La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se juega su futuro este viernes en una reunión de cancilleres de la OEA que, de salir mal, podría debilitar a un órgano que lleva más de 50 años defendiendo a los ciudadanos de las Américas y herir de muerte a su Relatoría para la Libertad de Expresión.
La reunión es el fin de un proceso de casi dos años en el que los Estados miembros presentaron recomendaciones para fortalecer a un órgano que hace parte de la OEA pero se supone que sea autónomo.
Desde un comienzo, sin embargo, quedó claro que detrás del llamado “fortalecimiento” había esfuerzos por poner en cintura a la CIDH, cuyo rol de supervisión ha sido incómodo para los gobiernos.
Esos esfuerzos, encabezados por Venezuela y Ecuador, se iniciaron desde mediados de la década pasada, cuando el rol de la Comisión se convirtió en un dolor de cabeza para gobiernos como el de Hugo Chávez y Rafael Correa que la consideraban un obstáculo en el camino de la Revolución.
Sus objeciones, sin embargo, tuvieron poco eco hasta marzo del 2011 cuando Brasil se sumó al coro. La Comisión, en una decisión que muchos consideran hoy equivocada, dictó medidas cautelares para frenar la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú, mientras se consultaba con las comunidades indígenas que podrían ser afectadas.
Brasil, en represalia, retiró a sus representantes en la OEA, frenó los pagos a la institución, y comenzó a empujar el proceso de reforma de la CIDH. Con Brasil liderando, se sumaron otros países como Colombia y Perú que también se sentían afectados.
Colombia, en particular, protestaba por su inclusión anual en el llamado Capítulo Cuarto del informe anual de la Comisión, donde se señala a países que preocupan por la situación de Derechos Humanos. (Lea cuál es la posición de Colombia)
De allí que en el texto original de recomendaciones, que presentaron los Estados en diciembre del 2011, había varias cláusulas que llamaban a limitar el alcance de las medidas cautelares y pedían eliminar el llamado Capítulo Cuarto, entre muchas otras cosas.
Así mismo había otras disposiciones que ponían en camisa de fuerza a la Relatoría para la Libertad de Expresión, en cabeza de la colombiana Catalina Botero, y que había sufrido varios encontronazos con el presidente Correa por la demanda de injuria que interpuso contra el diario ‘El Universo’ de Quito y otras medidas que atentaban contra la libertad de expresión. Una, en particular, cuyo efecto era limitar su capacidad de financiación.
A partir de ese momento, la Comisión inició un exhaustivo proceso de reflexión y consulta con los Estados, ONG y miembros de la sociedad civil con la idea de incorporar algunas de las preocupaciones de los Estados -varias de ellas legítimas- pero sin debilitar al sistema.
El resultado fue un documento de Reforma al Reglamento de la CIDH, que fue aprobado el martes e hizo que los ánimos bajaran. En el caso de Colombia, por ejemplo, aunque en el nuevo reglamento no desaparece el Capítulo Cuarto, si ofrece un camino claro para que un país pueda salir de él.
En cuanto a las medidas cautelares, se elevaron los estándares para otorgarlas, pero no se eliminaron, como querían los países del Grupo Alba. Por eso el trabajo de este viernes para los cancilleres, en teoría, era dar su visto bueno y procurar que la reforma sea implementada.
Pero Ecuador, insatisfecho por el resultado que dejó por fuera sus principales pretensiones, lanzó una campaña diplomática que se materializó hace 15 días durante una conferencia de la Convención Interamericana en Guayaquil. Los 19 asistentes, entre ellos Colombia, firmaron una declaración que le cambió la dinámica al proceso.
Allí se prevé, por ejemplo, que los estados asuman el financiamiento de la CIDH a través del presupuesto regular de la OEA y con contribuciones voluntarias de terceros, siempre y cuando no estén condicionadas o dirigidas a programas específicos. Eso sería grave para la CIDH y mortal para la Relatoría para la Libertad de Expresión pues casi la totalidad de la cooperación internacional se asigna para la ejecución de programas o proyectos específicos.
Bajo esta fórmula se recortaría el 30 por ciento de los recursos de la CIDH, el 70 por ciento de los recursos de las relatorías temáticas, y el 100 por ciento de los recursos de la Relatoría de Libertad de Expresión, que no recibe aportes del fondo regular de la OEA.
La polémica ha crecido, pues los países que no fueron invitados a Guayaquil no aceptan el texto de los 19. Está dando vuelta una nueva Declaración, empujada por México. Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, todos los países salvo los ALBA (Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela), están de acuerdo en que este sea el texto definitivo.
“El riesgo es que los países cedan a las presiones de última hora de los países ALBA que quieren limitar la capacidad de financiación de la CIDH. Eso sería muy grave”, sostiene José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.
Así lo expresó también el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, quien manifestó: «»Si se impide que la Comisión reciba estos apoyos, nos preocupa que se propicie el estrangulamiento financiero de la Comisión y se le impida cumplir con su misión encomendada».
Ya hay varios países están amenazando con retirarse de la OEA si no les dan algo y se especula que el propio Correa podría hacerse presente en la reunión para presionar. Así de altas están las apuestas para una cita cuyo desenlace aún es incierto.
La cronología de la reforma
2004 a 2010: unos pocos países -entre ellos Perú, Ecuador y Venezuela- empujan reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) pero sin lograr mayor eco.
Marzo de 2011: la CIDH dicta medidas cautelares contra Brasil por caso de hidroeléctrica. El país se enfurece y empuja proceso de reforma, al que se suman otros como Colombia.
Junio de 2011: en Asamblea General de San Salvador, varios países nombran un grupo de trabajo para que desarrolle una serie de recomendaciones para fortalecer al SIDH.
Diciembre de 2011: grupo de Trabajo aprueba recomendaciones. Se incluyen varias que generan preocupación pues atentan contra la autonomía de la CIDH.
2012
Enero de 2012: estados aprueban recomendaciones del grupo de trabajo pero algunos dejan constancia de que se oponen a cualquier medida que debilite el sistema.
Mayo de 2012: la CIDH, que es un órgano independiente, acoge las recomendaciones e inicia un proceso de consulta para auto reformarse.
Junio de 2012: en Asamblea General de Cochabamba, Estados transforman las recomendaciones en órdenes y piden que se redacte una resolución para implementarlas. Citan a Asamblea Extraordinaria en los primeros 3 meses de 2013 para aprobar la resolución.
2013
Bajan los ánimos ante el serio proceso de reforma interna que adelanta la CIDH. Pierde terreno la idea de redactarle a la CIDH su reglamento, como instruyó la Asamblea de Cochabamba.
1 marzo de 2013: Ecuador inicia feroz ofensiva diplomática y convoca a reunión de países firmantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que deja por fuera a EE.UU. Canadá y naciones caribeñas.
11 de marzo: aprueban en Guayaquil declaración que limita la financiación de la CIDH y sus relatorías y piden cambiar la sede del organismo. Ecuador sostiene que esa debe ser la Declaración final sobre el SIDH pues fue aprobada por 19 países, que son mayoría en la OEA.
15 al 18 de marzo: países no invitados a Guayaquil protestan. Otros consideran que la Declaración no es vinculante. Nombran grupo de trabajo para que redacte nueva declaración.
19 de marzo: CIDH aprueba su reforma interna. Grupo de Trabajo presenta declaración que elimina las cláusulas más polémicas de Guayaquil. No hay consenso.
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