Foto Cortesía Comisión de la Verdad.
Buenaventura, 26 de mayo de 2022. Juliette De Rivero, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos participó en espacio de escucha y reconocimiento a la Dignidad de las Comunidades Étnicas del Río Naya.
“Este es un espacio fundamental para reconocer las luchas y los procesos colectivos de resiliencia y construcción de paz de las víctimas, y una oportunidad para rechazar las violaciones en contra de estas comunidades y reconocer los impactos diferenciales –individuales, colectivos, psicoespirituales y territoriales de la violencia sobre sus planes de vida y territorios”, dijo De Rivero.
“El reconocimiento de las víctimas –añadió- requiere del reconocimiento de sus historias de vida, de la lucha de sus familiares y sus acciones colectivas. Esto es esencial y necesario para garantizar la satisfacción integral sus derechos y un proceso de rendición de cuentas que guarde correspondencia con las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.”
Desde que inició su mandato en Colombia, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha acompañado a los pueblos y comunidades étnicas, que han informado sobre las violencias que padecen en sus territorios.
De acuerdo con el mandato, la Oficina ha dado seguimiento a la situación y advertido en sus informes anuales la grave situación que afrontan los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y los riesgos diferenciales y colectivos a los que están expuestos.
En el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 1999 se advierte que “numerosos líderes indígenas y afrocolombianos han resultado muertos o desaparecidos, y gran número de personas de esas comunidades han debido desplazarse forzosamente”[1].
Para el 2004, la Oficina señaló que “las comunidades indígenas y afrocolombianas sufrieron el impacto del conflicto armado sobre su diversidad étnica y cultural, al invadir sus territorios, así como de la situación de exclusión y discriminación que sigue afectándolas”[2].
En ese mismo sentido en 2006, la Oficina expresó que “la población indígena y afrocolombiana, enfrenta una situación de alta vulnerabilidad por el conflicto armado interno”[3].
En 2010 la Oficina señaló que “los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas continúan sufriendo de forma desproporcionada la violación de sus derechos en el marco del conflicto armado”[4].
Pese a los esfuerzos impulsados por el Estado, aún persisten desafíos que deben ser abordados para garantiza la pervivencia física y cultural de los pueblos y las comunidades étnicas en el país. Para el 2021 la Oficina observó que “que la acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas”[5]…
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[1] OACNUDH, Informe 2006, E/CN.4/2000/11, párr. 76.
[2] Ibídem, E/CN.4/2005/10, párr. 120
[3] Ibídem,, A/HRC/4/48. 5 de marzo de 2007.
[4] Ibídem, A/HRC/16/22, párr. 69.
[5] Ibídem, A/HRC/49/19, párr. 28
Intervención de Juliette de Rivero Encuentro de Reconocimiento a la Dignidad de las Comunidades Étnicas del Río Naya