Presentación del Informe Anual del Alto Comisionado sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, Medellín 28 de marzo

Buenos días a todas, todos y todes, gracias por estar aquí hoy día. Un saludo a la mesa principal, a las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, a quienes aprovecho para reconocer su labor y entrega.

Tengo el honor de estar con ustedes en Antioquia para presentarles el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el 2022.

El informe se refiere a la situación de derechos humanos en Colombia  del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, haciendo énfasis en el impacto de la violencia territorial en los derechos humanos. Valora, además, el estado de implementación del Acuerdo de paz en materia de derechos humas y revisa las propuestas y reformas del Gobierno en materia de derechos humanos – incluyendo la Política de Paz Total – y el nuevo enfoque de seguridad humana.

1.       Violencia:

La situación de violencia que se observó en los territorios en 2022 sigue siendo gravísima – con altos niveles de masacres, homicidios de personas defensoras, además de la violencia cotidiana que sufren las poblaciones y la destrucción del tejido social.

En este informe deploramos la violencia sexual y de género como instrumento y arma de guerra. El reclutamiento infantil que es una de las principales preocupaciones de las comunidades y que aún no se evidencia ni se dimensiona plenamente.

a.       Homicidios de personas defensoras de derechos humanos en 2022:

Durante el 2022 recibimos 256 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. De ellos, verificamos que en 116 casos la persona no solo ejercía una labor de defensa, sino que contamos con una base razonable para creer que su homicidio se dio en virtud de esa labor.  Estos fueron 16 casos más respecto de 2021. En el restante 140 de los casos, la información con que contaba la oficina no es concluyente para llegar a esa conclusión.

En los casos verificados:

o   107 hombres

o   23 indígenas

o   14 afrodescendientes

o   52 campesinos

–          9 mujeres

o   3 indígenas

o   1 afrodescendiente

o   1 campesina

o   1 mujer trans

45% de los casos de homicidio que documentamos – corresponden a homicidios de integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Esto es muestra de la violencia que utilizan los grupos armados no estatales – para controlar a las comunidades y su territorio. Los grupos presionan a las JAC para controlar las comunidades e intentan usurpar estos cargos.

De 13 casos de homicidios de miembros de JAC en 2021 se pasó a 52 en 2022. Se necesita una estrategia especial para su protección.

COMO LO HEMOS DICHO EN VARIAS OCASIONES la violencia afecta la pervivencia de pueblos indígenas y afrodescendientes. La violencia busca destruir la fortaleza de los pueblos destruyendo a sus líderes.

En el 2022 muchos líderes étnicos pagaron con su vida la defensa de su territorio y de sus comunidades.

Se debe priorizar la protección de los pueblos indígenas y afro-descendientes, en particular aquellos en riesgo de extinción.

En el caso de Antioquia, verificamos cinco asesinatos de personas defensoras, 2 en Ituango, 1 en Turbo, 1 en Granada y 1 en San Pedro de Urabá, que responden a dinámicas de control, estigmatización e intolerancia hacia la labor de defensa de derechos humanos.

Cada persona defensora asesinada en Colombia en general, y en Antioquia en particular, dejó a familias y comunidades rotas. Rendimos homenaje a cada una de estas personas y nos solidarizamos con sus seres queridos, sus pueblos y sus organizaciones.

b.       Amenazas

Además de los homicidios, en el 2022 ONU Derechos Humanos promovió medidas de protección y acciones investigativas en 682 casos de amenazas y ataques en contra de personas defensoras, 501 en contra de hombres, 163 en contra de mujeres, algunas de las cuales constituirían violencia de género, 8 en contra de personas LGBTIQ+ (MAS)  y 10 en contra de organizaciones.

Nos preocupa, además, el impacto negativo de una serie de panfletos presuntamente firmados por las “Águilas Negras”, que amenazaban a varias personas defensoras, incluyendo a miembros del movimiento estudiantil de la Universidad EAFIT en Antioquia así como a magistrados/as de la Corte Constitucional quienes votaron a favor de la sentencia que despenalizó en febrero la interrupción del embarazo, y a la Vicepresidenta de la República cuando era candidata.

Algunos panfletos, seguidos de amenazas de muerte, generaron temor y desplazamientos de personas defensoras del ambiente. La oficina también recibió información de alcaldes y alcaldesas, personeros y personeras, que recibieron también amenazas de muerte e incluso atentados contra su vida presuntamente por parte de grupos armados no estatales en su búsqueda por ejercer control territorial.

