La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, no lleva más de tres meses en esa cartera. Sabe del momento histórico en que se encuentra, los diálogos con las Farc que empezarán la próxima semana en Oslo (Noruega), y que desde su Ministerio tendrá que apoyar el proceso, mientras a la par sortea temas que no dejan de levantar polvareda en el país. En entrevista con este diario la alta funcionaria admite las dificultades que tendría el definir la despenalización del aborto con un referendo, siente que hay buen ambiente en el Congreso para tramitar el Estatuto Antidrogas y dice que con El Canoso quedó claro que no habrá extradición para los desmovilizados que aporten a la verdad y reparación de las víctimas.
¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto?
Creo que ese tema no se debe debatir frente a los micrófonos. Tenemos unas instancias institucionales en las cuales se dará el debate y una base de la Corte Constitucional que ha hecho un trabajo realmente importante al respecto.
El procurador Ordóñez insiste en que el aborto se debe definir vía referendo. ¿Es ese el camino adecuado?
El referendo está contemplado en la Constitución como una forma de adoptar un marco jurídico, pero en el Congreso hay una democracia representativa, hay más participación y sus miembros están totalmente legitimados para tomar una decisión de esas. No obstante, no tengo inclinación a que sea de una u otra manera.
Pero, sobre todo en cuanto a derechos de las minorías, la democracia puede llegar a ser tirana.
Es que no es fácil que las preguntas se formulen correctamente para que la respuesta corresponda. A veces estos mecanismos resultan difíciles porque las personas a las que se les pregunta no tienen la formación para entender qué se les está preguntando, a veces porque han sido dirigidas hacia una respuesta.
¿Qué papel le corresponde al Ministerio de Justicia en relación con los diálogos con las Farc?
Ese papel tiene que ver con las normas a través de las cuales se llenará de contenido la reforma constitucional aprobada en julio de este año, conocida comúnmente como el Marco Jurídico para la Paz, elaborando proyectos para las leyes estatutarias y ordinarias a las que se refiere el marco. Y no es sólo el Ministerio, habrá varias entidades involucradas en la confección de esas normas.
Qué es lo más difícil, el tema de los delitos de lesa humanidad?
De eso los ministros no vamos a hablar, esos temas dependen de los contenidos de las negociaciones y por eso sólo va a hablar el presidente de la República.
¿Justicia y Paz resultó siendo un fracaso, o cuál es el diagnóstico que usted le hace a un proceso con tan pocas condenas?
Yo no creo que sea un fracaso. Es posible que haya pocas condenas, pero no es menos cierto que se les ha hecho justicia a miles de víctimas. Cada sentencia en contra de un desmovilizado afecta a muchas víctimas, que están viendo cómo se hizo efectivo su derecho a la justicia. Por eso no creo que sea un fracaso.
¿Está el país preparado para las verdades de la guerrilla?
Yo creo que sí. El país esperanzadamente anhela que se conozca la verdad, que se logre la paz, espera justicia y que Colombia pueda ver el fin de un conflicto que nos ha afectado durante tantos años.
¿El país está en capacidad de ver a un ‘Iván Márquez’ en el Congreso?
No me voy a referir a puntos específicos del proceso de paz. Ese asunto sólo está en manos del presidente de la República.
¿Cuál es la apuesta del Gobierno con el nuevo estatuto de drogas?
El reconocimiento de que Colombia no es sólo un país productor, sino también consumidor, debe llevar a adoptar soluciones de carácter legislativo para lograr la rehabilitación de todas las personas que están involucradas con el consumo. Este nuevo estatuto de drogas no hace sino seguir los parámetros de la Corte Constitucional y también determina responsabilidades para diferentes instituciones del Estado.
¿Hay buen ambiente en el Congreso para que ese proyecto salga adelante?
Yo creo que sí. Este es un proyecto en el que el Gobierno Nacional tiene un especial empeño en que la próxima legislatura sea aprobado, y me parece que la realidad del problema y la vigencia del mismo dan lugar para que en el Congreso de la República tenga un buen ambiente.
¿Por qué surgió la inquietud del Gobierno sobre Colombia como un ‘narcodestino’?
