borja David, Camilo Solano y Melquisedec Rentería Machadi, obreros bananeros, muertos en la vía al embarcadero Zungo; Roberto Montés Vergara, muerto en Caracolí; Elvia Regina Cuello, de profesión comerciante y líder comunal, y Ezequiel Antonio Urang, muertos en el corregimiento de Pato, municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia; Deyerina Ramos Jaramillo, muerta durante un ataque militar en la población de Puerto Trujillo; 12 personas no identificadas, entre ellas Antonio Moreno, fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agrícola, Manuel Ballesta, negociador de esa organización sindical, y 3 mujeres, muertas durante un ataque militar en el barrio de El Bosque. El barrio de "El Bosque", creado a instancias de la Unión Patriótica, estaría habitado por 600 familias campesinas procedentes de Córdoba, Choco y del interior de Antioquia, desplazadas por acciones contrainsurgentes; Fabio de Jesús Gómez Gil, soldador y electricista, muerto delante de su casa en el barrio Doce de Octubre.
b) Las siguientes personas habrían muerto a manos de paramilitares:
i) Campesinos: Juan D. Hernández, Jorge E. Paternina Roa, Evangelista Urrego Ferreira, Milton Romero Churio, Carlos M. Arriero y Edison Martínez, muertos en la hacienda "La Concordia"; Maximiliano Prasca y Absalón Ramírez, muertos en El Pedral, Puerto Wilches, Santander.
ii) Miembros de la Unión Patriótica: Manuel Herrera Sierra, ex candidato a la alcaldía de Coloso, miembro de la regional del Partido Comunista y ex concejal de Coloso, muerto en la vía Sincelejo; Edilberto Cuadrado, muerto en la vía comunal "El Silencio"; Félix Martínez, muerto en el barrio El Porvenir, en Villavicencio; José Vicente Prieto Peñuela, asesinado en Medellín del Ariari; Pedro Malagón, miembro del Congreso por Unión Patriótica, y su hija de 17 años Milena Malagón, muertos en las cercanías de su domicilio en Villavicencio, Meta; Hipólito González, dirigente del Partido Comunista, muerto en la Vereda Juntas, Puerto Valdivia, Valdivia (Antioquia); Francisco Morelo, Laureano López Acosta, Luis Yepes, Mirael Hernández y José L. Herrera, muertos en la vereda Pueblo Galleta, municipio de Turbo.
iii) Cargos políticos/líderes comunitarios: Libardo Cruz, líder cívico, muerto en la vía a la vereda Guabido, inspección municipal El Placer; César González, ex alcalde de Chalán, muerto en el sitio San Antonio de Palmito, jurisdicción de Coloso; Manuel Romero Ballesteros, presidente de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, "ANDAS" muerto en Carmen de Bolívar; José M. Banquets, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rodosalit, y José M. Quiñonez, muertos en la vereda Rodosalit, Nueva Antioquia, Turbo; Milciades Cantillo Costa, político liberal, muerto en la carretera 12, ex concejal y, en el momento de su muerte, Presidente del Consejo Superior de la Universidad Popular del César y abogado. Se estaba encargando de la defensa de cinco sujetos acusados de rebelión. Con anterioridad había denunciado amenazas de muerte contra su persona.
iv) Trabajadores: Francisco Mosquera Córdoba y Carlos Arroyo de Arco, trabajadores de la empresa maderas de Darién en la región de Urabá; Rafael Gutiérrez y Dimas Piedrahitas, trabajadores rurales, torturados y asesinados en la municipalidad de Turbo; Alfonso Mantilla, conductor afiliado a la cooperativa de transportadores "Cootrasabana" y su hijo, Edinson Mantilla, estudiante, muertos en la vía a Mata de Plátano, Sabana de Torres; Alfonso Zuleta, Jaime Puerta, y Francisco Castrillón, comerciantes, muertos en la localidad de Cristales, municipalidad de San Roque.
