Señalan los firmantes de la carta enviada desde Ginebra y dirigida al Gobierno y al Congreso que “de aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de justicia para casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía Fuerza Pública”.
Los expertos consideran que de pasar así la enmienda constitucional representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos.
“Se enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, destacan.
Aunque resaltan que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales, sostienen que los cambios propuestos ampliarían la competencia de estos tribunales, “otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos humanos que también deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal”.
Finalmente, los expertos escriben: “nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos”.
En Colombia sectores de la izquierda, entre ellos, el representante a la Cámara Iván Cepeda, han advertido que la reforma, tal como se ha aprobado, generará impunidad ante los crímenes que puedan cometer los uniformados.
El proyecto se empezará a debatir en los primeros días de noviembre en el seno de la Comisión I del Senado y a finales del mismo mes sería aprobada en la plenaria.
Los firmantes
El pronunciamiento hecho desde Ginebra, Suiza, fue suscrito por once expertos en DIH: Christof Heyns , relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales; El Hadji Malick Sow, relator grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Faiza Patel, presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los DIH; Frank La Rue, relator sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Le siguen Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados; Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles; Kamala Chandrakirana, presidente del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer; Maina Kiai, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Olivier de Frouville, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, y Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer.
