Me gustaría aprovechar esta oportunidad para saludar y respaldar la valiosa labor de las personas defensoras de derechos humanos en Catatumbo y de las organizaciones sociales del territorio. Su valentía y resiliencia nos enseña todos los días que hay que persistir.
El viernes pasado estuve en Catatumbo y tuve la oportunidad de escuchar tanto a representantes de la comunidad como a dos informes muy importantes presentados por la Defensoría del Pueblo y en uno de los cuales participaron nuestros colegas de PNUD.
Me gustaría dividir esta intervención en cuatro sesiones cortas: la primera los datos estadísticos de la situación que hemos observado y una referencia a las principales preocupaciones de la Oficina de derechos humanos; la segunda un reconocimiento a las personas defensoras; la tercera nuestras recomendaciones para el Estado y la cuarta un llamado urgente a los grupos armados no estatales.
Situación
En el último año, más de 91 mil personas han tenido que desplazarse del Catatumbo abandonando sus casas, fincas y sus medios de vida al ser víctimas o tener el temor fundado de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos por parte de los dos actores armados no estatales que disputan el territorio y las economías ilícitas.
En el Catatumbo, verificamos en 2025 el homicidio de 7 personas defensoras de derechos humanos (6 hombres y una mujer menor de edad), entre otras violaciones de derechos humanos. Hemos podido identificar que los homicidios de personas defensoras se relacionan con la confrontación entre los grupos armados no estatales, y en su interés en debilitar los procesos organizativos de la región.
De acuerdo con el más reciente Puesto de Mando Unificado, PMU departamental, 166 personas, incluyendo 10 niños y niñas, perdieron la vida, y 63 personas resultaron lesionadas. También 19 integrantes de la Fuerza Pública perdieron la vida y 66 resultaron lesionados. A lo largo de este año, miles de personas resultaron confinadas con fuertes restricciones a sus derechos y libertades básicas.
La situación de las niñas y los niños y en particular el riesgo a ser víctimas de uso, utilización y reclutamiento el marco del conflicto armado sigue siendo sumamente preocupante. Según el ICBF, en 2025 se desvincularon 69 niños y niñas reclutados. Sin embargo, existe un importante subregistro del número de casos de niños y niñas que han sido reclutados y en la medida que las confrontaciones continúan aumenta el riesgo de reclutamiento.
Otro aspecto es la afectación a escuelas y colegios en las zonas de combates permanentes. La Defensoría del Pueblo ha reportado sobre centros educativos rurales que están minados en sus alrededores y por esa razón se encuentran inactivos. La crisis ha generado que cientos de niños y niñas no hayan podido completar el ciclo escolar, e incluso, que varias de ellas y ellos no hayan logrado aún volver a clases.
El Pueblo Barí ha registrado más de 15 hechos y afectaciones, que van desde amenazas individuales y colectivas a sus autoridades tradicionales, hostigamientos y vigilancia con drones, estigmatizaciones por redes sociales, audios amenazantes, retenes ilegales en sus territorios ancestrales, violación de sus sitios sagrados e instalación de artefactos explosivos.
Reconocimiento
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para saludar y respaldar la valiosa labor de las personas defensoras de derechos humanos en Catatumbo y de las organizaciones sociales del territorio. Su valentía y resiliencia nos enseña todos los días que hay que persistir, nos da esperanza para buscar un cambio y nos llama a continuar nuestra incidencia y llamados urgentes al Estado para que garantice su protección y sus derechos humanos, y a los grupos armados no estatales para que paren de violentar el principio de distinción, y los derechos de la población.
Recomendaciones
Voy a destacar varias recomendaciones claves para que el Estado pueda ser efectivo en la protección de derechos humanos en Catatumbo:
- Recomendamos fortalecer el trabajo de la Fiscalía tanto en el tema de homicidios de personas defensoras como en lo relacionado con las múltiples violaciones y vulneraciones de los derechos humanos y el DIH en Catatumbo.
- Recomendamos integrar el Catatumbo dentro de las regiones priorizadas para la implementación de la política de desmantelamiento.
- Urgimos al Estado, en su conjunto y de forma articulada, la implementación acelerada e integral de las medidas colectivas para proteger comunidades y organizaciones sociales.
- Llamamos a que sesione la Comisión para las Garantías de Seguridad para Comunales y se coordine la adopción de medidas efectivas para generar las condiciones para el desarrollo pacífico y seguro de los procesos electorales.
- Recomendamos que se adelanten acciones amplias de desminado humanitario en los entornos escolares y en las vías o caminos de acceso, antes de autorizar un reinicio de clases presenciales, para proteger la vida de las niñas y los niños.
- Llamamos a acelerar en los siguientes meses que queden a este gobierno la implementación del Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo, con la plena participación de los movimientos y organizaciones históricas del Catatumbo.
- Urgimos que la Fuerza Pública retome el control del territorio con pleno respeto de los derechos humanos y la observancia del DIH, al tiempo que la institucionalidad civil ingresa de manera articulada, integral y permanente para la gobernanza territorial y la consolidación del Estado Social de Derecho.
- Con relación al Pueblo Bari urgimos la protocolización e implementación del Plan de Salvaguarda, derivado del Auto 266 de 2017 que declaró al Pueblo Barí en riesgo de extinción física y cultural.
- Recomendamos escuchar el clamor de las comunidades por el diálogo y por un Acuerdo Humanitario cuyo cumplimiento pueda ser monitoreado por la Comisión Humanitaria, creada recientemente.
Llamado a los Grupos Armados no Estatales
a. Reitero nuestro llamado a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y a parar ya los ataques con drones y otros artefactos explosivos improvisados en áreas con población civil, a liberar de inmediato a niñas y niños en su poder, y a suspender el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años en Catatumbo.
b. Instamos a los grupos armados no estatales a aplicar el principio de distinción, y a respetar plenamente el DIH.
c. Los grupos armados no estatales deben comprender que toda acción en contra de la población civil es prohibida por las normas internacionales y puede constituir crímenes internacionales, incluidos crímenes de guerra o crímenes lesa humanidad.
Finalmente, ONU Derechos Humanos ha mantenido y mantendrá el monitoreo constante de la situación de derechos humanos en Catatumbo, seguirá buscando fortalecer la respuesta de las instituciones del Estado ante la crisis, y acompañar a las comunidades y a las personas defensoras en su persistencia por la paz y el respeto de los derechos humanos.
