Pese a que padece de sida, Gina Hoyos tuvo que ofrecer servicios sexuales para mantenerse a sí misma, y a su madre de más de 60 años. La Corte Constitucional amparó sus derechos.
Para nadie es un secreto que la situación de extrema necesidad que viven víctimas de la violencia ha llevado a que muchas de ellas tomen medidas extremas para tratar de solventar las necesidades más elementales. Es triste ver cómo quienes sufren el desplazamiento terminan viviendo de la caridad pública o hasta ofreciendo servicios sexuales para ganarle la batalla a la supervivencia.
A propósito del tema, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una transgenerista enferma de sida. Ella clamaba por recibir prioritariamente la reparación administrativa a la que tienen derecho las víctimas de los grupos armados ilegales en el conflicto armado.
Por medio de tutela proyectada por Jorge Pretelt, la Corte ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) dar prioridad a la solicitud de reparación en favor de ella. La mujer transexual se había visto obligada a prostituirse para solventar sus gastos y los de su madre de 66 años, que padece problemas coronarios, artrosis y otras afecciones.
El sida C3 por tbc pulmonar que padece Gina Hoyos Vallejo y las afecciones que aquejan a su mamá, por cuenta de su longeva edad, ya hacían que la familia fuera lo suficientemente vulnerable. Sin embargo, la situación empeoró en el 2013 cuando tuvieron que salir desterradas del municipio de Circasia (Quindío). Esta fue la única forma que encontraron para huir a las amenazas y a la intención de supuestos integrantes de las bacrimes de acabar con su vida.
La lucha por la sobrevivencia cada vez fue más dura para ambas. Por eso prefirió prostituirse antes que dejarse vencer. Ante semejante situación de indignidad, la víctima acudió a la UARIV en procura de obtener la ayuda humanitaria de emergencia y la reparación administrativa a la que tienen derecho quienes son víctimas de los actores armados que tienen parte en el conflicto. Aunque recibió las ayudas previstas para saciar las necesidades más urgentes, la Unidad no pudo gestionar en su favor la entrega de los 17 salarios mínimos correspondientes a la reparación administrativa.
Frustrada por lo que creía era una inaceptable falta de compromiso de ese organismo para con los sectores más vulnerables del universo de víctimas, interpuso una acción de tutela contra la UARIV. El caso fue escogido para revisión por parte de la Corte Constitucional.
La corporación le dio la razón. Concluyó que el solo hecho de que Gina padezca de sida es suficiente para que sea tenida en cuenta como una prioridad frente a los deberes de las autoridades de reparar a las víctimas, mucho más si se tiene en cuenta que es ella la única que vela por los gastos de su madre de avanzada edad y con múltiples problemas de salud.
Por eso, ordenó a la UARIV incluir a las víctimas en el grupo de casos prioritarios, que debería ser incluido en el presupuesto de las reparaciones administrativas del 2016.
Semana.com se comunicó con esta mujer trans para conocer su opinión. Dijo que aunque no ha sido notificada del fallo, lo recibe con beneplácito, pues son numerosas las dificultades que tiene para sostener el hogar que tiene con su mamá.
Afirmó que los cerca de $350.000 que recibe como parte de la ayuda humanitaria no son suficientes, de ahí que deba ejercer la prostitución durante dos o tres días por semana, a pesar de la enfermedad que padece. Asegura que no ha sido fácil sobreponerse al intento de asesinato del que fue víctima y mucho menos en el clima de exclusión y estigmatización del que sigue siendo blanco la comunidad LGBTI.
