Desde esta semana, varias decenas de ‘rastrojos’, miembros de una de las bandas criminales más poderosas y temidas de todo el país, empezaron a recorrer el camino que ya habían tomado sus principales jefes: el del sometimiento a la justicia.
Mientras los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, los ‘Comba’, están ya negociando su pena en los Estados Unidos, la Fiscalía de Colombia tiene ahora el reto de sacar adelante la entrega de los mandos medios y las bases de ese grupo, protagonista de primera línea en el narcotráfico y en la violencia de los últimos cinco años en todo el territorio, si bien su accionar criminal viene desde mucho antes.
En los meses recientes, como oportunamente lo informó este diario, varios abogados llegaron a la Fiscalía con el anuncio de que el grupo original de los ‘Rastrojos’ -los que se iniciaron como guardia personal de Wílber Varela, ‘Jabón’, capo del cartel del norte del Valle asesinado por los ‘Comba’- quería explorar la posibilidad de entregarse a cambio de beneficios judiciales. Los primeros que se sometieron venían del cañón de Las Garrapatas, zona selvática entre el Valle y el Chocó, donde por años la banda defendió a sangre y fuego una de las principales rutas del narcotráfico, que mueve la coca traída desde el Caquetá hacia los esteros del Pacífico.
Tras la experiencia, a finales del año pasado, de la entrega del Erpac -la banda que alias ‘Cuchillo’ bautizó con el ostentoso nombre de Ejército Popular Revolucionario-, es de esperar que el Estado haya tomado todas las previsiones del caso. En esa oportunidad, el sometimiento simultáneo de 273 ilegales desbordó a la Fiscalía y fueron necesarios varios meses para poner a buen recaudo a quienes de entrada admitían su pertenencia al grupo ilegal.
Por supuesto, la entrega voluntaria de estas agrupaciones delictivas, que, según análisis de los organismos de seguridad, son responsables incluso de más actos de violencia que la misma guerrilla, es una buena noticia para el país. Es el resultado de la persecución sin tregua de las autoridades, las que, uno a uno, han cazado a todos los capos que aprovecharon el desmonte de los grupos paramilitares para quedarse con el negocio del narcotráfico en las antiguas zonas de influencia de las Auc.
Pero los retos que plantean tales éxitos son también grandes. El primero de ellos, para el Estado como un todo, evitar que -como sucedió con el Erpac en los Llanos- el espacio que dejen los que se entreguen sea ocupado por otro grupo criminal. Desde hace meses, cuando empezó el rumor de la decisión de los ‘Comba’ de someterse, también comenzaron a andar otros sobre un supuesto negocio con los ‘Urabeños’ para ceder zonas y rutas del narcotráfico.
Y para la Fiscalía, puntualmente, el desafío está en lograr justicia para miles de víctimas de la facción del capo Varela, que en el 2007, debido a un oscuro negocio con el extraditado jefe paramilitar ‘Macaco’, que hasta ahora no ha sido indagado, se expandió desde el Valle hacia Nariño y Putumayo -donde recicló a paramilitares del bloque Central Bolívar que nunca se desmovilizaron- y de allí a una docena de departamentos del país.
Además del narcotráfico, hay centenares de desapariciones, asesinatos, casos de violencia sexual y de despojo de tierras atribuibles a los ‘Rastrojos’. Que reciban condenas de apenas 9 o menos años por la sola pertenencia a la banda -el único delito que la mayoría está dispuesta a confesar para recibir beneficios- resulta inaceptable a la luz de lo que exigen y merecen las víctimas. La balanza de la justicia tiene una gran prueba.
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