Desde lunes, me he reunido con el Presidente, el Canciller, el Ministro de Defensa, el Ministro de Interior y Justicia, el Ministro de Educación, al igual que con otros muchos directores de organismos del Estado delegados para promover los Derechos Humanos.
También me entrevisté con el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, las Cortes Suprema y Constitucional, la Comisión Nacional para la Reconciliación y Reparación y el Defensor del Pueblo.
Una gran variedad de representantes de la sociedad civil, incluidos organizaciones de derechos humanos y de mujeres, asociaciones de víctimas y sindicatos, me impresionaron con su preparación y su compromiso para promover y proteger los derechos humanos en el país.
El jueves y el viernes viajé a Arauca para conocer los desafíos de esta región y el trabajo de mi Oficina en la zona. Hablé con líderes de comunidades, campesinos, defensores de derechos humanos, sindicatos, miembros de la comunidad indígena, y autoridades civiles y militares.
Representantes del Gobierno me señalaron los avances en la promoción, fiscalización y el respeto para los derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas y en la desmovilización de los grupos paramilitares. También destacaron el incremento de la atención brindada al derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Me impresionó el aumento de gasto público en programas diseñados para la protección y apoyo a grupos vulnerables. Tales esfuerzos en un país que enfrenta un conflicto armado tan complejo y polifacético, han de ser reconocidos y alentados.
No obstante, sigo preocupada por el hecho de que, a pesar de los esfuerzos realizados por Colombia para la implementación de políticas públicas de derechos humanos, varios indicadores apuntan a persistentes y profundos desafíos en el campo de los derechos humanos.
Me sentí muy complacida de que mi llegada coincidiera con la liberación de un rehén el domingo 25 de octubre, el cual había estado retenido por más de 8 años en la selva por las FARC-EP. Posteriormente, me sentí profundamente conmovida al reunirme con los familiares de policías y militares retenidos en la selva durante muchos años. La madre de un oficial de la policía me contó como sigue valientemente haciendo campaña para lograr la liberación de su hijo, un policía retenido por las FARC por más de 10 años.
Quisiera reiterar la posición inequívoca de las Naciones Unidas de que todos los rehenes deben de ser liberados inmediata e incondicionalmente.
La sistemática, prolongada y extensa práctica de toma de rehenes, quienes son retenidos bajo las condiciones más inhumanas, podría considerarse un crimen de lesa humanidad. Debemos asegurar que las recientes liberaciones de rehenes de “alto nivel” no conlleven el olvido de la situación de las personas que siguen en cautiverio.
Tanto en Bogotá como en Arauca, escuché testimonios descorazonadores de muchos familiares que constataban que sus seres queridos habían sido arrestados y detenidos muchas veces durante periodos de hasta dos años o más en base a acusaciones no siempre bien fundamentadas.
Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar arrestos y detenciones arbitrarias, y para asegurar que las acusaciones están bien fundamentadas.
Valoro los esfuerzos hechos por varias instituciones para garantizar los derechos de las personas en condición de desplazamiento interno. A la vez, estoy preocupada por el gran número de nuevos y antiguos desplazados en muchas zonas del país producto del conflicto, actividades de la guerrilla y los cultivos ilícitos. El desplazamiento coloca a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Son necesarias más medidas de seguridad para prevenir el desplazamiento y para brindar una mejor protección a las personas ya desplazadas.
En relación a las ejecuciones extrajudiciales, si bien las medidas del Ministerio de Defensa son altamente recomendables, es inquietante que las cifras sigan siendo tan altas. He alentado al Ministerio de Defensa a que continúe trabajando para asegurar que sus a nivel central sean cumplidas a nivel operativo. La reciente destitución de oficiales de las Fuerzas Armadas, incluidos tres generales, debido a fallas al ejercer el control sobre los miembros de las Fuerzas Armadas bajo su mando facilitando así la “desaparición” y la posterior ejecución extrajudicial de varios individuos, constituye una esperanzadora indicación de que tales atrocidades no serán toleradas y que las Fuerzas Armadas están alejándose del número de muertos como criterio de éxito en sus operaciones de contra-insurgencia.
Apoyo el compromiso expresado por las más altas autoridades civiles y militares en el país de que el progreso en seguridad debería lograrse con la plena adhesión a la legalidad y el respeto para los derechos humanos.
Refiriéndome a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, después de tres años de su adopción, me parece que se debería agilizar.
Se necesitan esfuerzos adicionales para asegurar el acceso a la justicia para las víctimas. Insto al Gobierno a que continúe trabajando para evitar amnistías de facto para serios abusos, pasados y presentes, cometidos contra los derechos humanos, y para asegurar que el respeto por los derechos de las víctimas sigan siendo centrales en cualquier política de desmovilización.
Para hacer efectiva la reparación a las víctimas, sería necesario incluir un programa de restitución de tierras para aquellos que han perdido sus propiedades. Este programa debería dar iguales beneficios tanto a las víctimas de grupos ilegales como a las de los Agentes del Estado.
Una buena oportunidad para promover los derechos de todas las víctimas sería la nueva ley de reparación de las víctimas que en este momento se está debatiendo en el Congreso de la República.
La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación han actuado con increíble valentía en sus investigaciones y procesamientos jurídicos a los servidores públicos relacionados con las mafias y narcotraficantes dentro del marco de la llamada “para-política”.
Debemos todo apoyar sus esfuerzos en circunstancias tan difíciles y continuar defendiendo la independencia del poder judicial – algo de lo que Colombia está, con razón, orgullosa.
Es desafortunado el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, muchos de ellos formados de los remanentes de los antiguos grupos paramilitares. Estos grupos continúan victimizando y atacando a la población civil.
Estoy también muy preocupada por la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y servidores públicos que continúan siendo estigmatizados y muchas veces atacados o amenazados a raíz de su labor.
Debemos continuar trabajando para asegurar su protección y el reconocimiento público de su labor. Su trabajo debería ser apreciado como un componente esencial de toda democracia viva.
Recibí con gran tristeza la noticia del asesinato ayer del personero de Segovia. Condeno vehementemente este crimen atroz. Es imperativa la implementación de medidas de protección eficientes para servidores públicos encargados de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hago un llamado al Gobierno a investigar enérgicamente este crimen, encontrar y sancionar a los culpables. Expreso mi más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas.
Además, quisiera alentar al Gobierno y la sociedad civil para que unan esfuerzos a fin de que los desafíos del país puedan ser enfrentados de manera más eficiente.
Las mujeres siguen cargando sobre sus hombros el peso más grande del conflicto armado interno. Aunque los programas del Gobierno para promover la igualdad en educación y oportunidades son impresionantes, estoy profundamente conmovida por el hecho de que las mujeres continúan siendo las principales víctimas del desplazamiento interno, la violencia, y la discriminación.
Me gustaría mencionar la situación adversa de los pueblos indígenas, los cuales han expresado sus demandas en voz alta durante el transcurso de mi visita. Me siento alentada por el hecho de que el Gobierno esté comprometido en progresar en el diálogo con los indígenas en relación a sus demandas. La comunidad afrodescendiente me ha informado de la discriminación y racismo que sufre. Como ustedes saben, yo fue víctima del racismo institucional durante la época del apartheid (Sur África) y tomo esa problemática muy a pecho.
Insto al Gobierno a continuar en sus esfuerzos para promover los derechos de estos dos grupos en particular.
Todos mis interlocutores, incluyendo al Gobierno, han señalado los beneficios que mi Oficina ha brindado a la sociedad colombiana.
La comunidad internacional debe seguir asistiendo a Colombia en la promoción de los derechos humanos de este bellísimo país.
Gracias
