Faltan soluciones audaces, que rompan el círculo vicioso de las prisiones, que se llenan al aumentar el crimen, lo que obliga a expedir leyes para descongestionarlas.
«Si alguien quiere conocer el infierno, aquí está.» Las palabras de un interno de la cárcel Modelo de Bogotá en el artículo con el que ayer este diario denunció, una vez más, el crítico cuadro de hacinamiento de tal penal y otros son tan recurrentes como reveladoras de la situación degradante en la que se encuentra la mayoría de los 130.000 internos del país.
Y es que las cárceles ocupan con mucha frecuencia las primeras planas y rara vez por razones positivas. Al contrario, cuando no es por cuenta de los escándalos de corrupción, es por los problemas derivados de la sobrepoblación, como ocurre ahora. Situación a la que se suma el retiro de Caprecom como prestador del servicio de salud en los centros de reclusión, crisis que obligó a la Defensoría del Pueblo a pedir que fuera declarada una emergencia sanitaria.
Estamos ante un panorama muy similar al que en 1998 llevó a la Corte Constitucional, mediante una sentencia de tutela, a declarar un «estado de cosas inconstitucional» en el sistema penitenciario y ordenar un revolcón para ponerle coto a la sistemática violación de los derechos fundamentales de los reos. Luego vinieron dos documentos Conpes que dieron vía libre a la construcción de 11 nuevos complejos penales para proveer los casi 30.000 cupos que faltaban para acabar con el hacinamiento, entonces del 30 por ciento.
Pero poco sirvieron estos esfuerzos, que, mal que bien, permitieron aumentar la capacidad del sistema en 66 por ciento entre 1998 y el 2008. Y decimos «mal que bien», pues es la hora en que algunas de las nuevas prisiones no funcionan, mientras que en otras abundan los problemas de diseño y construcción. Entre tanto, el número de internos creció a un ritmo muy superior al de la oferta de cupos carcelarios, en un acelerado aumento, que los expertos atribuyen a la ley de seguridad ciudadana del 2007 y al estatuto del mismo nombre, expedido el año pasado, que aumentaron los delitos con pena privativa de la libertad.
Estamos ante un diagnóstico crítico, que invita a proponer soluciones audaces, que rompan el eterno círculo vicioso de las alzas de la criminalidad, a las que el Estado responde elevando las penas para así atiborrar las cárceles y luego expedir normas más laxas para descongestionarlas. Este es un callejón sin salida, que además obliga a destinar buena parte del presupuesto al levantamiento de nuevos penales y dejar muy poco para lo que debería ser prioritario: la educación, las oportunidades laborales y el acceso a la cultura, tres pilares de la resocialización.
Es un reto tan complejo como sensible, pues la sociedad exige con razón castigo para quienes roban celulares o trafican partes de carros robados, por poner dos ejemplos.
No obstante, la radiografía insta a plantear soluciones innovadoras. Como políticas de seguridad que trasciendan la acción penal, que se centren en la disuasión y la prevención, sin sacrificar, por supuesto, la efectiva aplicación de justicia. Hay que dar pie a un sistema que desvirtúe el lugar común de que un «carcelazo no se le niega a nadie». Y con tal fin debe contemplar la privación de la libertad solo de aquellos que de verdad representen un peligro para la sociedad, y darles más espacio a penas alternativas, como trabajos comunitarios, multas, cauciones y restricciones para la movilidad. La prisión no tiene que ser el eje de la sanción penal.
Pero, sobre todo, hay que prestarle atención a por qué se incumple la ley. Poner la mirada en la cultura, en el sistema de valores, que inhibe muchas veces la sanción social para quien rompe una norma. Esta es una mejor inversión que la que obliga a gastar miles de millones de pesos en prisiones que parecen inexorablemente condenadas a ser sucursales del averno.
