8 de julio de 2024
Saludo a las/los Comisionadas/Comisionados, a las autoridades del Estado, a las personas defensoras de derechos humanos y muy especialmente a las víctimas y sus familiares de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, que luchan por la justicia.
Mi nombre es Juliette De Rivero. “Estoy aquí para proporcionar intervenir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Mi intervención se realiza estrictamente de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus oficiales y expertos en misión. Por lo tanto, nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, sus oficiales y expertos en misión, quedando expresamente reservados.”
ONU Derechos Humanos considera que poner fin a la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos es una condición indispensable para prevenir su recurrencia y avanzar en una verdadera transformación en la forma de gestionar las protestas por parte del Estado.
El documento de Lecciones Aprendidas durante el Paro Nacional publicado por ONU-Derechos Humanos a finales del 2021 documentó 46 casos de muertes en el contexto de las protestas; 60 casos de violencia sexual (48 mujeres y 12 hombres víctimas) y 24 casos de lesiones oculares de particulares1.
Sobre los casos de muertes en el contexto de protesta, quisiera iniciar señalando como un paso positivo el que la Fiscalía General de la Nación amplió el número de casos que se encuentra investigando en el contexto del Paro Nacional al pasar de 29 casos en investigación a finales de 2021 a 49 casos al día de hoy, de los cuales 27 podrían ser atribuibles a Fuerza Pública, 12 a actores no estatales y 10 casos de autoría no identificada.
Esta ampliación se ha logrado en virtud del trabajo de la Mesa Interinstitucional Permanente convocada en 2022 por el Ministerio de Defensa y en la que participan la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación, la Inspección General de la Policía Nacional y en la que ONU-Derechos Humanos es invitada.
Preocupa el que a tres años del Paro Nacional no se haya logrado ninguna condena por muerte de personas que participaron en las protestas. Se ha logrado individualizar e imputar a alrededor de 13 integrantes de Fuerza Pública y 21 casos se encuentran en etapa de juicio. Sin embargo, aún 28 casos continúan en etapa de indagación.
Algunos de los principales obstáculos para avanzar en las investigaciones han sido: la lentitud con la que realizaron los actos urgentes luego de la muerte de las víctimas, las dificultades para individualizar a los responsables cuando no existió evidencia balística que permitiera hacer el vínculo con el uso de un arma de dotación; la resolución de los conflictos de jurisdicciones entre la justicia militar y ordinaria, y el limitado número de investigaciones de contexto conducidas por la Fiscalía General.
Ante ello, quisiera destacar que la Fiscalía General ha logrado avanzar en un conjunto de investigaciones por contexto y apuntando a la responsabilidad por cadena de mando en casos de muertes sucedidas en Cali. También se han dado algunos avances en los casos sucedidos en Bogotá, Ibagué y Madrid logrado imputaciones de patrulleros del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Como buenas prácticas destacan: el que la Procuraduría General haya asumido el poder preferente para iniciar procesos disciplinarios en casos de violaciones a los derechos humanos que en su momento fueron archivados por la Inspección General de la Policía; el que la Dirección de la Fiscalía de Derechos Humanos mantenga un seguimiento de las investigaciones de todas las muertes sucedidas en el Paro Nacional y el que se haya realizado recientemente una reunión en la que la Fiscalía, la Procuraduría y la Inspección de la Policía Nacional presentaron los avances investigativos a un número muy significativo de familiares de víctimas de Cali. Estás prácticas fueron promovidas en buena medida en el maro de la Mesa Interinstitucional Permanente.
En los casos de violencia de género, incluyendo violencia sexual, así como en los casos de lesiones oculares, los retos para avanzar en las investigaciones son aún mayores En este sentido destaco el compromiso asumido por la nueva Fiscal General de la Nación para avanzar en las investigaciones de casos de lesión ocular ocurridos en los contexto de protesta. La Mesa Interinstitucional también tiene en su plan de trabajo facilitar el avance de estos casos y en los casos de violencia sexual.
Continúa siendo una preocupación para la Oficina los casos de personas que participaron en las protestas y que continúan privados de libertad enfrentando cargos por delitos tales como concierto para delinquir y terrorismo.
Como medida de no repetición, quisiera destacar las reformas impulsadas por el Ministerio de Defensa en los reglamentos para la gestión de la protesta por parte de la Policía Nacional. Se ha iniciado la suplantación del ESMAD por un nuevo cuerpo denominado Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), cuyos protocolos de actuación integran estándares internacionales claves como el diálogo como principal herramienta para la gestión de las protestas o el principio de diferenciación en el uso de la fuerza. También se espera que pronto se aprueben una nueva reglamentación sobre el uso de la fuerza en el marco de las protestas, incluyendo las armas de menor letalidad en línea con los estándares internacionales y como resultado de un proceso de diálogo con la sociedad civil, facilitado por la Oficina.
Para terminar mi intervención quisiera destacara la necesidad de seguir trabajando en siete líneas estratégicas:
•Seguir fortaleciendo la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para conducir investigaciones de contexto que apunten a identificar responsables directos de violaciones a los derechos humanos, pero también a los altos mandos responsables de no tomar acciones de debida diligencia para prevenir la comisión de dichas violaciones.
•Mantener e intensificar los trabajos de la Mesa Interinstitucional Permanente para acelerar los avances investigativos y los procesos penales de los 49 casos de muertes en el contexto de las protestas del Paro Nacional y de otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el Paro Nacional, especialmente casos de violencia sexual y lesiones oculares.
•Mantener la práctica de informar periódicamente a las víctimas y sus familiares de los avances investigativos y en los procesos penales por parte de las autoridades responsables.
•Restringir el uso de la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos de la Fuerza Pública en los contextos de protesta en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana.
•Adecuar la normatividad para reconocer el derecho a la atención y reparación integrales a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los contextos de protesta.
•Establecer una mesa lidereada por la Fiscalía General para revisar los casos de judicialización de personas que participaron en las protesta a la luz de los estándares de derechos humanos.
•Profundizar la reforma de la Policía Nacional para garantizar que las reformas normativas se traduzcan en una transformación de la cultura institucional que garantice el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
La Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombia confía en que esta audiencia sirva para que las víctimas y sus familiares pueden avanzar en su búsqueda de justicia, en el combate a la impunidad y en la implementación de medidas de no repetición de violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas.
Muchas gracias
Intervención de Juliette de Rivero en Audiencia Pública de la CIDH sobre: “Seguimiento a las recomendaciones relativas a la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional de 2021”