v) Otros: Alcibio Garnica García, Víctor M. Garnica García, Gabriel J. Salcedo Angarita, director del programa de acción comunal de San Alberto, Carlos J. Sánchez López, su esposa Carmelina Maldonado Ropero y un individuo no identificado, muertos en la vereda Casablanca, corregimiento La Pedregoza; Jesús A. Buitrago, deportista, muerto en el barrio Nuevo Chile, zona de Bosca; Eugenio, Jorge y Julio Salazar, muertos en la localidad de los Tendidos, municipalidad de San Alberto, César; Adriano Portillo, Javier Contreras Barón, y Alvaro Botello, muertos en Norean, municipalidad de Aguachica, César; Ramiro Merlano Díaz, muerto en el corregimiento Don Gabriel, Chalán; Gonzalo Villa, muerto en el área urbana del municipio de Zaragoza en la municipalidad de Caucasi, Antioquia; Orlando Ocampo, Lisandro Oviedo, Luis Heiner Mora, Raúl A. Usuga, Marlenny Borja, Gabriel Areiza, Antonio Zapata Borja, A. Antonio Arenas, Nayibe Areiza Beltrán, Willinton Restrepo Sepúlveda y un menor de 6 años muerto en el barrio Policarpa del municipio de Apartadó, Antioquia; Marcelino Arango Alfaro y Gilberto Arbelaez Jiménez, muertos en la localidad de Bodega Central, municipalidad de Morales, departamento de Bolívar; Manuel Vides Pineda, muerto en San Benito Abad, Sucre; Guillermo y Alirio Cardona Areiza, muertos en la inspección departamental Barranquilla; Lilia Galván Frías, Pedro Ruiz, Salvador Gutiérrez y Anatolio Angarita, muertos en la finca el Guamito, vereda Guarumo, Barrancabermeja; Juan y Marco Tulio Bautista y Jorge E. Zambrano muertos en un predio ubicado en la inspección departamental La Betulia, Suárez; Jairo Sepúlveda, muerto en Ituango, Antioquia; Graciela Arboleda, William Villa García y Héctor Correa García, muertos en San Martín César; Simón Luna Casillo, Vicente y Rangel Duarte Carvajalino, muertos en el sitio la Bocatoma, Aguachica; Cristian Orrego Vélez, Luis A. Espinosa, Coli González Lopera y Eucaris Jaramillo, Juan Bautista Baena, Darío Madrigal y Arcadio Valderrama, muertos en puerto Valdivia, Antioquia, el 1º de abril de 1996 hacia las 4.00 horas.
c) Las siguientes personas fueron muertas por miembros de las Autodefensas Campesinas: Pedro Pablo Vera Parra, Leónidas Tapiero Briceño, José Aldemar Delgado Castillo, Celestino Benavides, y María del Carmen Quiñónez Prince, muertos en la finca Tokio, vereda los Tendidos, corregimiento la Llana; Guillermo Barrera Henao, Francisco J. Taborda, y Alvaro Vásquez, muertos en la comunidad de El Siete, municipalidad de El Carmen del Atrato; Henry Alfonso Figueroa, muerto en Dabeia, Antioquia; Bernardo Martínez Echavarría, muerto en la vereda La Pedrala, Andes, Antioquia.
d) Las siguientes personas habrían muerto a manos de miembros de la policía:
i) Menores: Hugo Aldemar Manrique, 17 años, Juan Carlos Girón Hurtado, 18 años, (alias Juancito) y Rodolfo Cetre Angola, 16 años, (alias Carlitos), encontrados maniatados y semidesnudos, con signos de tortura y semiincinerados en el sector "La Viga", en las inmediaciones del club deportivo Boca Juniors; Fredy Francisco Arboleda, 17 años, y su padre, Silfredy Arboleda, detenidos y muertos en las cercanías del sitio Aguaclara, a 10 km de Tumaco; Carlos Armando Díaz Trarapuez, 20 años, y un menor de 15 años cuyo nombre se desconoce, muertos durante confrontaciones con la policía de Yumbo, Valle, en una manifestación de protesta contra la suspensión del pago de prestaciones sociales.
ii) Campesinos: Carlos Arriguí, presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare y Gabriel Asencio, muertos en el municipio de Yopal, departamento de Casanare.
iii) Otros: N. N., indigente, muerto en Bogotá en la avenida Caracas entre las calles 16 y 17, por un agente de la estación tercera de la policía, quien le disparó durante un operativo realizado en la zona; Orencio Antonio Ortiz Viana, ebanista, muerto en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Malambo; Manuel Castillo Ruiseco, activista político y hombre de negocios, muerto en el barrio Perseverancia de Bogotá, poco después de ser detenido; Alejandro Londono y Fabio Reyes, empleados de la empresa INTEREC, muertos en Santafé de Bogotá.
e) La siguiente persona habría sido muerta por denunciar violaciones de derechos humanos: José Vicente Rueda, campesino, detenido por una de las patrullas combinadas de militares y paramilitares en la vereda Danto Bajo. Un día después habría resultado muerto, tras haber denunciado en la defensoría del pueblo de Barrancabermeja los vejámenes sufridos.