La violencia nunca puede normalizarse – es importante implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que entregó su informe final en el 2022 y que recomienda una seguridad para la paz, atendiendo las causas profundas y estructurales de la desigualdad y del racismo y la impunidad.

Frente a la situación de riesgo de personas defensoras – recomendamos la reforma completa de la Unidad Nacional de Protección – con participación de la sociedad civil y de ONU Derechos Humanos y saludamos los esfuerzos iniciales de su actual director para atacar la corrupción dentro de esa institución.

Recomendamos al Congreso asignar recursos adecuados a cada uno de los ministerios e instituciones responsables de la adopción e implementación de las medidas de protección colectiva y aprobar la iniciativa para fortalecer la labor de derechos humanos de las personerías en los municipios de categoría cinco y seis, que registren los más altos niveles de violencia en contra de las comunidades. Ellas y ellos están solos representando al Estado para proteger los derechos humanos y necesitan más capacidad.

Saludamos el avance para la ratificación del acuerdo de Escazú / y solicitamos que se asignen recursos adecuados para su efectiva implementación – de manera que contribuya de manera efectiva a la protección de personas defensoras del ambiente.

c.       Masacres

Alegaciones de masacres: 128

Casos verificados: 92, un incremento respecto de 2021 cuando verificamos 78.

Casos en proceso de verificación: 2

Casos no concluyentes: 34

En los 92 casos verificados hay 321 víctimas:

–          270 hombres

–          30 mujeres

–          14 niños

–          7 niñas

–          27 víctimas pertenecían a pueblos étnicos

o   23 indígenas

o   4 afrodescendientes

Antioquia fue, lamentablemente, el departamento con mayor número de masacres verificadas por la Oficina: 8 en total, en los municipios de Caucasia, El Bagre, Remedios, Santo Domingo, Medellín, Valencia, Salgar y Giraldo.

Desplazamiento y confinamiento

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en 2022:

–          82.862 personas fueron desplazadas

o   19% son niños y niñas

o   65% son indígenas y afrodescendientes

–          102.395 personas fueron confinadas

o   70% son indígenas y afrodescendientes

2.       Las nuevas políticas del Gobierno y cumplimiento del Acuerdo de Paz

Este informe aborda la nueva política de “paz total” y la transición  y cambios en la política de seguridad hacia un modelo de seguridad humana

a.       Principales reformas propuestas por el Gobierno y cumplimiento del Acuerdo de Paz

La política de “paz total” además de construir un camino para llegar a la paz con los grupos armados incluye el compromiso de fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz y esto es importante porque el Acuerdo de Paz atiende las causas estructurales de la violencia. Tiene capítulos específicos sobre seguridad y garantías. Propuestas para hacer llegar el Estado y el desarrollo a los territorios y la propuesta de Reforma Rural Integra.

El compromiso del nuevo Gobierno con la implementación del capítulo étnico y el nombramiento de personas defensoras de derechos de los pueblos étnicos en cargos oficiales son señales positivas.

Saludamos el acuerdo para la adquisición de tierras con el gremio ganadero, el reconocimiento de la declaración de ONU sobre los derechos campesinos y los proyectos para una jurisdicción agraria.

Es importante fortalecer la participación de las comunidades en la implementación de la reforma rural integral.

Hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades del sector, a generar un programa de acceso a la tierra para mujeres campesinas.

También saludamos la reforma de la política de drogas por un enfoque menos punitivo, más social y de salud pública. Es importante que el gobierno se haya distanciado de una política que en algunos casos generaba violencia contra los más vulnerables.

b.      Desmantelamiento

El informe urge al Estado a adoptar e implementar una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y un plan de acción para la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tome en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y cuente con la participación de la sociedad civil. El sometimiento es sólo un componente, que debe ir de la mano con inversión social, combate a la corrupción y a la legitimación de capitales y el fortalecimiento de la justicia.

c.       La Propuesta de Paz Total

En lo que concierne las negociaciones de la Paz Total:

–          Llamamos a la inclusión de las poblaciones afectadas y las mujeres en las negociaciones. Estamos dispuestos a asesorar en temas de derechos humanos.

–          Dada la urgencia de la situación en los territorios el primer objetivo de las negociaciones debe  ser des-escalar la violencia y mitigar sus impactos.

–          Urgimos a todos los grupos armados no estatales y organizaciones criminales a respetar irrestrictamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

d.      Garantías

Saludamos las medidas de Emergencia y los esfuerzos del Ministerio del Interior para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Son primeros pasos que se tienen que consolidar en el territrorio. Valoramos la relación de trabajo y la apertura del Ministerio del Interior.

