Esto en cifras. Sin embargo, sus consecuencias no sólo fueron devastadoras para las personas afectadas sino que, en buena parte, la sociedad entera quedó estremecida.
Para eso sirve el terrorismo: confundir, desestabilizar los regímenes políticos, generar en las personas una sensación de inseguridad extrema. Con este coctel preparado, las posiciones de la sociedad se radicalizan en discursos insanos, en reclamos hechos “en caliente” a los gobernantes de turno, exigiendo cosas a la carrera, sin pensar mucho en los contextos. Fernando Londoño es un hombre polémico y su posición en el espectro político cristaliza posiciones de derecha. Es por eso que el atentado contra un hombre de esas calidades puede servirles a los extremistas —de cualquier bando— para generar la desestabilización que tanto pretenden.
Por esos días el atentado frustrado contra Fernando Londoño se dio en medio de las negociaciones que se hacían en el Congreso para aprobar el Marco Legal para la Paz. Un objetivo tan loable pudo haber sido suspendido por obra y gracia del radicalismo y sus secuaces, enemigos absolutos de la paz en Colombia.
Por todo esto es que se vuelve urgente que las autoridades, como hasta ahora lo han venido haciendo, lleguen al fondo del asunto e indaguen las razones y los móviles que llevaron a ciertas personas a atentar contra la vida del exministro. Por ahora, la Fiscalía ha avanzado mucho. Las labores de inteligencia que realizaron fueron verdaderamente admirables: el rastreo de las llamadas realizadas ese día en la zona del atentado y el hallazgo posterior de 12 celulares dentro de 25.000 comunicaciones realizadas durante el recorrido de Londoño, entre otras.
Esos 12 celulares fueron comprados el mismo día en el mismo lugar y, aunque los números rastreados dejaron de operar, los aparatos no. Ya con esto en mano, la Fiscalía ha entregado un grupo de los posibles perpetradores del atentado, a quienes les fueron imputados los cargos de homicidio agravado con fines terroristas, terrorismo, concierto para delinquir y utilización de menores con fines delictivos. Que se avance, pues, en esta investigación.
Hay algo más, en el fondo. Todo parece indicar que esta banda es el producto de una alianza entre la guerrilla de las Farc y la criminalidad común. La teoría que predomina es que la guerrilla le pagó un dinero a una banda para que perpetrara el atentado. ¿Quiénes son? Se trata de una oficina de cobro que opera en Cali bajo el mando de una mujer conocida como Zuley. Esta banda criminal quiere hacerle competencia, ni más ni menos, que a la temible ‘Oficina de Envigado’. El virus de las bandas emergentes hay que pararlo pronto. Autoridades, no sólo policiales, sino también judiciales, deben blindarse ante esta realidad. El Estado debe hacer presencia, porque tampoco es gratuito el reclutamiento de menores. Uno de ellos, por ejemplo, fue el que materializó el atentado.
Ya es hora de pararles más bolas a las bandas emergentes. ¿Qué hacer con ellas? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Por qué han surgido de una forma tan apabullante? Llama la atención el tema por el contexto en que se da: en plenas conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla.
Hay que vigilar a esta criminalidad emergente y sus alianzas con los tradicionales grupos alzados en armas. No podemos permitir que las bandas criminales crezcan y se conviertan en un palo en la rueda de las negociaciones para acabar con el conflicto armado.
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