La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su repudio por la desaparición forzosa de NEIDER JOSÉ GARCÍA CASTILLO, OSCAR SAIZ PEÑA y MARTÍN MEJÍA, líderes del movimiento de los campesinos desplazados del sur de Bolívar, el día 30 de octubre, en un retén paramilitar instalado en las afueras de San Pablo (Bolívar). Así mismo, rechaza enérgicamente la explícita amenaza de muerte que contra todos los dirigentes del mencionado movimiento se formuló en el mismo retén.
De la misma manera, la Oficina condena la masacre supuestamente perpetrada por un grupo paramilitar en el municipio de Alto del Rosario (Bolívar), hecho acaecido el 25 de octubre, en el cual perdieron la vida once personas.
A juicio de la Oficina, estos hechos muestran el carácter precario de la seguridad de las personas desplazadas que hace algunas semanas retornaron de Barrancabermeja a la región del sur de Bolívar.
La Oficina recuerda que el Gobierno colombiano ha recibido, tanto por parte de ella misma como por parte de otras instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales, amplia y precisa información sobre la actividad que en el departamento de Bolívar desarrollan grupos armados fuera de la ley.
En el marco de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre el Desplazamiento Interno, en particular del principio 28.1 sobre el deber estatal de garantizar la seguridad de las personas retornadas, la Oficina del Alto Comisionado insta al Gobierno colombiano a hacer uso de la información recibida y a tomar medidas prontas y eficaces para proteger a los miles de campesinos recién retornados al territorio bolivarense.
La Oficina hace notar que el mencionado retorno se produjo después de que el Gobierno de Colombia, por medio de un acuerdo firmado por el Presidente de la República, se comprometió a garantizar la seguridad de las personas que volvieran de Barrancabermeja a sus lugares de origen.
