Esta norma establece que no se pueden interceptar llamadas sin la autorización de un juez.
La Corte Constitucional dio el visto bueno a la mayoría del articulado de esta ley que establece controles para el desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realizan las autoridades en el país.
La Sala Plena del alto tribunal determinó que algunas acciones penales deberán volver a estudiarse en el Congreso.
La iniciativa establece controles a interceptaciones telefónicas y se crea una comisión parlamentaria que vigilará los gastos reservados del Estado y modifica el código penal para proteger la identidad de quienes ejercen esa actividad.
La ley estatutaria que consta de 56 artículos, también establece que habrá un periodo de reserva de 30 años para información que sea considerada como de seguridad nacional, con la potestad para el Presidente de la República aumente ese periodo por 15 años más.
Al articulado de la ley se le incluyó un parágrafo, en el cual se establece que a los periodistas no se les aplicarán las sanciones establecidas por publicar información con carácter reservado, pero se hace un llamado a los medios de comunicación para que se autorregulen y analicen los contenidos y el impacto que puedan tener sobre la seguridad nacional.
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