Eso tiene que ver con el tema de la publicidad y se trata de desdibujar la mala imagen que se tiene de Colombia y que de pronto algunas agencias de turismo pueden presentar en esas condiciones. Tenemos que rescatar una buena imagen del país y no como un país donde se puede consumir drogas sin ningún control.
Hay quienes tienen la sensación de que se está maquillando una realidad.
No, al contrario. Yo lo que creo es que estamos enfrentando lo que pasa. Y frente a esa consciencia se van a establecer unas sanciones para impedir que ello siga pasando, porque legislativamente se va a enfrentar la existencia del problema y se van a establecer unas medidas que pueden conducir a frenar la situación que se está presentando.
¿Se ha considerado sancionar con más dureza a los extranjeros que sólo vienen a consumir?
Recordemos que la dosis personal se aplica para nacionales o extranjeros, luego cualquier persona que infrinja la norma quedará incursa en el tipo penal cuando dé lugar a ello. Esas medidas pueden ser suficientes para efectos de ese control.
En los asuntos de género, ¿a qué le está apuntado el Ministerio?
A acceso a la justicia, fundamentalmente. A pesar de que existen muchas normas que garantizan la igualdad en razón del género, al momento de acceder a la justicia hay muchas barreras, no hay una articulación entre las autoridades judiciales y las administrativas, que son las que finalmente permiten el acceso a la justicia. Estamos trabajando porque esa articulación se logre a través de las Casas de Justicia.
¿Vale la pena tipificar el feminicidio?
El Ministerio de Justicia apoya el proyecto que cursa en el Congreso en relación con este punto, pero nos gustaría que se replanteara el calificativo de lesa humanidad que incluye la iniciativa.
Ustedes están lidiando también con la problemática de hacinamiento. ¿Cómo pensar en menos presos en un país donde se cometen tantos crímenes?
Es que no todo debe ser acción penal, hay medidas restaurativas que son muchos más útiles: por ejemplo, pagar el daño causado puede ser mucho más importante que una prisión intramural. En la cárcel El Buen Pastor hay personas recluidas porque se han robado un champú. Valdría la pena reflexionar si una actuación como esa debe ser un delito y, si es un delito, si debe ser sancionado con prisión. Es un campo en el que hay mucho que trabajar para tener una política criminal distinta en el Estado colombiano.
¿Dónde cree usted que termina la libertad de expresión y empieza la discriminación?
En las opiniones discriminatorias. En el lenguaje discriminatorio. La discriminación no debería existir, lo que pasa es que tenemos que realizar acciones afirmativas para lograr que no exista. Si no hubiéramos visibilizado este tema o no lo hubiéramos tratado con normas legales, hoy estaríamos mucho más atrasados. Cuando uno habla de Ley de Cuotas, lo primero que piensa es que es una ley discriminatoria, pero lo cierto es que si no existiera, las mujeres no ocuparíamos ni el 30% de los cargos.
¿Cuál fue el mensaje que quiso enviar el Gobierno al no extraditar a ‘El Canoso’?
Que el Gobierno cumple, que el Gobierno hizo unos ofrecimientos para que se produjera una desmovilización y que quienes han cumplido los presupuestos de verdad y reparación van a tener derecho a esa pena alternativa que se ofreció en la Ley 975. No se extraditó porque se tiene información de la Fiscalía de que él viene colaborando con las autoridades en develar su verdad.
Pero otra cosa dijo la Corte Suprema de Justicia.
En ese procedimiento de extradición hay instancias independientes. Con la documentación y los elementos que tenía, la Corte hizo esas consideraciones, pero con lo que nosotros tenemos y lo que notificó la Fiscalía fue suficiente para entender que esa extradición no debía ser concedida.
¿Ya se sabe cuál va ser el futuro inmediato del ‘Loco’ Barrera?
Estamos pendientes de la respuesta de Venezuela sobre su deportación. Desconozco que Estados Unidos haya pedido directamente la extradición a Venezuela. En relación con la extradición hacia EE.UU., ese tema todavía no se ha considerado, porque no tenemos a la persona en Colombia. Tan pronto esté en el país, estudiaremos su situación.
http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/articulo-377985-no-todo-tiene-ser-carcel