125. Igualmente, el Relator Especial transmitió el caso de Jairo Gamboa, pescador colombiano, que habría muerto a manos de miembros de la Guardia Nacional Venezolana en el río Arauca, a la altura del sitio llamado "Puerto Contreras", Saravena, Arauca. Esta denuncia también fue transmitida a las autoridades venezolanas.
126. El Relator Especial transmitió igualmente denuncias sobre la muerte de Alvaro Gómez Hurtado, editor del diario El Nuevo Siglo, muerto el 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá, cuando salía de la universidad en la que impartía clases de derecho. La autoría del asesinato habría sido reivindicada por el llamado Movimiento por la Dignidad de Colombia. La víctima habría sido candidato a la Presidencia de la República en tres ocasiones.
Comunicaciones recibidas
127. El Relator Especial recibió un elevado número de respuestas del Gobierno de Colombia (11 de diciembre 1995, 16 de enero de 1996, 21 de febrero, 2 de abril, 12 de abril, 28 de mayo, 7 de junio, 21 de agosto, 19 de septiembre, 29 de octubre y 1º de noviembre de 1996) respecto a denuncias que aquél había transmitido, lo cual pone de relieve la voluntad de cooperación del Gobierno con el mandato del Relator. El Gobierno también proporcionó informaciones de carácter más general.
128. Por nota verbal de fecha 6 de febrero de 1996, el Gobierno transmitió un informe en el que se hacía referencia detallada a las acciones gubernamentales llevadas a cabo para cumplir con las recomendaciones de los relatores temáticos y los grupos de trabajo de las Naciones Unidas.
129. En este sentido, el Gobierno informó al Relator, entre otras cosas, de lo siguiente:
a) Se presentó a consideración del Congreso un proyecto de ley que autoriza expresamente al Gobierno a pagar indemnizaciones resultantes de decisiones adoptadas por organismos intergubernamentales, vistas las dificultades de orden jurídico que se habían planteado en varias ocasiones.
b) Se estableció un "Plan de Desarrollo para la Justicia" que prevería una fuerte inversión a realizar en este terreno.
c) La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuya revisión debía culminar en la Corte Constitucional, introducía varias modificaciones en el sistema, como limitar el uso de fiscales y testigos secretos.
d) Se había puesto en marcha un programa de protección de testigos.
e) Se constituyó una comisión encargada de redactar un proyecto de código penal y procesal penal militar.
f) Se estaba estructurando un programa de lucha contra las llamadas muertes por limpieza social.
130. Además, el Gobierno informó sobre las investigaciones iniciadas y los trámites judiciales realizados, en relación con los casos siguientes: Dámaso Antonio Gómez Ruiz, Gilberto de Jesús y Miguel Angel Cano Vélez, Javier del Carmen Angarita Claro y Daniel Barboza Amaya, Eduardo Rodríguez Medina, Marco Aurelio Pérez Castrillón, José Elías Suárez, Carlos Gustavo Anzola Delgado, Nelson y Carlos Alfonso Albino Quecho, Aura Vasco Restrepo y Arquímides Salas Vasco, Amparo Viela, Constantino Carrillo, Germán Enrique Rolón García, Orlando Mora Bautista, Carlos José Navarro Torrado y Daniel Rodríguez Lasso, Lusbín Tobón Pinto, Jairo Alberto Llano Yepes y Sergio Bolaños, Alvaro Díaz, Leonardo Salazar Portilla, Juan Gustavo Zuluaga, Aldemar Rodríguez Carvajar, Carmen Elisa Pereira, Carlos Arturo Ramos Minota y William Javier Almario Alvarez, María Magdalena Rodríguez, Yesid Bocanegra Martínez, Omar Mendoza, Yesid Ducuara Villabón, Julio Cadena Ducuara, Nelson Moreno Ducuara, Julio Cenen Rodríguez Quiñónez, Edgar Leyton y Luis Alberto Morales Malambo, Guillermo Marín, Manuel Serafín Guerrero, Isidro Mercado Jiménez, Benjamín Santos y Laureano Iñampue, Benjamín Santos, Lorgio Antonio García Trillos, Alexir Orozco Hernández, Miguel Eduardo Rodríguez Medina, Omar Quintero Lozano y Germán García Vergara, Henry Humberto Molina Giraldo, Ana Julia Becerra, Alejandro Bernal, Maurizio Carvajal, Iván Ferreira, Yuly González, José Junco Hernández, Doras Jurado, Alvaro Pulido, Edgar Rodríguez, Jesús Daniel Lascarro Madera, Roberto Ruiz y Querubín Quintero Ramos, Nelson