BOGOTÁ (4 de Septiembre de 2024) – La paz en Colombia sólo puede alcanzarse abordando la división de clases y la discriminación generalizada a la que se enfrentan las personas en situación de pobreza en el país, ha afirmado hoy el experto en pobreza de la ONU al término de su visita al país.
«Las personas colombianas ricas y pobres viven en mundos separados y estos mundos muy rara vez se encuentran», afirmó Olivier De Schutter, el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. «Sin embargo, a menos que la erradicación de la pobreza se convierta en una prioridad para la sociedad colombiana, sin importar su nivel de ingresos, el círculo vicioso de la pobreza y el conflicto continuará, y el país nunca conocerá la paz.»
El Relator Especial advirtió que la pobreza estaba alimentando el actual conflicto en Colombia, un conflicto que ha limitado gravemente el desarrollo socioeconómico del país, con unos costes humanos y medioambientales extraordinariamente elevados.
«La falta de oportunidades de empleo está convirtiendo a las personas en situación de pobreza en un blanco fácil para el reclutamiento por parte de grupos armados no estatales, y la falta de alternativas viables para los cultivadores de coca no les está dejando otra opción que continuar con los cultivos ilícitos», afirmó De Schutter.
«Mientras tanto, el conflicto es una de las principales causas de pobreza en el país, ya que los grupos armados no estatales obligan a las personas a abandonar sus hogares y tierras por miedo a quedar atrapadas en el fuego cruzado, o confinándoles por la fuerza en sus casas, lo que les imposibilita acudir a la escuela, al trabajo o a los centros de salud.
«En toda Colombia, las bandas criminales también están vaciando las cajas de los pequeños negocios a través de “vacunas” y los bolsillos de las personas desesperadas a través del “gota a gota” o “paga diarios.»
El Relator Especial expresó su preocupación por el sistema de estratificación social del país -según el cual los barrios se clasifican del 1 al 6, siendo el seis el más rico y el uno el más pobre-, calificando la política de planificación como «segregación social institucionalizada» y viéndolo como un obstáculo importante para erradicar la pobreza y alcanzar la paz.
«Aunque la idea de que los residentes de los estratos ‘altos’ paguen más por sus servicios públicos para así subvencionar a los de los estratos ‘bajos’ es loable, la consecuencia no deseada ha sido mantener a la gente encerrada en sus barrios y municipios», dijo el experto.
«Teniendo en cuenta lo poco que se relacionan las personas de distintos grupos de ingresos en Colombia -en la escuela, en el lugar de trabajo o en los espacios públicos-, no es de extrañar que un niño nacido en una familia pobre tarde 11 generaciones en ganar un salario promedio”.
«Para agravar esta crisis de movilidad social, está el hecho de que las personas colombianas han llegado a utilizar el sistema para clasificar a las personas, no sólo a los barrios, un caso claro de la «aporofobia» que estigmatiza a las personas en los estratos más bajos y les dificulta el acceso a empleos decentes o a servicios públicos.»
De Schutter acogió con satisfacción los planes para abandonar la estratificación social y avanzar hacia un Registro Universal de Ingresos. También elogió los recientes esfuerzos del gobierno para aplicar una fiscalidad más progresiva, aumentar el salario mínimo y mejorar el sistema de pensiones, expresando su esperanza en que también se aprueben las reformas de la salud y la educación como un paso importante para abordar la segregación social en un país en el que «las brechas en el acceso y la calidad de la educación y la salud son inmensas.»
Refiriéndose al comercio ilegal de drogas en Colombia -una de las principales fuentes de violencia y pobreza-, el Relator Especial pidió la plena aplicación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo el apoyo a los cultivadores de coca para sustituir cultivos.
«Proporcionar a los campesinos asistencia financiera y técnica no basta para que funcione la sustitución de cultivos», dijo De Schutter. «También necesitan un mejor acceso al crédito y a los mercados, y obtener un precio decente por sus productos.»
Además, instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de Colombia para identificar alternativas basadas en los derechos humanos a la «lucha contra las drogas», dado el impacto adverso de esta política sobre las personas en situación de pobreza.
El experto visitó Bogotá, Soacha, Ciudad Bolívar, Cali y Buenaventura, reuniéndose con personas que viven en la pobreza, grupos de la sociedad civil y funcionariado del gobierno y estado.
«Desde las redes comunitarias que crean y gestionan escuelas, bibliotecas y proyectos de agua, hasta los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos que arriesgan sus vidas para proteger a los demás, la población de a pie está interviniendo para cubrir las carencias en los servicios públicos y proteger a las personas más vulnerables de la violencia y las penurias que provocan los grupos armados no estatales y las bandas criminales. Si las autoridades colombianas se toman en serio la erradicación de la pobreza y la consecución de la «paz total», deberían apoyar y aprender de la labor que realizan estas organizaciones de base o lideresas «, dijo De Schutter.
