Entre las muchas atrocidades que arrastra un conflicto armado, la violencia sexual es una de las más recurrentes. Y aunque cualquier persona puede padecerla, han sido las mujeres quienes históricamente más han sufrido atropellos de este tipo en las confrontaciones bélicas, a tal punto que con frecuencia se habla del cuerpo femenino como una lamentable prolongación del campo de batalla.
En Colombia, la realidad mencionada ha involucrado en más de una ocasión a manzanas podridas dentro de la Fuerza Pública, ante la cual no había hasta ahora un plan de acción integral que concretara la política de cero tolerancia frente a estos casos infames. Por no mencionar iguales atropellos de la guerrilla contra civiles y que también padecen, sistemáticamente, las combatientes que hacen parte de esa organización.
Por tal razón, es una excelente noticia que el país, siguiendo una senda abierta por Estados Unidos, ya tenga una hoja de ruta clara para garantizar que episodios nefastos como el del teniente Raúl Muñoz en Tame (Arauca) no se repitan.
Los esfuerzos realizados para que la Fuerza Pública avance en la obligatoria tarea de erradicar estas execrables prácticas en sus filas y, de paso, cuente con mejores herramientas para actuar en casos que no necesariamente involucren uniformados se han concretado en el ‘Protocolo para la Fuerza Pública en el manejo de la violencia sexual con énfasis en la violencia sexual con ocasión del conflicto armado’, que fue presentado ayer por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Como ya lo reveló este diario, se trata de una estrategia que no se queda solo en fijar procedimientos de respuesta a las situaciones descritas. Es cierto que la cartilla que le será entregada a cada integrante de la Fuerza Pública aporta información precisa sobre las normas vigentes que sancionan la violencia sexual y los procedimientos que deben seguirse en casos ocurridos dentro del mismo cuerpo armado o con civiles involucrados. Pero más importante que esto es su claro propósito de derrumbar mitos de hondo calado cultural, fruto de décadas de predominio de valores patriarcales en la sociedad, que descargan en la mujer la responsabilidad de las agresiones sexuales. En tal línea, pone también en la mira ciertas creencias que hacen que el delito termine cubierto por un manto de silencio y dificultan su denuncia.
La iniciativa es integral en la medida en que a los aspectos mencionados se suma el necesario propósito de incorporar a la formación de cada uno de los integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía información suficiente sobre los derechos que en este campo les asisten a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Aporta, asimismo, herramientas para que sea efectiva la protección diferencial de poblaciones que se puedan encontrar en especial grado de vulnerabilidad.
Se destaca que contemple también recomendaciones dirigidas a los comandantes para que tengan en cuenta los factores que aumentan el riesgo de que sus hombres cometan actos de violencia contra las mujeres, y deja claro que el principio de la obediencia debida de ninguna manera puede ser utilizado para encubrir delitos de tal orden.
Por último, provee instrucciones precisas sobre cómo actuar cuando se descubre una de las conductas citadas para no agravar el trauma de la víctima y hacer más efectiva la acción de la justicia.
El camino trazado es el correcto. Lograr su estricta aplicación es el siguiente paso. Ningún avance en materia de seguridad será sólido si las colombianas no pueden confiar en las instituciones que tienen la misión de protegerlas.
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