Fernando Lombana, Estín Payares Arrieta, José Vicente Rueda, Herson Javier Caro, Eduardo Ramírez Pinto, María Antonia Castaño Galvias y María Isabelina Giraldo, Francisco Sierra Benítez, Franklin Gómez Arrieta, Jesús Daniel Lascarro Madera, Orlando de Jesús Durango, Jesús Antonio Velandia Miranda y Miguel Acosta Torres, Eduardo Ramírez Pinto, Gustavo Humberto Marroquín Iglesias, Abraham Alvarado, Edwin Castillo Piña, Jairo Barahona Martínez y Ernesto Fernández Fezter, Enrique Buendía y Ricardo González, Rodrigo Montes, Martín Parroquieno Cubidas, masacre de Riofrío, Obed Lemus, Jimmy Capera, Adriano Portillo, Javier Contreras Barón y Alvaro Botella, Marco Fidel Bonilla y Miguel David Vergara, Pedro Pablo Vera Parra, Leónidas Tapicero Briceño, José Aldemar Delgado Castillo, Celestino Benavides, y María del Carmen Quiñones Prince, Jesús Romero, Jhon Hoymar, Beltrán Galván, Libardo Montalvo Pérez, Miguel Angel Cáceres Padilla, Fernando López, Giovanny Guzmán y Lorenzo Padilla, Antonio José Caldera, Juan Diniro Hernández, Jorge Paternina Roa, Evangelista Urrego Ferreira, Milton Romero Churio, Carlos Manuel Arriero, y Edison Martínez, Carlos Eleno Bacca Rodríguez, Joel Bacca Téllez, Ellacit Bacca Téllez y Adel Bacca Téllez, Milciades Cantillo Costa, Manuel Beltrán, Alejandro Teherán, Dagoberto Centeno, Julio Centeno, Carlos Lozano y Saúl Baltazar Santero, y José Villamil.
131. Respecto al caso de Javier Alberto Barriga Vergel, el Gobierno informó de que las investigaciones seguían su curso, y que la Unidad de Fiscalía Regional se encarga del caso al considerarse que el homicidio del abogado fue perpetrado con fines terroristas. Igualmente, en relación con el caso de un indigente de nombre desconocido, el Gobierno informó de que la persona en cuestión se trataba de José Eugenio Gómez Ojeda, de 25 ó 30 años de edad. La investigación respecto a este caso fue remitida al Juzgado Penal Militar.
132. El Gobierno de Colombia también informó al Relator Especial de que en los casos siguientes, si bien se habían iniciado investigaciones no había sido posible identificar o determinar quiénes eran los autores: Alejandro Sibaja Estrada, Gabriel Angel Ramos Enamorado, Abel y Ninfa Patrana Vásquez, Misael Bocanegra Malambo, Oscar Antonio Palmett Schmalbach, Luis Emilio Mejía Suárez, Estín Enrique Payares Arrieta, Francisco Sierra Benítez, Gabriel Jaime Ortiz, Jaime Picón Torres y David Reyes Castro, Marco Aurelio Pérez Castrillón, Blanca Cecilia Jiménez Contreras, Rodrigo de Jesús Flórez, Eugenio, Jorge y Julio Salazar, Luis Fernando Carrillo Villegas. Respecto a la muerte en custodia, en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, de Jorge Elí Camargo Molina, el Gobierno informó al Relator Especial de que no se logró identificar o individualizar a los autores ni determinar si se cometió o no delito.
133. También se habrían iniciado investigaciones que habrían quedado en suspenso al no haberse podido identificar a los responsables de los hechos en los casos de Saúl Parra García, Ramiro Valenzuela Sepúlveda, Rubel González, Roque Jacinto Arrieta Martínez. También se suspendieron las investigaciones y se ordenó el archivo provisional del caso de Luis Erasmo Acosta Robayo. Igualmente informó el Gobierno de que, respecto a los casos de Laudwin Tarazona Gallardo, Daniel Gallardo Jaime y Jesús E. Castellanos Herrera, se decretó la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación el 17 de abril de 1995.
134. El Gobierno proporcionó también detalles sobre las medidas de seguridad adoptadas en relación con las siguientes personas que habían sido amenazadas de muerte: miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, Alio Félix, Josué Giraldo, Teresa Mosquera, Islena Rey, Hna Nohemy Palencia, Monseñor Alfonso Cabezas y Gonzalo Zarate, Yanette Bautista y Gloria Galíndez, trabajadores bancarios de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, y específicamente Rafael Tobías Peña, miembros de la comunidad indígena de la comunidad zenú de San Andrés de Sotavento, e informó sobre las acciones realizas para su protección, población civil de Segovia y Remedios.
