1º) Que la posición de la Oficina sobre la Ley 975 de 2005 (Ley de “justicia y paz”) está claramente fijada en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (Doc. E/CN.4/2006/9 de 20 de enero de 2006, Anexo V, parr. 16 y s.s. -Pág web www.hchr.org.co- ), dado a conocer en febrero de este año.
2º) Que en el citado Informe la Alta Comisionada invita al Gobierno y al Congreso “a introducir en la legislación sobre la desmovilización y reincorporación de miembros de grupos armados ilegales las reformas necesarias para que esa normativa sea más compatible con los principios y normas internacionales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, con la debida atención a las situaciones especiales de las mujeres, los niños y las minorías étnicas”.
3º) Que en ejercicio de su mandato la Oficina continuará dando permanente seguimiento a las medidas adoptadas para aplicar la Ley 975, y hará conocer al Estado colombiano sus preocupaciones, observaciones y recomendaciones sobre las mismas. Esto de conformidad con lo estipulado en la Sección V, 8 del Acuerdo relativo al establecimiento de la Oficina en Colombia.
4) Que en desarrollo de sus funciones de observación y seguimiento la Oficina ha solicitado al Gobierno adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la comisión de nuevas conductas punibles por parte de personas que se hayan acogido a la Ley de justicia y paz.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2006/10/cp0641.pdf
