La salida de Colombia del listado crítico, en el que había entrado desde el año 2000 dado el prolongado conflicto armado y la violaciones derivadas de éste, se concretó después de que el gobierno de Bogotá aceptara la visita de un grupo de delegados de la Comisión que a finales del año anterior evaluaron la realidad actual del país y la contrastaron con sus registros anteriores.
El avance de Colombia contrastó con el retroceso o el mantenimiento de otros países de la región en la materia: Cuba, Honduras y Venezuela. En el primer caso, el informe que dio a conocer Orozco Henríquez evidenció “una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos” y señaló fallas muy graves en las restricciones de libertades políticas, de expresión y asociación.
En el caso de Honduras, hoy por hoy ubicada en la región más violenta del mundo según la ONU, la crisis parte de “asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación”.
Por otra parte, Venezuela, un país que entró a la lista en 2002, fue señalado nuevamente de ostentar una frágil separación de los poderes públicos y por los numerosos casos reportados de “agresiones contra medios y periodistas en Venezuela, así como por la falta de investigaciones y sanciones a los responsables”.
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