La complicada situación sanitaria que se vive en las cárceles y penitenciarias del país no es un tema nuevo. Desde el pasado junio al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se le había solicitado decretar la emergencia penitenciaria y carcelaria a raízde las complicaciones que en la materia se veían por parte de las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Una primera misiva, y conocida por Semana.com, data del 22 de junio. En ella se le pide al entonces ministro que se decrete la medida tras las conclusiones de un informe elaborado por la subdirección de atención en salud del INPEC. El documento evaluaba la prestación del servicio que Caprecom ofrecía en los diferentes sitios dereclusión.
Uno de los resultados daba cuenta de que la entidad estatal “en cuanto a la contratación de recurso humano no cumple en un 29 porciento, hay ausencia de medicamentos en un 33 por ciento y de insumos en un 50 por ciento”.
Segúnel informe, las inconformidades con el servicio de salud desencadenaban una serie de problemas de orden interno al interior de las cárceles. En su momento, se habló de desórdenes en Tumaco, Girón, Yopal, Jamundí y Cómbita. Centros en los cuales los internos se negaban a ser contados declarándose en desobediencia hasta tanto se mejorara la prestación del servicio de salud.
De igual forma, también se advirtió sobre la situación que viven los reclusos que gozan del beneficio de la detención domiciliaria –extramural – de los cuales se señaló que están recibiendo el servicio de forma parcial. En total, revela el informe, serían unas 21 cárceles que tendrían este inconveniente.
Pero no solo el INPEC había prevenido sobre la situación. Semana.com conoció que el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, envió una comunicación en la que informa las falencias de Caprecom en el cumplimiento de la normatividad relativa a las enfermedades de interés en salud pública, haciendo énfasis en los casos de tuberculosis.
El organismo internacional indicó que “el incumplimiento de la EPS-S en lo relativo a sus obligaciones frente a ese tipo de patologías que representanalto riesgo para la vida de los pacientes”.
Tras esa carta. y dos más fechadas en junio 26 y junio 27, el hoy exministro Juan Carlos Esguerra dio el visto bueno para decretar la medida. Sin embargo, en una reunión posterior se pidió retrasar el decreto bajo la promesa de modificar el decreto 2777 del 2010, el cual da lineamientos para la cobertura en salud de la población carcelaria.
No obstante, dos meses después tal cambio no se ha dado. Según el director encargado de Caprecom, Carlos Mario Ramírez, una de las razones se debe a los cambios ministeriales que se han dado en las carteras de Justicia y Salud. “Yo espero reunirme mañana (martes) con el nuevo ministro (Alejandro Gaviria) para tratar el tema y tener contacto con la ministra de Justicia para que se trámite rápido el cambio del decreto”, dijo el funcionario.
Con respecto a la decisión de decretar la medida, Ramírez indicó que es una disposición que debe quedar bajo el criterio del INPEC como del Ministerio de Justicia.