El Relator Especial presentará su informe final sobre Colombia al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025.
FIN
Las fotos de prensa de la visita del Relator Especial a Colombia pueden descargarse aquí.
Olivier De Schutter (Bélgica) es Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos desde mayo de 2020. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de los Procedimientos Especiales, nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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There will be no peace in Colombia while social segregation exists: UN poverty expert
BOGOTA (4 September 2024) – Peace in Colombia can only be achieved by addressing the country’s class divisions and widespread discrimination facing people in poverty, the UN’s independent human rights expert on poverty said today, ending a visit to the country.
“Rich and poor Colombians live worlds apart and these worlds very rarely collide,” said Olivier De Schutter, the UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. “Yet unless eradicating poverty becomes a priority for all Colombians, no matter their income bracket, the vicious cycle of poverty and conflict will continue, and the country will never know peace.”
He warned that poverty was fuelling the ongoing conflict in Colombia – a conflict that has severely constrained the country’s socio-economic development, with extraordinarily high human and environmental costs.
“A lack of employment opportunities is making people in poverty an easy target for recruitment by non-state armed groups, and a lack of viable alternatives for coca farmers is leaving them with little choice but to continue growing illicit crops,” De Schutter said.
“Meanwhile, conflict is one of the principal causes of poverty in the country, with non-state armed groups forcing people to leave their homes and lands for fear of being caught in the crossfire, or forcibly confining them to their homes, making it impossible for them to attend school, work or healthcare facilities.
“Throughout Colombia, criminal gangs are also emptying the tills of small businesses through extortion and the pockets of desperate people through extortive money-lending.”
The Special Rapporteur expressed concern at the country’s social stratification system – whereby neighbourhoods are classified from 1-6, with six being the richest and one the poorest – calling the planning policy “institutionalised social segregation” and a major obstacle to eradicating poverty and achieving peace.
“While the idea that ‘higher’ strata residents pay more for their utilities to subsidise utilities in ‘lower’ strata is laudable, the unintended consequence has been to keep Colombians locked into their neighbourhoods,” the expert said.
“Given how little people of different income groups interact in Colombia – at school, in the workplace or in public spaces – it is little wonder that it would take 11 generations for a child born into a poor family to earn an average wage.
“Exacerbating this crisis of social mobility is the fact that Colombians have come to use the system to classify people, not just neighbourhoods, a clear case of the ‘povertyism’ that stigmatises those in lower strata and makes it harder for them to access decent jobs or public services.”
De Schutter welcomed plans to move away from social stratification towards a Universal Income Registry. He also commended recent government efforts to implement more progressive taxation, increase the minimum wage and improve the pension system, expressing hope that health and education reforms would also be approved as an important step towards addressing social segregation in a country in which “gaps in access to, and quality of, education and healthcare are vast”.
Referring to Colombia’s illegal drug trade – a major source of violence and poverty – the Special Rapporteur called for the full implementation of the 2016 Peace Agreement, including supporting coca growers to substitute crops.
“Providing farmers with financial and technical assistance is not enough for crop substitution to work,” said De Schutter. “They also need improved access to credit and markets, and to obtain a decent price for their produce.”
He urged the international community to support Colombia’s efforts to identify human rights-based alternatives to the “war on drugs”, given the policy’s adverse impact on people in poverty.
The expert visited Bogotá, Soacha, Ciudad Bolivar, Cali and Buenaventura, meeting with people living in poverty, civil society groups and government officials.
“From community networks setting up schools, libraries and water projects, to social leaders and human rights defenders putting their lives at risk to protect others, ordinary Colombians are stepping in to fill gaps in public services and shield the most vulnerable from violence and hardship wrought by non-state armed groups and criminal gangs. If Colombian authorities are serious about ending poverty and achieving ‘total peace’, they should support and learn from their work,” De Schutter said.
The Special Rapporteur will present his final report on Colombia to the Human Rights Council in June 2025.
ENDS
Press photos of the Special Rapporteur’s visit to Colombia are available to download here.
The expert: Olivier De Schutter (Belgium) has been the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights since May 2020. He was appointed by the UN Human Rights Council.
Special Rapporteurs, Independent Experts and Working Groups are part of the Special Procedures, the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organisation and serve in their individual capacity.
UN Human Rights country page: Colombia
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09-04-2024 - No habrá paz en Colombia mientras exista segregación social, experto de la ONU en pobreza
