Según algunos analistas y organizaciones civiles, este es un intento de varios países de la región por debilitar la Comisión, irritados por sus decisiones; pero los países que promueven tales cambios —los miembros de Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas), especialmente Venezuela y Ecuador, con apoyo de Brasil y otros— aseguran que la intención es fortalecerla.
Si bien hasta enero de 2013 se debatirá si estas propuestas son vinculantes, el nuevo secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, afirmó tras ser elegido en julio pasado que está dispuesto a dialogar para buscar un entendimiento con países críticos del ente autónomo de la OEA.
Para debatir el proceso de reformas a este órgano, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, inaugura hoy en Bogotá el foro “El Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en el que participarán expertos de la región. Esta será la primera de una serie de reuniones que realizará la CIDH “a fin de revisar y perfeccionar sus normas, políticas y prácticas para una mejor protección de los derechos humanos de todas las personas en la región”, según indicó en un comunicado el organismo.
Además de Santos, al foro en la Universidad Javeriana asistirán la canciller colombiana, María Ángela Holguín; la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa; el presidente de la CIDH, Jesús Orozco Henríquez; el vicepresidente de la Corte Interamericana, Manuel Ventura-Robles, y otros expertos de la región.
El siguiente es un repaso a las medidas tomadas por la Comisión sobre los países que promueven las reformas.
La CIDH ha emitido varios pronunciamientos, comunicados e informes realizados por su Relatoría sobre Libertad de Expresión, que llaman la atención al Estado venezolano sobre la situación de periodistas que han sido perseguidos y atacados por el Gobierno. Entre los casos más destacados están el de Globovisión y RCTV (Radio Caracas Televisión). El 27 de mayo de 2007, el gobierno venezolano decidió no renovarle a RCTV la concesión otorgada en años anteriores, bajo el argumento de que la cadena había servido como medio para incitar y promover el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002. Posteriormente, la compañía decidió reactivar su señal inscribiendo un nuevo operador: RCTV Internacional. No obstante, con base en la “Ley Resorte”, Conatel (Comisión Nacional de Televisiones) decidió cerrarla sosteniendo que no cumplía con los requisitos.
Globovisión fue amenazado en varias oportunidades por el presidente Chávez luego de que publicara noticias contrarias a los intereses del gobierno venezolano. Ante ello, algunos de sus principales miembros, como Guillermo Zuloaga, incluso tuvieron que exiliarse a Estados Unidos.
En sus informes y comunicados, la Relatoría sobre Libertad de Expresión ha llamado la atención sobre la postura adoptada por el gobierno venezolano en materia de libertad de expresión. Chávez manifestó su inconformidad con las denuncias hechas por la relatoría, así como con los pronunciamientos sobre casos de opositores políticos del Gobierno. Venezuela ya anunció su retiro de la CIDH, pero aún no se ha hecho efectivo.
El presidente, Rafael Correa, ha sido uno de los mandatarios más activos a la hora de promover las reformas a la CIDH. Las críticas en contra de la Comisión por parte del gobierno ecuatoriano comenzaron el 6 de febrero de 2011, cuando el diario El Universo, en un artículo de Emilio Palacio, publicó una columna titulada “No a las mentiras”, en la que acusaba al presidente de haber ordenado abrir fuego contra un hospital lleno de civiles y personas inocentes durante una revuelta policial en septiembre de 2010.
Correa demandó a título personal al periodista y a tres directores del periódico, acusándolos del delito de injuria. El proceso tuvo éxito y fue confirmado en segunda instancia por las autoridades ecuatorianas. Finalmente, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó al acusado a tres años de cárcel y al pago de US$30 millones. La Relatoría sobre Libertad de Expresión expidió un informe en el cual decía que las demandas por injuria presentadas por Correa resultaban contrarias al marco general del sistema interamericano en temas de libertad de expresión. Desde entonces Correa ha arremetido contra la relatoría y las organizaciones sociales que la apoyaban. En su discurso en la 42ª Asamblea General de la OEA, dijo que instituciones como ese organismo regional y la CIDH debían “revolucionarse o desaparecer”.
Aunque la posición de Colombia no ha sido muy concreta sobre los puntos de la reforma, existen algunos aspectos que evidentemente defenderá. Uno de ellos es la reforma al capítulo cuarto, es decir, el relativo al informe emitido por la CIDH, en el cual evalúa a algunos países que generan mayor preocupación en materia de derechos humanos y hace algunas recomendaciones. Este sistema resulta en un desprestigio para la imagen del país, pues de antemano tacha a Colombia como un país con problemas en ese terreno. Las propuestas de reforma sugieren crear o modificar el informe de tal suerte que ya no se haga de forma particular sino, como se hace en el marco de la ONU, universal.
Colombia también defiende una limitación de las medidas urgentes de protección (medidas cautelares). Propone que solamente se puedan ordenar para riesgos al derecho a la vida (en sentido estricto, como amenazas de violencia) y no en un sentido más amplio, como el que motivó la protección de la comunidad indígena frente a la construcción de la violencia. Además busca que las medidas se ordenen respecto de individuos y se prohíba su decreto para cobijar a poblaciones o grupos humanos, como en el caso de los pueblos indígenas kankuamo o embera, o de la comunidad de paz de Apartadó.
El 12 de junio de 2012, la CIDH decretó medidas cautelares a favor de los pueblos amazónicos de la cuenca del río Xingú, cuya supervivencia se ve en peligro por la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en tierras donde los pueblos indígenas habitan en aislamiento voluntario. La construcción de la represa podría generar efectos perversos para la supervivencia de estos pueblos. Por ello, la CIDH ordenó que se realizara (i) una consulta libre, previa e informada, (ii) se garantizara el acceso de las comunidades a estudios de impacto ambiental en idioma indígena, y, finalmente, (iii) se protegiera la vida de las comunidades. En tanto no se cumplieran estos puntos, no podía llevarse a cabo la obra.
La decisión fue catalogada por Brasil como “precipitada e injustificable”. Adicionalmente, llamó a consultas a su jefe de misión permanente en la OEA (Ruy Casaes) y retiró la candidatura de Paulo Tarso Vanucchi a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Brasil buscaría reformar este punto porque dice que no están expresamente establecidas en el estatuto y sugiere incluirlas, aunque limitando su alcance.
La presidenta, Cristina Fernández, ha tenido varios enfrentamientos con algunos medios de comunicación, entre ellos el periódico Clarín. Su gobierno quiere declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios, así como la reducción de la pauta oficial en dichos medios. La CIDH se ha pronunciado frente a estas restricciones.
http://www.elespectador.com/impreso/internacional/articulo-369206-decisiones-incomodas-de-cidh
