El debate que se está incubando alrededor de los probables acuerdos de La Habana sobre distribución y acceso a la tierra es un debate que los enemigos de un modelo rural más democrático y más dinámico habían logrado suspender y archivar en el olvido para que pareciera en desuso. Pero nunca se ha resuelto ni ha perdido importancia porque la mayor parte de la población ya no habita en el campo. Los campesinos siguen proveyendo la mayor proporción de los alimentos que se producen y necesitan un mayor acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y a los mercados para mejorar sus ingresos y su productividad.
Se sigue debatiendo, sin embargo, si se les debe arrendar o adjudicar tierra a los pequeños propietarios. Al respecto, escribe con toda razón un conocido profesor desde Inglaterra que muy poca referencia se hace en la actualidad a «las experiencias y debates anteriores, empezando en 1960, por ejemplo, de Currie versus Hirschman y Lleras», que tienen cierta actualidad.
Este mismo corresponsal también señala que uno de los tomos de la Comisión de Memoria «sobre las luchas de tierras y otros problemas de Montes de María documenta que la región desde 1960 ha sido escenario no tanto de ausencia del Estado, sino de repetidos esfuerzos estatales de propiciar economías campesinas, que todos fracasaron por lo económicamente insostenible de lo planeado y que para salir de vainas y deudas los campesinos volvieron a vender sus tierras, y la concentración reapareció». A esa concentración contribuyó más recientemente el desplazamiento forzado.
Los programas de desarrollo rural en la zona no fracasaron porque los campesinos no saben trabajar la tierra, sino porque probablemente no contaron con todo el apoyo económico e institucional que se requería para que tuvieran éxito. Hay una experiencia posterior en María la Baja, donde un industrial responsable ha logrado poner a producir uno de estos «fracasos», organizando a los pequeños propietarios y trabajando con ellos en asociación. Experiencias como esta o los datos sobre la mayor productividad de los pequeños productores campesinos que han salido, y a los que hice referencia en los dos artículos anteriores en este diario, contradicen y debilitan el argumento en contra de que se les adjudique tierra a los campesinos pobres.
Otra inquietud que expresa el profesor inglés es si «existe un ejército infinito de campesinos capaces de montar empresas viables, aptos para tener éxito con una UAF (unidades agrícolas familiares», y añade que no hay mucha información para poder responder esa pregunta. La información que existe no es abundante, pero permite llegar a unas conclusiones.
El experimento de Vallenpaz, en el norte del Cauca, indica que si los campesinos tienen suficiente tierra de muy buena calidad, capacitación, acceso a mercado, a crédito y a asistencia técnica pueden obtener en pocas hectáreas un ingreso adecuado para sostener una familia de cuatro personas y mandar a los hijos a la universidad pública. Algo similar se observa en las sabanas andinas cercanas a Bogotá y en los valles fértiles de Boyacá. Son experiencias positivas reproducibles.
En contraste con ellas, en el norte del Valle fue adjudicada por el Incoder una gran extensión de 1.000 hectáreas aptas para sembrar caña de azúcar, frutales, o cereales a 190 familias de reinsertados, desplazados y unos pocos campesinos experimentados. Los adjudicatarios no han tenido acceso a crédito, no contaron con asistencia técnica o con un acompañamiento adecuado del sector público o el sector privado.La mayoría ha arrendado la tierra directamente o a través de intermediarios a ingenios y productores de panela que hoy están siendo indebidamente presionados para retirarse. Es un ejemplo de lo que no se debe volver a hacer.
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