Que Alejandra Azcárate escriba una columna burda, burlándose de las mujeres gordas y reproduciendo el antipático esquema de que sólo las flacas tienen oportunidades, es algo que da para hablar, por supuesto. Pero por lo ligero, porque las palabras no fueron usadas de forma inteligente, no lograron ser chistosas como pretendían. Y porque es la vuelta sobre el mismo ruedo despreciable de la apariencia física. Pero nada más. De ahí a conocer esta semana que ha sido amenazada y satanizada en sus demás actividades es algo absurdo. ¿Una columna que se mofa de las gordas le puede costar su carrera o un ataque con ácido? ¡Por favor!
Pero no es sólo en temas ligeros como éste. La indignación es uniforme, traspasa todo nivel de gradación lógica. Parecemos entrenados para hacerlo.
Hace unos días en Miranda, Cauca, Piedad Córdoba salió a decir que las comunidades indígenas deberían resistir la presencia militar en sus territorios, expulsarlos, y llamaba a apoyar la revocatoria del Congreso e incluso “tumbar” al presidente Juan Manuel Santos. Esto quedó registrado en un video que ha perturbado el ambiente. El ministro de Defensa salió a pedir que fuera judicializada. El procurador Alejandro Ordóñez, impotente, pues ya no puede castigarla más, precisó los cargos por los que debería ser acusada: asonada, instigación a la violencia y concierto para delinquir. Las barras aplauden, incitan y el fiscal Montealegre, como si no tuviera nada mejor que hacer, ya tiene en su poder el video a ver si encuentra delitos para imputarle. Y todo por repetir lo que múltiples voces han dicho por estos días.
Que no se compartan las posiciones y actitudes de la exsenadora Córdoba es otra historia. Que ha ido muy lejos en su percepción y trato con la guerrilla, también. Pero que de una opinión, por repugnante que resulte, se quieran tipificar varios delitos e incluso traición a la patria, es todo un despropósito. Peligroso por lo demás, pues se estaría instaurando en el país el delito de opinión, por fortuna proscrito de nuestra legalidad desde años pretéritos.
Este tipo nuevo de indignación despierta un odio inmediato e injustificado. Además de indiscriminado. El llamado Puro Centro Democrático, movimiento del expresidente Álvaro Uribe, ha despertado por igual reacciones absurdas. De ceguera mental, en su mayoría, porque si algo caracteriza a un Estado social de derecho como el nuestro es la aceptación de distintos movimientos dentro del espectro político. Incluidos, por supuesto, los más radicales. Que un partido de derecha como éste moleste es una cosa; que indigne que se utilice el dolor de la violencia con fines políticos, también; que de un expresidente se espere una contribución a la unidad y no a la división, perfecto. Pero pasar de ahí a pretender que no exista ese movimiento o que sus posiciones puedan considerarse un ataque institucional que merezca freno legal, es una locura.
Las redes sociales y la consecuente tendencia a pensar en masa, tan peligrosa siempre, han generado esta bomba de tiempo. Es hora de usar esos poderosos recursos de información para llegar a un cuestionamiento mucho más provechoso o, por lo menos, menos peligroso. Con gradaciones justas, sin llegar al extremo de lo brutal. Reflexionar con serenidad sobre esta actitud es urgente.
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