Al lamentar y rechazar este nuevo acto de violencia contra ciudadanos inermes, agravado por la condición sacerdotal de dos de las personas muertas, la Oficina recuerda que los principios y normas del derecho internacional humanitario relativos a la protección de la población civil son, en todo tiempo y lugar, de obligatorio cumplimiento para quienes toman parte directa en las hostilidades libradas en el marco del conflicto armado interno.
La Oficina insta a los dirigentes del grupo armado ilegal cuyos miembros asesinaron a los padres Rozo y Mora, y a los señores Carrascal y Vergel, a asumir públicamente la responsabilidad derivada de este injustificable ataque.
La Oficina confía en que las autoridades competentes adopten todas las medidas necesarias para que los autores del crimen de El Diviso sean capturados, investigados, juzgados y sancionados.
La Oficina hace llegar su voz de condolencia y solidaridad a los familiares de las víctimas, al obispo y al presbiterio de Ocaña, a la feligresía de Convención y a la ciudadanía nortesantandereana.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2005/08/cp0543.pdf
