En el desarrollo de esta misión la Oficina recogió las siguientes informaciones:
-El 16 de enero, a las 19:00 horas aproximadamente, un grupo de hombres armados entró a la vereda Dosquebradas, y preguntó a los pobladores qué casas tenían teléfonos. Los hombres se dirigieron a estas viviendas y allí procedieron a dar muerte a algunas personas, tras acusarlas de ser informantes de los paramilitares.
-Posteriormente, los hombres reunieron a varios jóvenes de la vereda y también los mataron. A otros jóvenes les preguntaron si eran paramilitares; al contestar ellos que no, los invitaron a unirse a la guerrilla. A esta propuesta, los muchachos volvieron a decir no. Entonces el grupo armado los mató. En total, en Dosquebradas fueron asesinadas 10 personas: 9 hombres y 1 mujer embarazada. Dos jóvenes heridos fingieron estar muertos hasta que los autores de los hechos salieron del lugar.
-El grupo ilegal se dirigió después a las veredas de La Tupiada y Dinamarca. En la primera mató a 3 personas (2 jóvenes y 1 mujer) y en la segunda a 4 (2 hombres, 1 mujer y su hija de 9 meses).
-En su viaje hacia el sitio donde ocurrió la masacre, la misión de la Oficina se encontró con varias familias que se desplazaban. Estas personas pedían vehículos para transportarse y reclamaban la presencia del Ejército.
-Hasta el día 21 de enero habían llegado al casco urbano de San Carlos 661 personas desplazadas (269 menores y 392 adultos). El 22 de enero el número de desplazados ascendió a 749 personas, y continuaba el desplazamiento de los habitantes de las veredas Tabor, Vallejuelos y Puerto Rico.
-Sobre la atención a los desplazados se confirmó que su alojamiento fue proporcionado por la Alcaldía de San Carlos, que los instaló en casas vacías. Las necesidades en materia de atención de la salud han sido cubiertas, en su totalidad y con eficacia, por el hospital de San Carlos. El Comité Local para la Atención Integral a la Población Desplazada (CLAPD) suministró alimentos a los desplazados hasta que llegaron mercados de la Red de Solidaridad Social (RSS) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Entre los desplazados hay 180 menores en edad escolar. Todos tienen cupo para empezar a estudiar en San Carlos el 27 de enero.
La información recogida por la Oficina señala como autores de estos crímenes —que constituyen infracciones del derecho internacional humanitario y delitos frente a la ley penal colombiana— a miembros del IX frente de las FARC-EP.
Es una muestra lamentable e inaceptable de la degradación del conflicto armado que estos crímenes sean conocidos y permitidos por el Secretariado de las FARC-EP, sin que sus miembros los condenen e instruyan a sus frentes para que hechos como los cometidos en San Carlos no se repitan.
La Oficina insta al Secretariado de las FARC-EP a que se pronuncie sobre la responsabilidad de estos hechos.
La Oficina les solicita a las autoridades estatales que cumplan los deberes que les corresponden en materia de prevención del desplazamiento forzado y de atención a las víctimas del mismo. En particular, les subraya la necesidad de que todas las instituciones del Estado apoyen adecuadamente a las familias en proceso de desplazamiento, atendiendo los pedidos de los desplazados o de las autoridades locales.
Después de esta misión, la Oficina reitera su condena por los hechos dolorosos que causaron la muerte de varios civiles en San Carlos. Asimismo, lamenta el desplazamiento forzado de las comunidades que sufrieron la masacre, a todas estas personas les expresa su solidaridad.
La Oficina continuará dando seguimiento a la crítica situación de los pobladores del oriente antioqueño.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2003/01/cp0303.pdf