135. Igualmente, el Gobierno transmitió copia del Acta de Acuerdo redactada por los representantes del Gobierno Nacional y los campesinos desplazados del Rancho Bellacruz.
Seguimiento
136. El Relator envió una carta de seguimiento al Gobierno de Colombia en la cual solicitaba informaciones adicionales sobre algunos de los casos enviados al Gobierno. En la misma el Relator notaba que si bien era alentador el hecho de que en la mayoría de las respuestas enviadas por el Gobierno quedara patente que las autoridades habían iniciado investigaciones sobre las supuestas violaciones del derecho a la vida, era preocupante el hecho de que en la mayoría de los casos no se hubiera logrado identificar a los autores. El Relator expresó también su preocupación por el hecho de que, al no poderse determinar la autoría de ciertos crímenes, las investigaciones hubieran sido suspendidas o se habieran archivado los casos provisionalmente.
137. El Relator solicitó también detalles adicionales sobre, entre otros, los casos de: Jorge Elí Camargo Molina, muerto en la Cárcel Modelo de Bucaramanga en octubre de 1994, Orlando de Jesús Durango, supuestamente muerto por un policía, el fiscal Martín Parroquiano Cubidas; y el abogado Javier Alberto Barriga Vergel, casos que habían sido transmitidos en años anteriores.
Seguimiento de las recomendaciones hechas por el Relator Especial sobre la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre la tortura, después de su visita a Colombia en octubre de 1994
138. El 29 de octubre de 1996, el Relator Especial, conjuntamente con el Relator Especial sobre la tortura, envió una carta al Gobierno de Colombia en la que solicitaba ser informado sobre las medidas adoptadas por las autoridades durante 1996, de conformidad con las recomendaciones emitidas por los Relatores en su informe sobre su visita al país en octubre de 1994, para contribuir a mejorar la situación del derecho a la vida y la integridad física en Colombia. Ambos Relatores solicitaron saber, entre otras cosas:
a) Si el proyecto de reforma del Código Penal y Procesal Penal Militar fue presentado a la consideración del Congreso de la República, y si se había adoptado alguna posición respecto de las diferencias existentes en el seno de la comisión encargada de preparar el proyecto.
b) Si finalizó la revisión de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia por la Corte Constitucional y cuáles fueron las modificaciones finales introducidas en esa ley respecto del sistema de justicia regional.
c) Qué pasos se habían dado para el establecimiento de un mecanismo que contribuyera a hacer justicia respecto del pasado.
d) Medidas adoptadas para desmantelar los grupos paramilitares.
e) Si se aprobó el proyecto de ley que autorizaba al Gobierno a pagar indemnizaciones como resultado de decisiones adoptadas por organismos intergubernamentales y qué disposiciones habían sido adoptadas respecto al pago de compensaciones.
f) Si estaba funcionando el programa de protección de testigos y si se le habían asignado mayores recursos.
g) Si continuaba funcionando el sistema de fiscalías delegadas para unidades militares.
Observaciones
139. El Relator está profundamente preocupado por el masivo número de denuncias que siguen llegando a su conocimiento y considera que tal circunstancia pone de manifiesto que la situación del derecho a la vida en Colombia no puede seguir siendo analizada únicamente dentro de un mandato temático, sino que amerita el establecimiento de un mecanismo ad hoc. En este sentido, el Relator celebra que el 29 de noviembre de 1996, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Colombia firmasen un acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una oficina del Alto Comisionado. El Relator espera que la oficina del Alto Comisionado esté a la altura que requiere la situación de los derechos humanos en Colombia y contribuya a la prevención de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, así como de la impunidad que permite a ésta perpetuarse, en particular mediante la aplicación de las recomendaciones emitidas en el informe conjunto del Relator sobre la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre la Tortura, tras su visita al país en octubre de 1994 (véase E/CN.4/1995/111). Sería deseable que la Comisión continuara examinando la cuestión con miras a poder apreciar la eficacia de la nueva oficina en su 54º período de sesiones.
140. Al mismo tiempo, el Relator expresa su agradecimiento al Gobierno de Colombia por el elevado número de respuestas que ha proporcionado y lamenta que, debido a la falta de recursos humanos y materiales a disposición del Relator, no se haya podido dar un seguimiento apropiado a las mismas.