3.       Fuerza Publica

ONU Derechos Humanos saluda la adopción de un concepto de seguridad humana como fundamento de la nueva política de seguridad del Gobierno. Este concepto amplía la noción tradicional de seguridad y establece una estrecha relación con los derechos humanos.

a.       Muertes de miembros de la Fuerza Pública

Según el Observatorio de DH y Defensa Nacional en el 2022 al menos 103 miembros de la Fuerza Pública murieron por acciones de organizaciones criminales y grupos armados no estatales. Algunos de estos casos fueron cometidos en Antioquia.

Nos solidarizamos con sus familias.

b.      Connivencia

ONU Derechos Humanos continuó recibiendo información desde los territorios sobre elementos y/o mandos que estarían implicados en casos de connivencia y/o corrupción. Es urgente fortalecer los mecanismos de control y darle prioridad a las investigaciones de estos casos.

c.       Privaciones arbitrarias de la vida

La Oficina recibió 71 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida que habrían presuntamente cometido integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares.

Es urgente avanzar en la reforma a las doctrinas militar y policial, y que se priorice la protección de la población civil en el diseño y ejecución de las operaciones militares y operativos policiales.

ONU Derechos Humanos asesora técnicamente al Gobierno para que los derechos humanos sean debidamente integrados en este nuevo paradigma de seguridad humana.

La Oficina transmitió las 71 alegaciones al Ministerio de Defensa. El Ministerio consideró que en 41 casos no se cometió una violación al derecho a la vida, ya que se habrían respetado las normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego o el derecho internacional humanitario, o se trató de alegaciones que no involucran a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa también informó que ha tomado acción en 30 alegaciones en las cuales podría haberse violado el derecho a la vida, incluyendo en algunos casos, acciones penales o disciplinarias.  Hemos acordado con el Ministerio de Defenso, un método de trabajo para revisar estos casos y alegaciones.

La decisión de suspender los bombardeos dirigidos a objetivos de alto valor donde se identifique la presencia de niños, niñas y adolescentes es un avance importante. La adhesión de Colombia a la Declaración sobre Escuelas Seguras también debe se resaltado

Urgimos al Estado a iniciar un proceso de reforma a la ley de inteligencia, con amplia participación de la sociedad civil, que contemple mecanismos adecuados de control y de análisis de la información.

4.       Justicia Transicional

La Oficina valora la apertura de tres nuevos macro-casos y reitera la importancia de la apertura formal del macro-caso sobre violencia sexual.

Es importante que a medida que avancen los procesos, las sanciones propias que sean impuestas por el Tribunal para la Paz deben considerar las preocupaciones y propuestas presentadas por las víctimas.

Las audiencias de reconocimiento de responsabilidad que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos sobre secuestros (caso 01) y ejecuciones extrajudiciales (caso 03) a nivel nacional, en Bogotá y en los departamentos del Cesar y de Norte de Santander son hitos significativos para el conocimiento de la verdad y la justicia en Colombia.

También han sido importantes las medidas cautelares que protegen lugares en los que habría víctimas de desaparición en Antioquia y Valle del Cauca, entre otros.

Frente a la multiplicidad de casos de desaparición en Colombia, sería importante adoptar una política integral para prevenir y actuar frente a la desaparición. Esto facilitaría una mejor coordinación institucional.

La aceptación en agosto por parte del Estado de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales constituye un importante avance para la búsqueda, la investigación y la erradicación de la desaparición forzada

5.       Derecho a la reunión pacífica

En  2022, la Oficina documentó 110 casos de personas detenidas y privadas de su libertad en relación con las protestas del Paro Nacional en 2021

–          95 hombres

–          15 mujeres

La mayoría de las personas imputadas son jóvenes entre 18 y 28 años, en condiciones de vulnerabilidad, algunos acusados de actos de terrorismo y de concierto para delinquir.

Recomendamos a Fiscalía General de la Nación a que la persecución de hechos violentos durante las protestas observe las normas y estándares de derechos humanos, incluyendo la aplicación e interpretación de tipos penales acorde a los hechos perseguidos.

Además, ONU Derechos Humanos recomendamos que se avance en la investigación de las violaciones cometidas durante el Paro Nacional de 2021, particularmente los homicidios en el contexto de protestas, lesiones graves, incluyendo oculares, y la violencia de género, y lleve a los presuntos perpetradores ante la justicia.